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Hay personas que nacen para proteger secretos. Y ese es el caso del ex comisario Florencio San Agapito, detenido ayer dentro de las investigaciones sobre la extensa trama de corrupción que orbita alrededor de Juan Antonio Roca.

San Agapito fue el guardián de las tinieblas de los sucesivos gobiernos de UCD y PSOE, hasta que saltó al sector privado para custodiar los secretos de César Alierta cuando éste fue nombrado presidente de Tabacalera, en 1996. En el año 2000 siguió a su señorito a su nuevo destino, Telefónica, donde desde entonces ejerce como jefe de Seguridad Corporativa.

Floro, o Florito, fue un héroe oculto durante el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, cuando Juan José Rosón dirigía el Ministerio del Interior. Era el jefe de la secretaría particular de Francisco Laína, el director de la Seguridad del Estado, y su papel en aquella crisis, secundario aparentemente, fue crucial. El policía se dedicó a trastocar las comunicaciones de los golpistas, a confundir los télex; es más, informó a su jefe de que el general Alfonso Armada tenía relación con el golpe: “Paco, Armada está en el leñazo”, le dijo en esas horas claves, según reveló el periodista José Oneto en su libro 23 F, la historia no contada.

Con la caída de UCD, San Agapito continuó en el puesto: se había ganado su rango y su prestigio. Cuando Rafael Vera llegó a la seguridad del Estado en 1982 le mantuvo en su puesto, como secretario particular, que en aquella época equivalía a jefe de Gabinete. El PSOE en el poder no quería hacer grandes cambios entre los comisarios, en vista de la delicada situación política y se convirtió en hombre de confianza de Vera. Luego fue nombrado director de gabinete del nuevo secretario de Estado de Seguridad, Julián San Cristóbal. Vera, en su regreso, lo nombró responsable de uno de sus cuatro gabinetes, en concreto el de Administración, Documentación e Informática. Fue uno de los altos cargos de Interior que recibían los sobresueldos procedentes de los fondos reservados, escándalo por el que se condenó a Vera y otros cuatro ex altos cargos.

San Agapito siguió en el Ministerio del Interior en un puesto similar con José Luis Corcuera hasta que pasó a trabajar con Alierta. Su experiencia en la seguridad y en las comunicaciones ha sido todo un valor añadido para la seguridad corporativa de una empresa privada justo en una época, la década de los años 90, donde las escuchas entre empresarios comenzaron a estar a la orden del día.

El ex comisario, ya jubilado, tenía una casa en Marbella. Lo que se ignoraba era su presunta relación con Roca, el jefe de la trama corrupta marbellí. Hoy prestará declaración ante el juez Miguel Ángel Torres. Telefónica no quiere hacer comentarios: defiende la presunción de inocencia y esperará a ver qué es lo que resuelve el magistrado.

Socio de Hoffmann, Pedro Román y Roca

San Agapito fue un accionista minoritario de la empresa gibraltareña Lispag Ag, una sociedad en la que también coparticiparon el presunto cerebro de la trama de corrupción político urbanística, Juan Antonio Roca, el abogado de origen alemán, Juan Germán Hoffman y el ex teniente de alcalde de Marbella en la primera era GIL, Pedro Román Zurdo.

Tal y como publicara el pasado 22 de abril este periódico, una de las conexiones por las que fuera investigado Hoffmann, el abogado detenido el pasado 6 de febrero, fue la que se articulaba bajo la sociedad Yambali 2000 S.L. Una empresa que, según las fuentes consultadas, era propiedad de un sirio de nacionalidad alemana que poseía unos terrenos en Puerto Banús y al cual representaba el último abogado detenido en esta operación. Tanto San Agapito como Roca participaron, a partes iguales, en la sociedad radicada en suiza (Lispag Ag), que fue creada para adquirir dichos terrenos y en la que también participaron, en mayor medida, el ex concejal de Consistorio Pedro Román y, en menor, el abogado de origen alemán.

Una compraventa de participaciones que se produce en 2002 que es seguida de una segunda compraventa, en el mismo año, a otro de los imputados en esta causa: el promotor granadino José Ávilas Rojas quien quedara en libertad previo pago de una fianza de 500.000 euros al ser detenido el pasado mes de junio en el marco de la segunda fase de malaya por un presunto delito de cohecho.

Según se desprende de la parte del sumario ya liberado, el juez instructor Miguel Angel Torres dictó, mediante auto con fecha 5 de febrero de 2007, la prohibición de “disponer” -conforme a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria- de la finca número 16.780 inscrita a favor de Yambali 2000 S.L en el Registro de la Propiedad número 3 de Marbella. Una medida que fue solicitada en la propuesta de actuación (número 9.433) de la sección de blanqueo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal al establecerse en el apartado III (“relación de registros de la propiedad y de personas físicas y jurídicas sobre las que se solicitan las medidas a adoptar”) el mencionado inmueble.

En el escrito de Torres, dirigido al registrador de la propiedad, por el que acuerda la prohibición de disponer de la finca, el magistrado expone que las diligencias previas seguidas contra Roca, Ávilas Rojas y “otros” por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, defraudación a la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos y subastas públicas “existen indicios” de que el verdadero titular del inmueble es José Ávilas Rojas.

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