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Dentro algo más de cuarenta y ocho horas (el plazo termina el sábado 5), la sala especial del Tribunal Supremo ratificará o rectificará las candidaturas impugnadas por el Gobierno -Fiscalía y Abogacía del Estado-, por ser tapaderas de la ilegalizada Batasuna. Como habrá recursos de amparo, a la vuelta de una semana (el plazo acaba el sábado 10), el Tribunal Constitucional ratificará o rectificará las candidaturas anuladas previamente por el Supremo a instancias del Gobierno.

Esa es la secuencia. La clave de su desenlace estará en la relación numérica entre candidaturas impugnadas por el Gobierno y candidaturas aceptadas por los altos tribunales. Lo más probable es que el Supremo y el Constitucional den luz verde a un cierto número de listas impugnadas por el Gobierno, como ocurrió en 2003. Eso contribuiría a desinflar el discurso reduccionista, malintencionado y, sobre todo, de vuelo muy corto, que consiste en asignar al Gobierno la intención de abrirle el camino de las urnas a los amigos de ETA.

Ya ocurrió en las anteriores elecciones municipales. Y no me refiero precisamente a la desactivación de ese discurso, pues nadie acusó de semejante cosa al Gobierno del PP. Me refiero a que el Supremo rectificó al Gobierno en ocho listas y luego el Constitucional rectificó al Supremo en otras ocho. Con razones legales, no políticas. Básicamente, por "falta de pruebas" o por "dudas razonables". En consecuencia, 16 de las 249 listas impugnadas por el Gobierno Aznar, por supuesta contaminación de un partido ilegalizado, pasaron el filtro de los tribunales y sus componentes se han sentado en otros tantos ayuntamientos vascos y navarros durante estos últimos cuatro años. Sirvan estos precedentes como pieza de convicción.

No es el Gobierno sino la legalidad lo que abre o cierra puertas, o las deja entreabiertas, por donde se cuelan los amigos de ETA para presentarse a las elecciones del 27 de mayo. Nadie se chupa el dedo respecto al principio de oportunidad en la actuación de un órgano político. Pero tampoco debe nadie llamarse a engaño respecto a la complacencia de Moncloa si, aprovechando vacíos legales o puertas entreabiertas del Estado de Derecho, la llamada izquierda abertzale coloca a parte de sus "elegibles" en ayuntamientos vascos y navarros.

Es evidente que en ese mundo se rebajaría la tensión si las candidaturas no contaminadas, o contaminadas pero con dificultades probatorias (algunas de ANV y muchas que van de listas ‘independientes’), superan las barreras legales del Gobierno, el Supremo y el Constitucional.

En otras palabras, para el Gobierno es perfectamente compatible impugnar con pruebas las listas contaminadas y alegrarse al tiempo de que, en evitación de males mayores, los ciudadanos vascos y navarros tengan la ocasión de pronunciarse en las urnas sobre una opción política desacreditada por su resistencia a emanciparse de la banda terrorista ETA.

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