marjaliza señaló que algunas se amañaron
Madrid autorizó un sueldo de 216.000€ para el jefe de las obras investigadas en Púnica
Arpegio aprobó la propuesta económica de la firma DUSA, bajo investigación de la Audiencia Nacional por las obras del plan Prisma. También dietas y gastos varios por 237.900 euros
Sueldazo de 216.000 euros para el único jefe de proyecto, gastos de desplazamiento y dietas por 120.000 euros y 'gastos varios' por 117.900 euros. Arpegio, la empresa pública de suelo de la Comunidad de Madrid investigada dentro del caso Púnica, autorizó esta propuesta económica en el contrato que adjudicó a la firma privada Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que se encargó de asesorar y apoyar a Arpegio en la gestión de las licitaciones de las 500 obras que el Gobierno regional entonces presidido por Esperanza Aguirre financió dentro del plan Prisma 2005-2006. Obras valoradas en 300 millones de euros que actualmente la UCO investiga en el marco de esta operación.
La propuesta económica y el contrato fueron firmados por Eduardo Larraz Riesgo, entonces consejero delegado de Arpegio, que este viernes comparece en la comisión de investigación sobre corrupción política puesta en marcha en la Asamblea de Madrid. Junto a Larraz, también están citados David Marjaliza, empresario y principal imputado en el caso, y Miguel Ángel Ruiz, actual viceconsejero de Medio Ambiente (del que depende Arpegio). Larraz dependía orgánicamente aquellos años de Francisco Granados, exconsejero y principal dirigente político implicado en la trama, actualmente en prisión.
El administrador único de DUSA, el empresario Adolfo Fernández Maestre, fue recolocado por el PP en el Ayuntamiento de Pozuelo. Como publicó El Confidencial, hoy es el presidente del Tribunal Económico-Administrativo del municipio, un órgano que resuelve reclamaciones sobre tributos e ingresos locales. Fue nombrado el 23 de febrero de 2012 por la anterior alcaldesa, Paloma Adrados, actualmente presidenta de la Asamblea. Larraz y Fernández Maestre firmaron el contrato, una adjudicación de 4.542.298 euros (IVA excluido). DUSA fue la única empresa que se presentó al concurso.
Fernández Maestre aportó la memoria económica de su propuesta, la que finalmente se aprobó. El propio jefe del proyecto se puso una retribución de 216.000 euros por un proyecto de un año (en 2006, el sueldo de la presidenta de la comunidad era de 100.742,91 euros anuales). DUSA es una firma constituida a finales del año 2002 con solo seis empleados y sede en la calle Génova, junto a la del PP. Pero para apoyar a Arpegio en las licitaciones de tantas obras, DUSA aportó 43 trabajadores que sumaron sueldos por valor de 2,95 millones de euros. Fernández Maestre también incluyó 120.000 euros en desplazamientos y dietas y otros 117.900 euros en "gastos varios", sin especificar.
DUSA tuvo que alquilar una oficina en la madrileña plaza de Colón, por la que pagó 108.000 euros de alquiler. El acondicionamiento del local costó 35.000 euros, y los muebles, otros 20.000 euros. Fernández Maestre también coló 300.000 euros para 'estudios previos'. Todo con dinero público. Toda esta información está incluida en el sumario de la Púnica. La Guardia Civil y la Audiencia Nacional tienen en el punto de mira a la empresa DUSA. El juez Eloy Velasco solicitó a Nuevo Arpegio (la sustituta de Arpegio) el expediente completo del contrato que DUSA se llevó el 31 de marzo de 2006, "de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas del plan Prisma para el periodo 2006-2007", adjudicado por 4.542.298 euros, IVA no incluido.
Obras bajo sospecha
Las obras del plan Prisma están bajo sospecha. David Marjaliza, que ha decidido colaborar con el juez, explicó que algunas de estas obras fueron presuntamente amañadas después de que algunas de las empresas adjudicatarias de las obras que se hacían en los municipios accedieran al pago de comisiones. En su declaración, Marjaliza implicó al actual consejero de Medio Ambiente y número tres del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada. Marjaliza incluso aportó los nombres de las constructoras que pagaron y de los directivos que lo hacían. Empresas del propio Marjaliza también se llevaron obras del Prisma por valor de 1,5 millones de euros, cuando DUSA ya tramitaba las licencias.
Granados, por su parte, fue presidente del consejo de administración de Arpegio entre abril de 2005 y diciembre de 2007, cuando este ente público dependía de su Consejería de Presidencia. Durante ese periodo, concretamente el 3 de febrero de 2006, Arpegio firmó con la Comunidad de Madrid un convenio para gestionar el plan Prisma. La planificación del Prisma era entonces competencia de la Dirección General de Cooperación con la Administración Local, en manos de González Taboada.
Es decir, que la comunidad traspasó la gestión del Prisma a Arpegio, en manos de Granados, que decidió que era necesaria una empresa privada para gestionar a su vez las licitaciones de las obras del plan, un trabajo que en teoría tenían que haber desarrollado los funcionarios de Arpegio. Esta empresa pública justificó entonces la contratación de una firma privada para que el Prisma "no interfiriera ni paralizara la actividad normal de Arpegio".
Prórrogas y ampliaciones
Este contrato inicial tuvo complementos y prórrogas. Por eso, Velasco también solicitó a Nuevo Arpegio el expediente de otro contrato a DUSA del 28 de diciembre de 2006, complementario al contrato de 31 de marzo de 2006, adjudicado por 618.000 euros (IVA no incluido). Y las tres prórrogas que hubo del principal: la del 30 de marzo de 2007, por 633.333,32 euros (IVA no incluido); la del 30 de julio de 2007, por 135.000 euros (IVA no incluido), y la del 27 de diciembre de 2007, por 154.500 euros (IVA no incluido). En total, entre la licitación inicial y las prórrogas que Granados autorizó, DUSA se llevó más de 6 millones de euros por una labor que podría haber sido asumida por funcionarios de la propia Administración.
En total, entre la licitación inicial y las prórrogas que Granados autorizó, DUSA se llevó 9.871.134 euros por una labor que podría haber sido asumida por Arpegio
Las mayoría de las facturas, a las que tuvo acceso El Confidencial, fueron firmadas por el entonces consejero delegado, Eduardo Larraz, durante años mano derecha de la exministra Celia Villalobos y que, como ya publicó este diario, tuvo una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas con "un desconocido origen de los fondos".