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¿Por qué a los bancos sí y a las familias no?

crisis económica deuda morosidad crédito hipotecas

@María Antonia Trujillo - 18/03/2009

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Las reflexiones efectuadas en las últimas semanas por expertos en las Comisiones de Vivienda y Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados sobre adopción de medidas de derecho privado al servicio de una política de vivienda y para evaluar la eficacia de las medidas aprobadas para el fomento de la liquidez me han hecho pensar en una medida que hace varios años propuse en el Gobierno sobre la necesidad de aprobar una Ley de sobreendeudamiento de las familias.

Sí, de una Ley de sobreendeudamiento de los hogares como tienen la mayoría de los países europeos para resolver la situación de un consumidor que ha contraído deudas excesivas y no puede hacer frente a todas ellas, articulando procedimientos individuales, por ejemplo, la quiebra de particulares, entre otras medidas.

El agravamiento de los problemas de sobreendeudamiento a finales del siglo XX, tras la desregulación del mercado de crédito en los años ochenta y la ralentización económica de principios de los noventa, condujo a varios países europeos a buscar nuevas soluciones. Las presiones políticas para la aprobación de ayudas a los hogares sobreendeudados por razones imprevistas fueron tan importantes, dado el gran número de hogares de clase media que se encontraron con graves problemas de endeudamiento, que varios países europeos aprobaron leyes sobre insolvencia para hacer frente a esa situación. Además, la 26ª Conferencia de Ministros Europeos de Justicia, celebrada en Helsinki el 7 y 8 de abril de 2005, acordó que “… es importante tomar medidas para buscar soluciones jurídicas y prácticas a los problemas de endeudamiento encontrados por los ciudadanos…”.

Actualmente, más de la mitad de los países de la UE (la Ley de insolvencia alemana e inglesa, la concursal austríaca y danesa, la de quiebra de Estonia, la ley belga de liquidación colectiva de deudas, la ley finlandesa sobre ajuste de las deudas de las personas privadas, la francesa de prevención y regulación de las dificultades relativas al sobreendeudamiento de los particulares y familias, etc) tienen en vigor leyes sobre el ajuste de deudas de personas privadas que, en gran parte, se han inspirado en la legislación americana. A grandes rasgos, por un lado, se prevé que la administración judicial elabore un plan de reembolso de las deudas durante una serie de años estableciendo el porcentaje de las deudas que se va a pagar y cuánto van a recibir mensualmente los acreedores. Y, por otro, las legislaciones coinciden en limitar el pago de las deudas a que el endeudado y su familia vivan en unas condiciones mínimas.

En España, cuando se planteó la iniciativa, ya empezaban las dificultades para muchas economías domésticas. Sobre todo, para el deudor hipotecario sobreendeudado. Por eso, aquella propuesta estaba relacionada, por un lado, con un ajuste del sector inmobiliario que ya se estaba produciendo en nuestro país -como señalaban todos los indicadores de este sector- y que afectaba sobre todo a las familias que estaban contratando préstamos hipotecarios para la compra de una vivienda. Y, por otro lado, con la presentación del Proyecto que después se convertiría en la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, en tanto en cuanto recogía algunas medidas relacionadas con la vivienda, pero no entraba directamente en el déficit de protección de las familias respecto a la reunificación de deudas y como deudores hipotecarios.

Desde entonces, han pasado varios años. Es evidente que la actual crisis económica en España ha atrapado a muchas familias, pero sobre todo, a aquellas con préstamos hipotecarios. Hay un gran número de familias que no pueden pagar la cuota hipotecaria y tienen un gran riesgo de pérdida de su vivienda, entre otros bienes.

El Gobierno ha aprobado medidas de apoyo al sector financiero con el objeto de dar liquidez a las empresas y a las familias. Han tenido, hasta el momento, una efectividad relativa. Las medidas para la banca contrastan con las medidas adoptadas para mitigar la crisis en las economías domésticas, claramente insuficientes.

Por ejemplo, la prolongación del plazo de las hipotecas (unos 10 años más, hasta 40 o 50 años) no es una solución porque rebaja poco en la cuota mensual a cambio de originar un aumento elevadísimo en el coste final. Otra medida como la moratoria de dos años en el pago de las hipotecas, aplicable a los parados, autónomos y viudos que cumplan determinados requisitos, rebajando el 50% de la cuota por un máximo de 500 euros mensuales, hasta un total de 12.000 euros, y para las hipotecas que no superen los 170.000 euros y que fueran suscritas antes del 1 de septiembre de 2008, tiene hasta el momento escasos resultados. Además, la entidad financiera se reserva la decisión de aceptar la solicitud del cliente, analizando nuevamente los riesgos para determinar la capacidad de pago agotada la moratoria. Esta medida supone sólo una moratoria, ya que el prestatario debe pagar a partir de marzo del 2012 toda la cuota del crédito con la devolución de las cuotas aplazadas a un tipo de interés variable, referencia ICO, más un diferencial de 80 puntos básicos.

En mi opinión, ninguna de esas medidas es la solución que la economía doméstica requiere en estos momentos. El endeudamiento de las familias, cuya causa principal es el crédito hipotecario, sitúa a España en los primeros puestos del ranking internacional y ante una situación de extrema gravedad. Los datos sobre procedimientos de ejecución judicial hipotecaria o procesos monitorios, verbales y ordinarios respecto de créditos personales y al consumo son también preocupantes.

Hay que actuar con urgencia. La Ley Concursal española para las situaciones de quiebra familiar es insuficiente e insignificante en cuanto a su aplicación. Creo que es necesaria una Ley de sobreendeudamiento de las familias para regular las situaciones de insolvencia de las economías domésticas, sobre todo, respecto de los deudores hipotecarios sobreendeudados, subrogándose el Estado. Con ella, se favorecería el crédito, se suavizaría el crecimiento de la morosidad, disminuirían las ejecuciones hipotecarias y se protegería más y mejor a las familias.

Se trataría de una medida similar a las adoptadas por el Gobierno de España para salvaguardar la solvencia del sistema financiero, si bien con repercusión directa e inmediata sobre los deudores más necesitados, sobre aquellas familias, y son muchas, que hoy no pueden pagar su hipoteca. ¿Por qué a los bancos sí a las familias no?

Probablemente habría que modificar la Ley de subrogación de préstamos hipotecarios para que, además de las entidades financieras que se detallan, en su ámbito subjetivo de aplicación se incluyera también al Estado. Como decía alguno de los expertos, esta medida permitiría que el Estado pudiese mejorar las condiciones de los deudores en peor situación, previo reembolso de su crédito al acreedor, aún sin consentimiento de éste, y subrogándose en su posición. Una vez subrogado en la misma, el Estado podría convenir con el deudor la novación del crédito hipotecario e, incluso, facilitar algunas ayudas.

En definitiva, junto a la quiebra de los particulares tal y como aparece prevista en la UE y en nuestra Ley Concursal se requieren también medidas para que el Estado se subrogue en las deudas hipotecarias de las familias sobreendeudadas. Es de extrema urgencia y necesidad.

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Opiniones de los lectores (38)

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38. usuario registrado LEGAR»24/03/2009, 17:09 h.

Camarada Trujillo: Lo confieso: Esta vez ni me he molestado en leer la zurraspa sobre papel que cada quincena le encargas a algún becario de nuevas generaciones. La moral, que dejaste olvidada algún día de tu juventud veinteañera, nunca volverá y se te nota cada día más. Espero que el parnés que te embolsas inmerecidamentede en este por tí desprestigiado medio digital, sea dedicado a...... que te lo robe algún sintecho, pues seguro que no lo van a oler de tu parte los de Beneficencia. Te pido que nos dejes en paz de una vez. Por favor. Me ofende ver tu nombre encabezando algo que otra persona formada y en el paro aprovecharía para ilusinarnos. Nos deprimes, y bastante tenemos encima como para soportar tus monsergas. Lo dicho: Pírate ya.

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37. usuario registrado russell brown»18/03/2009, 21:49 h.

#10 BF2

No estoy de acuerdo en absoluto con tu afirmacion categorica de que el sistema financiero no es responsable de la "situacion".

Las administraciones son responsable de permitir y no limitar las actuaciones de los ayuntamientos, no auditarlas y no perseguir la corrupcion generalizada y galopante, ostensible y ostentosa.

El SF es responsable unico de dar cauce al disparate del edeudamiento exterior para financiar la voragine-burbuja inmobiliaria. La concentracion de riesgos en el sector y algunas instituciones en inmobiliarias concretas no es responsabilidad de otros.
Crear la dinamica, los instrumentos y la colaboracion interesada de tasadoras es responsabilidad exclusiva del sistema financiero con la pimienta que abrasa el Banco de España.

Datos y argumentos en la ventanilla del profesor : www.robertocenteno.com

Eso te sale gratis.

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36. usuario registrado Martes Carnaval»18/03/2009, 19:59 h.



Estimada Sra. Trujillo:

La verdad es que, una vez más, no la entiendo.

Habla Vd. de la necesidad de una Ley de sobreendeudamiento de las familias para regular las situaciones de insolvencia de las economías domésticas.Y no dice ni una palabra del polémico Proyecto de Ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, actualmente en trámite de aprobación por Las Cortes Generales, por el que se regularán las empresas de refinanciación de deudas, que son las que han llenado este vacío que Vd. apunta en nuestro país. Empresas que están siendo fagocitadas por la crisis económica debido al parón crediticio por parte de las entidades financieras. ASIFIN [La asociación de intermediarios de financiación] cifra en el 70% las empresas de este tipo que desaparecerán.

Si la situación era mala, ahora va a ser peor.

¿Va a sustituir el Estado a estas empresas en su totalidad? ¿Lo va a hacer él mejor? ¿En qué prevé Vd. que lo va a hacer mejor?

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35. usuario registrado gonzalo70»18/03/2009, 18:57 h.

ESta Sra no tiene ni puñetera idea de economía. Lo que nos está lanzando es el siguiente mensaje "No pasa nada si Vd se sobreendeuda, ya que detrás está Papá Estado que le protege". GENIAL !!! más gasto público.

En cuanto a lo de dar dinero a los bancos para que financie a las pymes y familias, creo que es una muestra más de "las dos tardes de clases de economía de ZP". Más lógico hubiera sido hacerlo al revés:

1. El Estado facilita el dinero a las familias y empresas [ se hubiera podido utilizar diversas estructuras para hacerlo, incluso la banca privada].
2. Este dinero terminará en el sistema financiero [la gente y las empresas terminan utilizando los bancos para mover el dinero].

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34. usuario registrado Cesio»18/03/2009, 18:27 h.

Y a las pruebas me remito. Si Zapatero entendiera el Consejo de Ministros como un organo ejecutivo de administración del estado, Mariano Fernandez Bermejo nunca hubiera sido ministro.

Porque la única función que ha tenido Bermejo en su periodo de ministro ha sido poner a caer de un burro al PP y a su gente. En exclusiva. Y la justicia que? la justicia no forma parte del plan de marketing de Zapatero por lo tanto no le interesa.

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Acerca de...

@María Antonia Trujillo

María Antonia Trujillo (Peraleda del Zaucejo, Badajoz 1960) es diputada por Cáceres, doctora en Derecho y premio extraordinario por la Universidad de Extremadura. Especialista en constitucional, ha sido consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura (2000-2003) y de Fomento (2003-2004), desde donde impulsó el Plan Regional de la Vivienda. Posteriormente fue nombrada ministra de la Vivienda en el Gobierno de España. Actualmente es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados, además de vocal de la de Economía y Hacienda.

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