Lo que oculta el cese del consejero Baiget: las parejas que se la juegan con el 'procés'

Cuando el pasado lunes día 3 de julio el presidente catalán, Carles Puigdemont, cesaba a su consejero de Empresa Jordi Baiget, por poner en duda el buen final del ‘procés’, las alarmas se encendieron en las dependencias del Partit Demòcrata Europeu (PDeCAT). La arremetida de un sector de los exconvergentes hacia Puigdemont fue brutal. La crisis dejaba en paños menores al Gobierno de la Generalitat, donde ya hay voces que tímidamente comienzan a dudar de la unilateralidad de un referéndum destinado al fracaso, pero también al partido: oficialmente, porque el consejero es un disciplinado hombre de Convergència bien visto y querido por todos los sectores.

“Baiget se equivocó, pero la reacción fue desproporcionada. Su actitud no es de roja directa, porque siempre ha sido disciplinado y leal”, dice a El Confidencial uno de sus compañeros de partido. Es cierto que Baiget era hombre de confianza de Artur Mas e incluso de Germà Gordó, exconsejero de Justicia y ahora marginado por el partido. Pero el entramado de intereses va mucho más allá: su jefe de gabinete, es decir, la persona de mayor confianza de Baiget es, nada más ni nada menos, que Joaquim Bohils, marido de Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. Puigdemont se metió, así, con el jefe directo del esposo de la jefa del partido.

“Desde la cúpula del PDeCAT se ha de dar la imagen de que se manda. Es cierto que estamos en un momento excepcional y que la cúpula es joven, pero han de mentalizarse de que tienen que mandar. Nuestra cultura, la de los convergentes, no es asamblearia, sino que es muy institucional. Somos disciplinados y asumimos que alguien ha de mandar”, añade la misma fuente. En esta ocasión, la estructura del partido solo enseñó tímidamente los dientes a Puigdemont, que el mismo lunes, tres horas después de cesar a Baiget, reunió a sus consejeros y a la dirección del PDeCAT en la sede del partido para impartir órdenes y consignas. Y, de paso, cerrar la crisis que amenazaba con llevárselo por delante tras el cese, porque no puede meterse con la cúpula de la organización e irse de rositas.

En cierto modo, Puigdemont ganó la primera batalla, neutralizando una incipiente rebelión que se podía producir en la novísima formación, que este mes cumple su primer año de vida sin despegar y con las encuestas en contra.

Pero la coincidencia de que el hombre de confianza de Baiget tuviese estrechos lazos con Marta Pascal es solo una de las coincidencias y paradojas que se dan en la Administración catalana. Si es verdad que la familia que trabaja unida permanece unida, la gran familia convergente tiene una larga trayectoria por delante: la propia esposa del consejero cesado, Josefina Valls, es la directora de servicios de la consejería de Gobernación, la misma que debía sacar a concurso la fabricación de las urnas del referéndum. Es cierto que la responsable del concurso es la consejera, Meritxell Borràs, pero Valls no deja de ser un cargo de confianza… alineada más con las tesis moderadas de su marido que con el tsunami separatista de Puigdemont. A la esposa del 'conseller' le corresponde también el cargo de vocal de la junta consultiva de contratación administrativa (que ocupa desde el 7 de marzo de 2016) merced a su condición de directora de servicios de su consejería.

Los favores de una letrada

La sombra de la división, no obstante, sigue asomando el hocico por los resquicios de la Administración catalana. Es público y notorio que el consejero de Interior, Jordi Jané, también adolece de cierta moderación y no ve con buenos ojos la unilateralidad ni el propósito de saltarse la legislación vigente a la torera. De hecho, es uno de los nombres al que todos los círculos políticos ubican en el sector moderado del ‘Govern’. Y eso que su esposa, Margarida Gil, era la directora del Gabinete Jurídico de la Generalitat (no es moco de pavo: su salario es equiparable al de un consejero, por lo que cada uno de los miembros del matrimonio cobra 109.314,30 euros anuales del erario público).

El nombre de Gil, no obstante, apareció vinculado con actuaciones sospechosas en algunos de los escándalos que han asolado a la clase convergente

Gil fue la responsable de que el Gobierno catalán, como miembro del Patronato del Palau de la Música, no reclamase en el juicio de este mes de junio los más de seis millones de euros que se llevó CDC de las arcas de esta institución. ¿Cómo va una convergente a reclamar que su partido devuelva lo robado? ¡Faltaría más! Pero a estas alturas de la película, un escándalo más o menos ya no parece importar. Los socios de Gobierno y los radicales de la CUP alzaron la voz contra los exconvergentes y ahí acabó todo: enseguida cerraron filas con el PDeCAT para que el escándalo se olvidase y no volvieron a hablar del asunto.

El nombre de Gil, no obstante, apareció vinculado con actuaciones sospechosas en algunos de los escándalos que han asolado a la clase convergente en la última década. Cuando el entonces hombre fuerte de CDC, Oriol Pujol, estaba siendo investigado por el caso ITV, Gil intentó arreglar bajo mano la situación y mantuvo una comida con un magistrado dispuesto a solventar el arreglo del nuevo mapa de las ITV. El magistrado fue posteriormente condenado a dos años de inhabilitación mientras ella tenía que declarar como testigo en ese proceso.

Hace escasas semanas, Gil fue cesada “a petición propia” el pasado 13 de junio, pero no se ha quedado tirada en la carretera, puesto que el mismo día había sido nombrada miembro del Consejo de Garantías Estatutarias, un premio que puede contentar a todos: a los que la querían desalojar del gabinete jurídico para poner a juristas más duros y en consonancia con el referéndum, y a ella misma, que tendrá un cargo más institucional y con menor proyección mediática, es decir, que pasará a trabajar con una mayor comodidad. La letrada tomó posesión de su nuevo cargo este 7 de julio, en un acto que presidió Puigdemont, un día después de que ese organismo aprobase por unanimidad un duro dictamen contra las reglas que los independentistas imponen en el Parlamento catalán.

Las esposas enchufadas

Hay más matrimonios de connivencia dentro de la Administración catalana: el consejero de Territorio, Josep Rull, logró que su esposa, Meritxell Lluís, fuese contratada por el Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès. Luego, pasó a la Generalitat como directora de relaciones con las entidades locales. Se conocieron en las juventudes de Convergència hace más de 20 años y ahora son una de las parejas con más peso dentro de la estructura convergente. El 1 de agosto del 2015, Lluís cesó en sus funciones (en la actualidad, hubiese estado a las órdenes de su marido) al presentar su renuncia al cargo para dedicarse a su labor como concejala en Terrassa. Socia de Òmnium Cultural y militante de CDC desde 1993, Meritxell Lluís fue durante años la vicepresidenta y la presidenta de Convergència en su comarca.

La directora del Instituto Catalán de Energía (Icaen) y directora general de Calidad Ambiental (que depende de la consejería de Territorio de Rull), Assumpta Farran, es, a su vez, esposa del exdiputado y exsenador Pere Macias, que hoy oficia como el responsable del proyecto de conexión de las dos líneas de tranvía, que Ada Colau quiere aplicar partiendo en dos la ciudad, al insertar la vía por la mismísima Diagonal, la principal vía de salida y entrada a la ciudad.

Otra de las mujeres fuertes del ‘Govern’ es Núria Betriu, esposa del ex director general de los Mossos d’Esquadra, Manel Prat. Betriu es actualmente consejera delegada de la Agencia para la Competitividad de la Empresa (Acció), que engloba también el cargo de directora general de Industria. Betriu fue fichada para la Generalitat en el año 2013 por el entonces consejero de Empresa, Felip Puig, que la designó responsable del programa Catalunya Emprèn. El marido de Betriu había sido hasta poco antes el hombre de confianza de Puig en la consejería de Interior, no en vano también le había nombrado a él director general de los Mossos. Un año después, en 2014, el consejero la ascendió a directora general de Industria.

Las sospechas sobre Puig

No es el único nombramiento sospechoso relacionado con Puig: su hermano Oriol fue designado director del Servicio de Meteorología de Cataluña. Más curioso, sin embargo, es la circunstancia de que dos exesposas de Puig consiguieron acomodo en la Administración catalana: se trata de Vicenta Llanas, con puesto en Adigsa (la empresa que controla toda la vivienda pública de Cataluña, de la que precisamente Felip había sido presidente hace años) y Josepa Ninou, exgerente del Centro de Promoción de la Cultura Popular y Tradicional Catalana. La cuñada de Felip Puig, Núria Olivella (casada con su hermano Oriol), protagonizó también una singular historia al entrar en la Generalitat en el año 2012 para hacer una sustitución temporal en el gabinete jurídico de la Generalitat y quedarse luego con la plaza tras un concurso que fue calificado de prueba “a medida”. Su labor era defender a la Generalitat por demandas de responsabilidad patrimonial y en materia sanitaria, a pesar de que no tenía apenas experiencia laboral. El asunto acabó en los tribunales, con acusaciones de tráfico de influencias. La sentencia anuló la contratación por no ajustarse a derecho.

El recorrido por los matrimonios de connivencia se cierra con el nombramiento de Núria Betriu como directora de Comunicación del Puerto de Barcelona en el año 2011, recién llegado Artur Mas a la Generalitat y su íntimo amigo Sixte Cambra a la presidencia del Puerto. Burguera es la esposa de Enric Ticó, que el 25 de enero de 2011 fue nombrado presidente de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Ticó ya había tenido cargos de responsabilidad en la Generalitat de los años 90, siendo director general de Puertos y Transportes bajo el mando de los sucesivos consejeros del ramo: Artur Mas, Pere Macias y Felip Puig, que cronológicamente encabezaron la consejería de Política Territorial y Obras Públicas. El círculo de connivencia, pues, se cierra siempre con los mismos nombres e intereses.