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La fiscal de sala delegada contra la Violencia sobre la Mujer, Soledad Cazorla, considera que la retirada de denuncias por parte de las víctimas es el gran problema con el que se enfrentan los fiscales a la hora de afrontar un proceso, ya que se quedan "sin pruebas en muchas ocasiones".

"Mientras que una víctima que no es de violencia de género huye ante el agresor o delicuente, nuestra víctima baja la guardia, siempre tiene una esperanza de que a ella no le va a pasar nada y el agresor la conoce perfectamente", explica Cazorla, en una entrevista a Efe, en la que opina que hay "que comprender porqué retiran las denuncias, pero a los fiscales nos hacen mucho daño".

Partidaria de que los juristas conozcan este fenómeno, Cazorla explica que las víctimas se "echan atrás" porque "estamos hablando de que la persona que te ataca es una persona con la que estás o has estado unida por una relación afectiva y siempre estás mediatizado por esa relación", en la que puede haber hijos en común y una dependencia económica.

Más del 30 por ciento de la retirada de las acusaciones se produjeron porque las mujeres maltratadas no quisieron declarar en contra de sus maridos, tal y como permite la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Si el acusado no tiene por qué declarar contra sí mismo y el testigo principal -la mujer- no declara, nos quedamos sin pruebas", señaló Cazorla, quien opinó que ese artículo es "un obstáculo" porque "la persona que está sometida a un delito publico no tiene por qué ampararse en esa dispensa, no estaba hecha para ello". Al margen de estas situaciones, la delegada especial destaca el hecho de que hayan aumentado las denuncias.

"Eso ya es un logro, porque estamos hablando de un fenómeno que no salía de las cuatro paredes de la casa" y con las denuncias, explica Cazorla, "ponemos nombre y apellido a las víctimas para poder atajar el problema". En este sentido, apuesta por "insistir en el camino de la denuncia porque conlleva un rechazo total del maltratador".

Satisfecha con la ley

Soledad Cazorla se muestra satisfecha con la ley de violencia de género, que cree que es algo más que "un traje de noche" o una ley pionera, aunque cree necesario seguir dando pasos para "ver dónde están los problemas y fortalecer las medidas", en alusión a las reuniones que periódicamente celebra con la delegada especial del Gobierno en estos casos y con representantes de los ministerios para tomar el pulso a las medidas puestas en marcha para combatir este fenómeno.

"Estamos valorando el riesgo de las víctimas y para eso necesitamos forenses, psicólogos, asistentes sociales" y una vez determinada esa "situación objetiva" se acuerda o no la protección, aunque es difícil en los casos "en los que alguien no quiere protegerse".

Para abordar este fenómeno, se muestra partidaria de la especialización tanto de los fiscales como de los jueces "porque no sólo hay que conocer el derecho" sino saber "por qué la mujer ha callado" durante muchos años antes de denunciar, por ejemplo.

"No nos podemos quedar en que hay juzgados exclusivos de violencia o salas de audiencias que vean sólo" estos casos , sino que "en algunas circunscripciones territoriales, en grandes poblaciones, debería de haber junto a los juzgados normales uno de violencia de género".

Según datos de la Fiscalía, en lo que va de año 23 mujeres han muerto en casos de violencia de género y en tres de ellos había órdenes de protección de la víctima.

De los casos de mujeres fallecidas a manos de sus parejas, el 75 por ciento no habían denunciado nunca malos tratos. El Gobierno tiene previsto que a lo largo de 2007 haya en marcha 83 juzgados destinados a la violencia de género.

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