Timar a los conductores

Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos tienen unas deudas astronómicas, que no van a poder pagar en muchos años. Sin embargo, parecen haber descubierto una forma de conseguir algo de liquidez para el día a día: los conductores de automóviles o más bien los propietarios de los mismos.

El coche es el sistema perfecto de organizar timos porque tiene su matrícula que le hace perfectamente identificable. Y por ello también se le puede perseguir y sancionar. Imaginen que un ayuntamiento pequeño necesita dinero para pagar la gasolina del coche del alcalde o para pagar la luz.

Solo hay que enviar 4 o 5 multas a otros tantos propietarios de coches. Multas por hacer un giro prohibido, o por aparcar mal o por lo que sea. No hace falta que hayan estado en ese pueblo, no hace falta ninguna prueba y ni siquiera es necesario que la matrícula coincida con el color del coche o la marca y modelo.

El propietario del vehículo ve que le llega una multa de su coche en un ayuntamiento en el que no ha estado nunca. Y se ve obligado a buscar las pruebas que demuestren que su coche nunca ha estado allí.  Pruebas que no sirven absolutamente para nada.

Si el conductor decide recurrir, solo perderá el tiempo. Al cabo de un mes recibirá un escrito diciendo que consultado el agente que ha formulado la denuncia, este se ratifica en los hechos y la sanción es firme.  Y a partir de ahí, o se va a la Justicia (con mayúsculas, la de verdad con abogados y procuradores y jueces, o no hay nada que hacer) o se pasa por caja.

Esto parece un cuento pero en las últimas semanas, al consultorio de El Confidencial han llegado unas cuantas consultas y todas ellas relacionadas con los timos que las distintas administraciones están poniendo en marcha.

La DGT envía una multa a un propietario de un coche por una infracción detectada desde un helicóptero de este organismo. El vehículo al que se denuncia no coincide ni en marca ni en modelo ni en color con el del propietario del vehículo al que finalmente se sanciona. Cuando recurre la sanción, la respuesta que recibe es que el agente no recuerda bien la marca y el color, pero sí la infracción y que la sanción es firme. Y tampoco hay fotografía que pruebe la infracción.

Se imaginan un empleado de banca que revisa cada día cien expedientes de cuentas de clientes y que se acuerde seis meses o un año después de un cargo de 30 euros de un cliente enviado por una compañía de telefonía.

El agente que iba en el helicóptero no tiene otra cosa que hacer que recordar todas y cada una de las infracciones que ha visto en seis meses, a una media de entre 50 y 100 denuncias diarias. Sobre todo porque son agentes que están muy contentos con su trabajo, muy bien pagados, y encantados con sus mandos, que siempre están velando por sus intereses, y el primero Pere Navarro.  

Póngase por un momento en el caso de un juez al que llega un Guardia Civil que dice que desde su helicóptero ha visto a un coche pisar una raya continua, por ejemplo, que no hay ninguna prueba fotográfica, que apuntó en la denuncia que era un Seat Ibiza blanco y que en realidad era un Mercedes Clase S negro. El juez romperá la denuncia en pedazos sin ni siquiera perder el tiempo en hacer una sentencia.

En un par de años Europa tendrá un sistema para que se persigan las sanciones de tráfico en todos los países. Imaginen por un momento que el coche sancionado por el agente del helicóptero es de un ciudadano alemán. Cuando la multa llegue al funcionario del organismo equivalente a la DGT en Alemania, este funcionario la tirará a la papelera sin más.     

El ayuntamiento de Madrid es otro que también se apunta a esta nueva forma de “impuesto” que podríamos llamar de ingresos atípicos. Envía sanciones a cientos por saltarse un semáforo en rojo, pero la prueba fotográfica que se manda con la sanción es pasando el semáforo en naranja, que no es pasarlo en rojo.

¿Cuál es el problema? Que la misma persona u organismo que impone una sanción es la que decide sobre los recursos, y por supuesto siempre son tirados a la papelera.

La DGT cada vez que se detecta un exceso de velocidad con pérdida de puntos en un vehículo debe mandar una carta al propietario para que identifique al conductor en ese momento. Esa carta últimamente no llega nunca a su destino.

Y esta es una nueva forma de timo, ya que si la multa es de 300 euros y 2 puntos, pasa automáticamente a ser de 900 euros  sin puntos. La primera carta no llega nunca a su destinatario, pero la segunda, cuando ya es firme la de los 900 euros, sí llega.  Si no lo hace un par de meses después llega la del embargo de la cuenta bancaria por 1.100 euros.

Todo depende de la prisa que tenga la DGT por cobrar, si tiene caja para pagar sus nóminas o si hay dinero bastante para que su director general decida hacer una obra en la sede por un valor de un millón de euros para acondicionar nuevos despachos por si algún día hacen falta para algo. 

El único camino que queda ante este timo profesional y organizado es ir a la Justicia, pero eso es muy caro y no sé si merece la pena de verdad. Pero los diferentes organismos y entidades han encontrado el camino perfecto para hacer caja cada día. Y timar a los propietarios de los vehículos.  

Por ello, ante esta situación creo que es el momento de hacerse con los servicios de Automovilistas Europeos Asociados o de cualquier otra asociación de este tipo que vele por los derechos de los conductores que ahora están más en peligro que nunca de tener que pasar por caja cada poco tiempo y sin un motivo real.