Cadáveres de la Complutense: el forense refleja que el formol dañó a los empleados

El informe ampliatorio realizado por el forense ya ha llegado a la Fiscalía Provincial de Madrid, que investiga la insalubre acumulación de cadáveres en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El documento entiende que sí existe una relación directa entre la sustancia utilizada para conservar los cuerpos, que emitía un fuerte olor, así como probablemente gases nocivos para la salud, y las dolencias que presentaron los trabajadores del departamento de Anatomía y Embriología Humana II -responsable de los restos humanos- que se descubrieron con posterioridad.

El informe forense ha sido entregado a la Fiscalía Provincial de Madrid con el fin de que este organismo se pronuncie sobre las consecuencias penales que debería tener esta infracción de acumular cadáveres de forma inconveniente durante años. Según fuentes de la Fiscalía, el Ministerio Público está barajando la posibilidad de calificar los hechos acaecidos en el departamento de Anatomía como un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que la imprudencia acabó finalmente afectando a la salud laboral, como indica el forense en su trabajo.

Algunos extrabajadores del departamento llegaron a denunciar haber sufrido insuficiencias respiratorias e incluso algún caso de cáncer después de haber estado expuestos durante años a los altos niveles de formol, hasta 25 veces superiores a los parámetros permitidos. Las malas condiciones de conservación existentes (cámaras frigoríficas escasas, falta de espacio, etc.) obligaban a los responsables a utilizar más formol de lo habitual.

La inspección de Trabajo impuso una sanción de 100.000 euros a la universidad por mantener en mal estado cadáveres donados por personas a la ciencia antes de morir. Según el informe elaborado por la inspectora Pilar Carranza, algunos cuerpos aún tenían "pañales puestos" y mojados, otros presentaban "diferentes estados de putrefacción", el suelo estaba repleto de "grasa" procedente de los propios difuntos y el olor era insoportable.

La universidad, por su parte, insiste en que estas informaciones en manos del fiscal "aluden a hechos pasados ya superados" y asegura que la institución tomó en su día todas las medidas indicadas por la inspección de Trabajo "para restablecer unas condiciones dignas, tanto para la conservación de cuerpos como para el personal que desarrolla sus servicios en estas instalaciones". Tras saltar la polémica, el centro universitario dirigido por Carlos Andradas adquirió su compromiso para que este tipo de situaciones no volvieran a producirse. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía podría poner en un brete a la institución.

A la espera del centro de donación de cuerpos

El consejo de gobierno de la universidad aprobó en abril la creación de un Centro de Donación de Cuerpos dependiente del rectorado para centralizar la gestión relativa a su recepción, conservación y uso con fines docentes e investigadores, y dar así carpetazo a la controversia sobre el caso de hacimiento de cadáveres. Sin embargo, Andradas prometió ya en junio -un mes después de ganar las elecciones- que en septiembre el centro estaría funcionando.

Fuentes universitarias insisten en que el centro "está en fase muy avanzada", aunque a día de hoy no hay novedades oficiales al respecto. Sí confirman miembros de la institución que se producen reuniones todas las semanas para revisar los protocolos elaborados durante la anterior etapa con José Carrillo al frente del rectorado, y que serán los mismos que regularán el funcionamiento de las donaciones. En todo caso, el área de Trabajo de la universidad deberá acometer algunas obras y acondicionar los espacios destinados al centro, lo que podría llevar un plazo de tiempo de varios meses hasta su inauguración final.

La Universidad Complutense ha sido noticia durante los últimos meses por diversas polémicas además del mencionado caso de los cadáveres de la Facultad de Medicina. El desalojo del colegio mayor San Juan Evangelista -tomado por okupas-, el asunto de los ingresos de 425.000 euros por asesoría a gobiernos latinoamericanos del profesor de Políticas Juan Carlos Monedero o la privatización de la cátedra de Memoria Histórica puesta en marcha por la docente Mirta Núñez siguen en un estado de 'stand by'.