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Debate laboral (y IV)

@Cristina Falkenberg - 18/07/2009

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Terminamos de ver esta semana el artículo de D. Juan Antonio Sagardoy “La reforma del Mercado de Trabajo”, (El Cronista, número 6, Ed.Iustel), autor cuya dilatadísima trayectoria profesional aconseja escuchar las sugerencias que pueda aportar al debate.

En un mundo global como el nuestro es inconcebible ignorar la utilidad de la novación modificativa en los contratos de trabajo. La cultura sindical debe cambiar: la movilidad funcional del artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores (ET) —o la geográfica del artículo 40, cabe añadir— no pueden ser vistas sino como oportunidades de mantener los puestos de trabajo… cuando no de ampliar las perspectivas del trabajador. Y es que en efecto, se imponen las soluciones creativas. De nada valen las reticencias a cualquier modificación de la jornada, el horario, el salario (quantum inmodificable) o el régimen de remuneración (distribución del salario en sus diversas partidas), entre otros aspectos que contempla el artículo 41 ET, cuando de la conservación del puesto de trabajo en condiciones razonables se trata.

Otro problema grave es el absentismo, donde el artículo 20.4 ET clamaría por una reforma que hiciese obligatorias para el trabajador la asistencia a los reconocimientos médicos, compatibilizando su derecho a la intimidad con otros derechos concurrentes en la situación, pues es sabido que no hay derechos absolutos. También se apunta a la necesidad de redactar con más claridad el artículo 52.d) ET, cuando la causa objetiva de extinción del contrato de trabajo sea el excesivo absentismo de la plantilla… por esas enfermedades que suelen entrar justo en carnaval… Y es que no es posible que la protección de los trabajadores desemboque en absurdos tales como el que apunta Sagardoy Bengoechea, ¡de que se gane más en situación de incapacidad temporal, por los complementos a percibir, que trabajando!

¿Están los propios trabajadores a través los sindicatos acabando con el mercado laboral?

Sin que la cuestión de la indemnización por despido sea necesariamente la más importante, pese a la propensión del debate a detenerse en ella, es necesario insistir en la que el autor denomina “ósmosis perversa” por la cual el despido objetivo de los artículos 51 y 52 ET (despidos mayores y menores, respectivamente), aunque fijados por ley en 20 días, acabe como resultado de los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs), excediendo los 45 días del despido disciplinario del artículo 54, con la terrible inseguridad jurídica que conlleva para el empresario.

¿Están los propios trabajadores a través los sindicatos acabando con el mercado laboral? Esto es lo que es necesario preguntarse muy seriamente a estas alturas. ¿No es más sensato un reenfoque de esta cuestión a fin de se puedan saber de antemano tanto las circunstancias precisas en las que procedería un despido por causas objetivas como los costes a los que se enfrenta el empresario? Parece que conocer estos parámetros con antelación es sólo una reclamación legítima de cualquier trabajador sensato, a la vez que un requisito sine qua non para la planificación empresarial, que necesariamente debe contemplar el caso en que haya que reducir plantilla.

Lo que ocurre en la actualidad es que el artículo 53 ET trae como consecuencia casi inevitable que los trabajadores acudan al Juez, discrepando de la opinión del empresario de que concurren causas objetivas para el despido. El Juez debe, sin conocimiento de la empresa, fallar sobre esta cuestión. Como acertadamente se apunta, más que un fallo lo que se estaría pidiendo es un dictamen.

Parece, eso sí, aconsejable mantener la intervención de la Autoridad Laboral en materia de EREs, con comunicación de su causa, y ello tanto por ser más rápido su juicio sobre la materia como, por lo general, mejor informado. La vía debe mantenerse: no son admisibles sentencias del Tribunal Supremo con anulación de un ERE por causas formales, declarando nulos los despidos… ¡siete años más tarde!

Uno de los aspectos necesitados de revisión es el de la negociación colectiva, con unas asociaciones empresariales y unos sindicatos absolutamente sobrerrepresentados para el nivel de afiliados que tienen. Quizá tuvo sentido en su día, fruto de la herencia sindical franquista, pero hoy es cuestionable que con tal carencia de legitimación democrática se pueda pretender imponer al tan amplios sectores de la sociedad una particular visión de las cosas.

Cierto, la libertad de asociación abarca tanto el derecho a asociarse como a no querer hacerlo. Parece ser que en materia laboral demasiados ciudadanos estén privados de este “derecho a no querer pertenecer”, pues se pertenezca o no, las mismas consecuencias resultan impuestas. Es altamente probable que una iniciativa legislativa popular en materia laboral diese como resultado una ley laboral justa, sensata y razonable buscando la satisfacción del primer derecho del trabajador, que es el derecho al trabajo; y el segundo que es el derecho a prosperar, evolucionar y avanzar dentro de él: personal, profesional y salarialmente.

Si bien se logra cierta cohesión a través los convenios colectivos, pueden sin embargo llegar a poner en cuestión la viabilidad de muchas empresas

Volviendo al documentado artículo bajo análisis, Sagardoy apunta con razón que si bien se logra cierta cohesión a través los convenios colectivos, pueden sin embargo llegar a poner en cuestión la viabilidad de muchas empresas. La reforma laboral de 1994 permitió el llamado “descuelgue salarial”, pero la realidad particular de cada empresa no es sólo económica sino que se refiere a otras cuestiones en que la rigidez del convenio sólo complica la supervivencia de la empresa.

Asimismo se da un predominio de los convenios de nivel provincial, con insuficiente participación de las PYMES en la negociación. Sería preferible —así lo apuntó el Informe de 2009 del Círculo de Empresarios— unos grandes convenios-marco a nivel sectorial nacional que operasen como referencia de los convenios a nivel empresarial, que contemplasen la realidad de cada empleador. En este sentido la llamada ultraactividad de los convenios, que les dota de eficacia más allá de la fecha prevista para su terminación y a falta de nuevo convenio es sin duda un elemento distorsionador de las negociaciones. Asimismo la indiciación de los salarios al IPC ni contribuye al control de éste, ni fomenta la productividad de la cual se desligan los salarios, ni contempla la realidad económica por la que atraviesan quienes crean empleo.

Finalmente el Profesor Sagardoy aborda la cuestión de los organismos gestores de colocación, también conocidos como “el INEM”. Dos son los grandes problemas que afectan al Servicio Público Estatal de Empleo. El primero de ellos es el modelo de gestión por el que se rige: burocrático y limitado a aplicar reglas. No logra siquiera un 5% de recolocaciones. En Austria es más del 90%. La diferencia está en que el Servicio Público de Empleo austríaco se gestiona con criterios de empresa para: por objetivos, basada en la delegación de competencias y responsabilidades en las oficinas regionales, alejada de la burocracia tradicional y valorando la calidad, la eficacia y la eficiencia, esa que en nuestra Administración brilla por su ausencia pese a las proclamas del artículo 103 de nuestra Constitución que habla de que “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia…” Y es que junto con el sistema tradicional de colocación, la agencia austríaca cuenta con una web en la que empleadores y trabajadores pueden encontrarse libremente. ¿Qué tal… si fuésemos pensando en algo parecido? Pero una web eficaz, por favor, intuitiva y que funcione: que no suele ser en absoluto el caso de muchas webs de la Administración española.

La otra cuestión que afecta severamente la eficacia de este Servicio Público en el caso de España es el hecho de que las políticas activas se gestionan a nivel de Comunidad Autónoma mientras que la financiación y las políticas pasivas se llevan a nivel nacional. La falta de corresponsabilidad fiscal hace que los objetivos de unas políticas y otras no coincidan: así cabe la perversión de que las políticas autonómicas, las activas, busquen la temporalidad precisamente a fin de garantizar la posterior percepción por desempleo, política pasiva que depende del Estado.

Sin embargo, la reforma del sistema laboral no deja de ser una más de las cuestiones que influyen decisivamente en la prosperidad económica de nuestro país y por ende en la creación de empleo, la mejor política social de todas. Se hacen ya inaplazables cuestiones como la reducción de cargas administrativas —la semana que viene veremos un caso específico que es ya un clamor— o una eficiente política energética, guste más o menos a los ecologistas eternamente subvencionados o empresas energéticas amigas del poder, Cierto, es que como apuntaba D. Roberto Centeno hace algunas semanas en este diario, “Al lado de [la imperiosa necesidad de controlar la desbocada factura energética], el ahorro de costes y la mejora de productividad que puede suponer una reforma laboral en profundidad, es el chocolate del loro.” Pero es sin duda, esencial.

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Opiniones de los lectores (4)

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4. usuario registrado fapuig»19/07/2009, 18:52 h.

Los sindicatos y la patronal no quieren que haya debate porque no tienen ideas y tienen miedo a hacer el ridiculo. Es patético que a esta altura de la pelicula, no haya un debate politico serio sobre el tema. El mercado laboral español es cualquier cosa menos dinámico y transparente.

http://fapuigbellacasa.blogspot.com/

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3. usuario registrado Faetón»19/07/2009, 13:03 h.

¿Qué se puede hacer para reducir el absentismo de los trabajadores? pues a] premiando a los no absentistas b] persiguiendo el absentismo c] una combinación de ambas
¿qué se puede hacer para reducir el absentismo [léase falta de inversión en I+D] de los empresarios? pues a] incentivando a los emprendedores b]penalizando a los no emprendedores c]una combinación de ambas

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2. usuario registrado Faetón»19/07/2009, 12:58 h.

Hola
Interpreto el debate sobre la reforma del mercado laboral como parte de la discusión sobre cómo ser más competitivos, y por tanto vender más, y por tanto generar más empleo.
Bajo ese supuesto, echo en falta un elemento más en el debate: ¿por qué las empresas españolas [públicas y privadas] invierten menos en I+D que la media de la OCDE?
Que sí, que hay trabajadores "absentistas", pero también hay empresarios "absentistas". Si se quiere discutir lo primero, se tendrá que discutir también lo segundo. Que todas estas peculiaridades son fruto de esta sociedad nuestra, que hasta donde yo sé componen, trabajadores, empresarios, políticos, jubilados... ni los trabajadores españoles ni los empresarios españoles ni los políticos españoles vienen de Marte, que yo sepa.

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1. usuario registrado manoto»18/07/2009, 17:29 h.



Una vez mas muy instructivo su comentario.

Me parece un GRAN ACIERTO,por su parte,nombrar al Circulo de Empresarios,verdaero nucleo del gran empresariado español

Hace unos dias estuve escuchando a su Presidente Señor Boada.Su exposicion fue ofrecer un amplio abanico de posibilidades de hacer "algo" por la economia español en esta Crisis.

Un asistente le pregunto

"Señor Boada,que opina de esto el partido Popular?

Contestacion,nos gustaria mucho mas conocer la opinion del Partido Socialista,pues es el que esta en el poder y tiene capacidad de legislar,pero desgraciadamente ni el PSOE ni el PP han opinado Nada.

Otro espectador en voz baja dijo

Es que pertenecen a la GENERACION "NI-NI" ni opinan ni hacen.

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@Cristina Falkenberg

Soy abogado (Complutense) pero estudié también en ICADE y en el Middlesex Business School en Londres (E-4). Tengo un Máster en Economía Internacional y Management de la Università Luigi Bocconi (Milán). Mi tiempo libre lo dedico a las cosas más inconfesables como hacer Pilates y leer El Confidencial. Además, soy una absoluta convencida de que hay que recuperar el binomio 'civitas- libertas'.

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