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“La suerte todavía no se ha jugado”. Quien así se expresa es Rafael Román, candidato del PSOE a la alcaldía de Cádiz. La bahía gaditana lleva años en declive, sus industrias son maduras y han ido debilitándose o desapareciendo, de ahí que la inminencia del cierre de Delphi haya desatado todas las alarmas. Los principales partidos coinciden: la suerte de las próximas elecciones aún no se ha jugado; todo depende del futuro de sus 1.600 empleados y de otros 800 trabajadores de la industria auxiliar que viven de esta empresa de automoción de matriz norteamericana.

Una especie de fatalidad se ha instalado en sus habitantes; es como si la provincia con más desempleo de España (14,8% de la población activa, frente al 3,85% de Huesca) hubiera asumido un destino subvencionado y sin remedio. No se detecta rebeldía, ni ganas de innovar o de transformar la propia realidad. El mosaico de partidos que gobiernan los catorce municipios de su bahía simboliza la confusión, la ausencia de un proyecto en común.

Puerto Real, sede de Delphi y donde vive el 40% de su plantilla, está dirigido por José Antonio Barroso (IU), que se ha puesto al frente de la manifestación. Cádiz, con el 16% de los empleados, es dominio indiscutible de Teófila Martínez (PP). En Jerez (20%) reina Pedro Pacheco, del PSA, y en Puerto de Santa María (20%), los Independientes Portuenses, cuyo alcalde, Hernán Díaz Cortés, ha sido inhabilitado. El resto de la plantilla está repartida por Chiclana (PSOE, con mayoría absoluta), San Fernando (Partido Andalucista), Rota (Roteños Unidos, coaligados con el PP) o Sanlúcar de Barrameda (PP, mayoría absoluta).

En esta colorida ensalada es donde se juega el futuro de una bahía de 700.000 habitantes, que posee una situación geográfica privilegiada y cuyo mayor terrateniente es el Ministerio de Defensa. Allí innova el turismo, pesa la fama del tráfico de drogas, y las pateras arrojan casi todos los días una carga de inmigrantes clandestinos de impacto incalculable.

Las encuestas auguran que las elecciones podrían provocar un cambio del gobierno –que no vuelco- únicamente en las localidades de Puerto Real, Puerto de Santa María y San Fernando. Pero los partidos no las tienen todas consigo: temen la suerte que arroje la gestión del cierre de Delphi. Sus trabajadores son muy combativos y evocan las luchas de la reconversión naval de la década de los ochenta; casi todos los días aíslan la ciudad de Cádiz, al cortar el Puente León José de Carranza, provocando el hartazgo de sus habitantes.

Delphi ha oscurecido la campaña electoral. Hay menos actos políticos que en otras ocasiones, porque los empleados se manifiestan allí donde acuden políticos, en especial si son del PSOE, que para eso gobierna en España y en Andalucía (25 años en el poder). Ayer mismo el presidente de la Junta, Manuel Chaves, canceló su anunciada visita a la Feria de Muestras de Chiclana de la Frontera: los de Delphi se le iban a echar encima. Respecto a José Luis Rodríguez Zapatero, ni está ni se les espera por Cádiz.

Jornada clave

El futuro de la empresa se decide hoy, con toda probabilidad. A las 10:30 de esta mañana está convocada una reunión que los socialistas juzgan la más importante desde que hace tres meses la compañía anunciara el cese de la fábrica. El encuentro es entre la Junta, la empresa y los trabajadores. Sobre la mesa, la exigencia del cumplimiento de un Plan Industrial ya firmado (entre 2005 y 2010 y que contempla un Expediente de Regulación de Empleo) y de unas explicaciones sobre el destino de los 70 millones de euros de financiación pública que Delphi ha recibido en sus 25 años de presencia en la bahía.

Menos mal que se sienta la empresa. Porque el pasado abril la actual propietaria, Platinum Equity, dio con la puerta en las narices a los dos consejeros de la Junta que se desplazaron a Los Ángeles para entrevistarse con sus directivos. Con una excusa desabrida –“motivos de agenda surgidos a última hora”- plantó al responsable andaluz de Empleo, Antonio Fernández, y al de Innovación Tecnológica, Francisco Vallejo.

Los del PP, al quite, sostienen sin rubor que si Zapatero tuviera buena relación con el presidente norteamericano, George W. Bush, no pasarían estas cosas. Aunque se trata de una empresa privada, en quiebra en Estados Unidos desde 2005. El diputado gaditano Jesús Machado, insiste: la factoría de Cádiz es la única de la multinacional que se ha quedado descolgada, y las alarmas se activaron en 2005, cuando los trabajadores alertaron del traslado de maquinaria hacia Polonia y la Universidad denunció que se habían cancelado las prácticas de sus estudiantes. “Se inyectó dinero público cuando ya se conocía su insolvencia”, denuncia.

Duelo entre Teófila y Román

¿Qué puede hacer un candidato socialista frente a una alcaldesa como Teófila Martínez, capaz de pasear a las seis de la mañana por la playa para saber si la están limpiando bien y de tocar el telefonillo de un vecino para saludarle y quedarse a comer? Rafael Román ha logrado que el Congreso apruebe por unanimidad unas alternativas a la crisis de Delphi. Entre ellas, el Parlamento reclama que se respete el Plan firmado, que se investigue el destino del dinero público y se elabore un Plan Industrial que transforme la bahía. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha soltado 188 millones para crear un parque tecnológico en Puerto Real, pero aún no se han hecho realidad la promesa de Chaves: ningún trabajador será abandonado a su suerte.

¿Qué puede hacer una alcaldesa con mayoría absoluta ante un candidato capaz de concitar la unanimidad del Parlamento? Pues aprobar en el pleno municipal unas ayudas a Delphi por 1,8 millones de euros, e invitar a las demás instituciones a que se sumen a su propuesta. "Era una iniciativa tan poco seria que ni PSOE, ni IU, ni hasta los sindicatos le han hecho caso", sentencia Román. La alcaldesa, que se esperaba la negativa, no disponía de ese dinero y hubiera tenido que endeudar el ayuntamiento hasta un 106% de su presupuesto.

Por discutir, en Cádiz hasta se discute el nombre del segundo puente que unirá la ciudad con Puerto Real. El PP quiere bautizarlo con el nombre de “Constitución de 1812”, mientras que el PSOE y el ministerio de Fomento ya lo llaman “Puente de la Pepa”. Ambos nombres refieren a lo mismo, la Carta Magna liberal firmada en Cádiz. Pero es tiempo de diversidad... y de elecciones.

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