Otra patada al automóvil

Parece que el Gobierno está dispuesto a acabar con el automóvil. Pere Navarro, el Director General de Tráfico, quiere llenar las calles de bicicletas, Miguel Sebastián quiere coches eléctricos por todas partes. Y la última patada al automóvil se la acaba de dar la Ley Sinde. Pero esta vez no ha sido el Gobierno, sino la oposición la culpable. La unión de CiU y el PP ha permitido aprobar las enmiendas para que la Ley de Economía Sostenible sea aprobada en el Congreso.

En esta ley, además de permitirse el cierre de páginas web, se cambia de un plumazo todo el mercado del automóvil. Todo el sistema de distribución de coches en el mercado español cambia radicalmente y con ello el precio de los coches se calcula que puede subir por encima de un 10% en los próximos meses.

En la Unión Europea existe desde su creación una normativa específica para la distribución y venta de coches. Un reglamento que puede ser bueno o malo, que quizá haya que cambiar. Que probablemente encarece el precio de los coches, o que favorece a los fabricantes, o que permite prácticas abusivas, pero es el que hay en toda la Unión Europea.

Pues ahora el Gobierno, con el apoyo innegable de PP y CiU, cambian esa situación, y lo hacen de manera exclusiva dentro de la Unión Europea. Este negocio del automóvil tiene cuatro patas. El Gobierno, como responsable máximo de todo lo que ocurre en nuestros mercados, los fabricantes de automóviles, los vendedores y los clientes finales.

Hasta ahora, los fabricantes vendían, sin posibilidad de recompra, los coches a los concesionarios y estos se ocupaban de venderlos a los clientes. Pero la Ley Sinde incluye un cambio notable en el mundo del automóvil y es que a partir de ahora el concesionario pasa a tener la categoría de agencia. Y eso lleva a que puede devolver los coches que no vende.

Eso supone un coste muy alto a los fabricantes, lo que va a hacer que de manera inmediata los coches suban en torno a un 10%. Un concesionario a partir de ahora pedirá cinco coches de tal modelo y si no los vende a los dos meses se los devuelve a la marca, que los intentará colocar en otro concesionario a un precio más barato y así hasta que acabe vendiéndolos de saldo.

Eso supone que el fabricante va a subir los precios de los coches para cubrirse de las pérdidas por esos descuentos que acabará teniendo que hacer y por el inmovilizado. Y poco a poco va a finalizar los contratos actuales de las concesiones y en su lugar va a montar su propia red de distribución.

Para los concesionarios es una medida positiva a corto plazo, porque no van a tener que cargar con coches de poca venta y solo van a vender los buenos, los que quieran. Pero eso hasta que los fabricantes aguanten.

El automóvil representa un mundo muy complicado, con fuertes inversiones y que implica a muchas compañías a nivel mundial. El coche es un gran mecano en el que intervienen cientos de empresas y en la actualidad tiene un equilibrio bastante estable. Dentro de este contexto es muy difícil saber quien tiene la razón, si las marcas o los concesionarios, o los clientes, o las empresas suministradoras. Y las marcas ganan dinero, los concesionarios también y el Gobierno, por supuesto con los impuestos. Pero en situaciones de crisis como la que vivimos las cosas se complican para todos. 

Alemania o Francia, dos economías fuertes, lo son también en el mundo del automóvil. Mercedes, Volkswagen, BMW, Opel o Ford por un lado, Peugeot, Renault o Citroën por el otro marcan el paso. España es solo un fabricante de coches para estas grandes multinacionales alemanas o francesas.

Y por eso, nuestros políticos, y esta vez no es solo el PSOE sino también el PP y CiU, deberían pensar más las consecuencias de las decisiones que toman. Y en concreto esta de considerar como agencias a los concesionarios de automóviles supone una revolución a nivel europeo.

Y esta decisión tan importante la toma el país que menos pinta pero el que más puede perder en este tema. Si el grupo Volkswagen decide que se lleva la producción del Polo y de los Seat y del nuevo Audi Q3 a Alemania o a Eslovenia, España tendrá otros 100.000 parados más solo del mundo del motor.

Angela Merkel viene a decirle a Zapatero cómo tiene que gobernar España, a aprobar o desaprobar lo que se está haciendo, pero nosotros, mejor dicho nuestros gobernantes con la inestimable ayuda de la oposición, queremos marcar el futuro de Europa. Un futuro, por cierto, más negro que el azabache en el caso de España.

Y conste que yo no sé, sinceramente, si la razón la tienen los concesionarios, o la tienen las marcas, o la tienen los compradores. Pero si se va a tomar una decisión tan grave, diría gravísima, como esta, quizá sería conveniente sentar en una mesa a las distintas partes y entre todos llegar a un consenso. Pero el consenso es algo más que pagar a todos los que salen en la foto, sindicatos y patronal, por ejemplo.

Y un último apunte, los políticos han tardado 15 días en hacer los cambios de esta ley tan importante. Casi dos millones de familias dependen directa o indirectamente del sector del automóvil en España. Y los políticos, los Zapatero, Rajoy y Mas, ni siquiera han tenido que consultar con la asociación de fabricantes de automóviles, ANFAC, que engloba a todas las marcas instaladas en España.