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Es la hora de la verdad. El Gobierno se retrata sobre su voluntad política de impedir la participación de los amigos de ETA en las elecciones de mayo. Parece ir muy en serio. Lo ha demostrado en el caso de ASB (Abertzale Sozialisten Batasuna) y en el de las agrupaciones electorales. También debe demostrarlo en el caso de ANV, que es partido legal pero sus candidaturas pueden ser fraudulentas.

El Gobierno, a través de la Fiscalía General, la Abogacía del Estado y las Fuerzas Policiales, ha puesto sobre la mesa del Tribunal Supremo todos los elementos de juicio para que la llamada ‘Sala del 61’ deniegue hoy la inscripción de ASB en el registro de partidos políticos, una vez escuchadas las alegaciones de sus promotores.

Caso distinto es el de A.N.V. (Acción Nacionalista Vasca), un partido legalizado desde 1979 que, según todos los indicios, está siendo utilizado por Batasuna como caballo de Troya para competir en las elecciones municipales y forales del 27 de mayo. Si esos indicios se convierten en pruebas, las candidaturas acogidas a esas siglas ‘legales’ pueden ser rechazadas. O no. Tendrían que decidirlo los jueces, aunque el Gobierno está obligado a mantener activa la maquinaria policial, jurídica y administrativa para lograr que las formalidades no se divorcien de las convicciones cuando los jueces digan la última palabra.

De momento, el juez Garzón cuenta con informes policiales (Guardia Civil, Policía Nacional y Ertaintza) que acreditan la vinculación de ANV, como organización, a Batasuna. Y que la Fiscalía está mirando con lupa las 110 listas electorales presentadas al amparo de esas siglas en el País Vasco y Navarra, por si se tratase de los mismos perros –amigos de ETA- con distintos collares, a fin de promover la anulación de las mismas.

“Si detectamos el fraude, trataremos de llegar a tiempo de impedir que se presenten a las elecciones”, declara el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, mientras se reafirma en la radical incompatibilidad entre urnas y pistolas. En este principio radica la voluntad política que, por encima de las formalidades legales, consiste en anudar legalidad y sentido común.

A estas alturas de la película, incluso el principio de oportunidad se ha aliado con el Gobierno. Se deduce de otro pasaje de las declaraciones de Conde Pumpido, cuando sentencia: “Las expectativas electorales de Batasuna yacen en los escombros de la T-4”. Con singular acierto un lector de El Confidencial se preguntaba ayer: “¿Eso significa que sin atentado la Fiscalía hubiera tenido una manga más ancha?” Me temo que sí.

Por tanto, no hay mal que por bien no venga. (Reserva para necios: eso no supone dar por bueno el atentado). Por eso digo que incluso el principio de oportunidad recoloca al Gobierno en la senda de la cordura. Mientras ETA esté viva o Batasuna no se desvincule de ETA, ha de hacerse todo lo posible para impedir que quienes mezclan armas y urnas no compitan en igualdad de condiciones con los partidos democráticos. Deciden los jueces, pero la opinión pública necesita saber que por el Gobierno no va a quedar.

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