Inversiones, CGPJ propio, lengua… las otras recetas de PSOE y PSC para Cataluña

Ni el PSOE ni el PSC han inventado la pólvora. Los socialistas llevan años reflexionando sobre el abordaje del desafío soberanista en Cataluña, dedicándole horas y horas y produciendo documentos que, de un modo u otro, vuelven y precisan a la primera fuente, la 'Declaración de Granada', que pactaron hace justo cuatro años, en 2013. Pero en este tiempo la situación se ha enredado mucho más —ha ido "a peor", suele repetir Pedro Sánchez—, el referéndum unilateral del 1 de octubre está más cerca y la locomotora secesionista parece esta vez no querer pararse —ahí está la 'purga' de Carles Puigdemont a parte de su Gobierno, ejecutada este viernes—. Así que PSOE y PSC han puesto en marcha la maquinaria para realizar una oferta política capaz de evitar "el choque de trenes" el 1-O y con la vista puesta en unas eventuales futuras elecciones autonómicas, el plan B que creen que saldrá adelante si fracasa la apuesta separatista.

Todo eso subyace bajo la 'Declaración de Barcelona. Por el catalanismo y la España federal' [aquí en PDF], el documento de 10 páginas que acordaron este viernes las ejecutivas de PSOE y PSC en la sede de la calle de Nicaragua de la capital catalana. Con el triple objetivo de lanzar una propuesta que seduzca a la sociedad catalana y esquive la ruptura, implementar iniciativas parlamentarias para desbloquear los "más de cinco años de discriminación del Ejecutivo central a Cataluña" e iniciar los trabajos para una reforma federal de la Constitución que "una de nuevo a todos" los españoles, los dos partidos recogen y concretan lo que escribieron en Granada en 2013. Insisten en que solo con "el diálogo, la negociación y el pacto" se puede encontrar una salida satisfactoria que concite grandes mayorías en Cataluña y en el conjunto de España, y por eso mismo rechazan "de plano" cualquier "propuesta unilateral o ilegal" como la del 1-O. Así que juzgan que ha de ponerse en marcha "desde ya" un proceso de "fortalecimiento del autogobierno de Cataluña", de mejora de su financiación, de "mejor reconocimiento de su pluralidad nacional" y de su papel "motor" en el país.

[Consulta aquí en PDF la 'Declaración de Barcelona' de 2017 y aquí, la de Granada, de 2013]

La "oferta política" para desatascar el conflicto bascula sobre siete grandes ejes. El más importante y sensible es, desde luego, la reforma federal de la Constitución. PSOE y PSC sostienen que esta debe contener cuatro cuestiones básicas: el reconocimiento de "las aspiraciones nacionales" de Cataluña, unas nuevas reglas para el reparto competencial, una revisión del modelo de financiación autonómica y la reformulación del Senado para sea la expresión de esa España federal. Los socialistas entienden así "prioritario" impulsar "en el próximo periodo de sesiones", a partir de septiembre, una subcomisión en el Congreso "o el órgano parlamentario que se considere más conveniente", y avalada por un "amplio grado de acuerdo que comience a trabajar en sus contenidos desde los principios del consenso, el diálogo y la pluralidad". En el fondo, el PSOE, más que nunca, se impregna de las proclamas de siempre del PSC, se catalaniza para hacer frente al secesionismo. No en vano, el secretario general lleva luciendo ese apellido catalanista desde el 39º Congreso que cerró en Madrid el 18 de junio.

La declaración de este viernes no va mucho más allá que la de Granada de 2013, pero sí concreta y habla de "fortalecer el autogobierno" de Cataluña

Sánchez subrayó que no tenía problemas en que la discusión en el Congreso comenzase a partir del 1-O si así lo creía mejor uno de sus aliados en esta materia, Albert Rivera, que exige desvincular la respuesta del Estado al órdago de Junts pel Sí y la CUP del debate sobre la reforma de la Carta Magna. "Perfecto, pero que se haga", ponía como condición el secretario general. Los socialistas saben que necesitan que la formación naranja esté de acuerdo: solo con ellos y con Unidos Podemos pueden vencer al PP en la Mesa de la Cámara Baja para que esta acepte tramitar la petición, y con ambas "fuerzas del cambio" tiene mayoría en el pleno para sacar adelante esa subcomisión o comisión mixta o de estudio. Sánchez espera que, si en este primer paso, la creación del órgano parlamentario, no se suma el PP, sí se verá obligado a incorporarse a los debates sobre el cambio de la Carta Magna. Lo que no acaba de ver el PSOE es una "mesa de partidos", un marco informal de diálogo, como quiere C's: prefiere que se vehicule a través de un foro institucional.

Bajo el paraguas de "aspiraciones nacionales" —expresión empleada en Granada—, PSOE y PSC reflejan el reconocimiento del carácter "plurinacional" del Estado que aprobó el 39º Congreso (y no se encontraba en el texto de 2013) y que ahora es ley, recordó Sánchez, para todos los socialistas de todas las federaciones (incluida la Andalucía de Susana Díaz). El líder sigue creyendo que esa definición puede recogerse modificando el Título VIII de la Constitución, el que aborda la organización territorial, sin necesidad de tocar el sacrosanto artículo 2.

Los 46 puntos… menos uno

El segundo eje se remite a las 46 reivindicaciones que Carles Puigdemont presentó a Mariano Rajoy en su entrevista en abril de 2016. Algunas de esas demandas, dicen los socialistas, pueden resolverse en los marcos de diálogo previstos entre el Estado y las comunidades autónomas (descentralización del 0,7% de IRPF, la comisión de financiación autonómica o la comisión de financiación local impulsadas por la Conferencia de Presidentes del pasado enero). Pero otras podrían resolverse, apuntan, en el ámbito parlamentario (el voto de los residentes en el exterior, que está estudiando la subcomisión de la reforma de la Ley Electoral o el respeto al modelo de escuela catalana, que se analiza en la subcomisión del Pacto de Estado por la Educación).

Los socialistas remarcan que, salvo en el referéndum, sí hay posibilidades de diálogo en las exigencias planteadas por Puigdemont a Rajoy

Hay otro paquete de exigencias que ya han llevado PSOE y PSC al Parlamento (mayor presupuesto para políticas sociales, atajar la pobreza energética, acogida de refugiados, universalización de la sanidad, cumplimiento de la Ley de Dependencia…). Los socialistas concluyen que, "salvo la demanda relativa al referéndum, los socialistas vemos posibilidades de diálogo y acuerdo y, ante la falta de voluntad de ambos Gobiernos, plantearemos iniciativas concretas". Pero no hay calendario concreto, como sí se había prometido. Ni Ferraz ni Nicaragua defienden una consulta pactada, porque, como el PP, juzgan que la soberanía nacional es única, de todo el pueblo español, y no cabe el derecho a decidir.

El desarrollo de lo anulado por el TC

La recuperación de las partes del Estatut de 2006 tachadas de la sentencia del Tribunal Constitucional dictada en 2010 es otro de los capítulos recurrentes para los socialistas. Sin ir más lejos, la gestora de Javier Fernández ya incluyó este punto en la ponencia marco del 39º Congreso. Bajo este epígrafe se incluyen varias iniciativas que el PSOE quiere impulsar:

• La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña", que suprimió el TC casi en su totalidad, y configurándolo como "una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial. Esta medida supondría caminar hacia un órgano de los jueces propio para Cataluña. Nada nuevo bajo el sol, recordó Iceta, porque ya lo incluyó la 'Declaración de Granada' de 2013 tras intensos debates. Entonces se especificaba que los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades fuesen la última instancia jurisdiccional, y que el Supremo se reservase la unificación de doctrina.
• PSOE y PSC piden derogar la reforma local aprobada por el Gobierno de Rajoy en 2013 y que, en el caso de Cataluña, se reconozca la institución de las veguerías como "entidad local distinta de la provincia" y que se ajuste la delimitación provincial a las veguerías proyectadas en el Estatut de 2006. También defienden reconocer a la Generalitat la capacidad legislativa para establecer y regular tributos propios de los Gobiernos locales.
• La presentación de una proposición de ley en las Cortes que obligue a que haya un acuerdo previo con los Ejecutivos autonómicos para las inversiones estatales en bienes y equipamientos culturales.
• La culminación del traspaso de las transferencias pendientes a Cataluña. Los socialistas incluyen competencias como salvamento marítimo y protección civil, mutuas de accidentes de trabajo o la ejecución de la legislación estatal en materia de relaciones laborales. No se incluyen otros poderes que sí recogió Puigdemont como el control de puertos y aeropuertos.

Un nuevo sistema de financiación autonómica

Otra de las piedras nucleares. Los socialistas recuerdan que el actual sistema debía haber sido revisado en 2014 y que el Gobierno central ha impuesto a las comunidades un "excesivo esfuerzo de reducción del déficit", cuando son ellas las que soportan el Estado del bienestar.

El texto pide derogar la reforma local y que se reconozcan las veguerías como entidades distintas a las provincias, y transferir los poderes pendientes

Por eso, PSOE y PSC se conjuran para impulsar a través de la Conferencia de Presidentes y del Consejo de Política Fiscal y Financiera una mesa de negociación que busque "el acuerdo sobre un sistema de financiación más justo y equilibrado". La cumbre autonómica de enero ya consensuó crear una comisión de expertos nombrados por la Moncloa y las CCAA para que estudiara el cambio en el sistema, que ya funciona pero que aún no ha alumbrado un informe. Sus recomendaciones, de hecho, se publicarán en las próximas semanas, antes del 10 de agosto, fecha tope. Lo que no se defiende es el pacto fiscal, la propuesta de creación de una Hacienda propia que Artur Mas esgrimió en 2012 y que fue desestimada por Rajoy.

Más dinero para Cataluña

La inversión en infraestructuras es "esencial para la vertebración y la cohesión social y económica de un territorio", dice la 'Declaración de Barcelona'. Pero la crisis, advierte el documento, ha "ralentizado o paralizado" algunas de las obras pendientes. Por eso PSOE y PSC apuestan por recuperar el nivel de inversión del Estado en Cataluña —prorrogando la disposición adicional tercera del Estatut, para que los Presupuestos del Estado destinen el porcentaje de inversión que corresponde a la participación de la comunidad en el PIB—; la finalización de la construcción del Corredor Mediterráneo, desde Algeciras a la frontera francesa; la mejora de la red de Cercanías o acabar el soterramiento de vías convencionales de ferrocarril en varios puntos de Cataluña.

El catalán, más protegido

Los socialistas concluyen que "gran parte de la insatisfacción" existente en Cataluña se debe a la falta de reconocimiento de elementos simbólicos referidos a su "identidad nacional" y a su historia. Por ello, plantean que las Cortes aprueben su proposición de ley orgánica, ya registrada, de reconocimiento y amparo de la "pluralidad lingüística de España" —es decir, blindar el catalán y el resto de idiomas cooficiales—, culminar el "reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado, asegurar la presencia de la cultura catalana y aranesa en la Unesco o la anulación "radical y expresa" del juicio al 'expresident' Lluís Companys, iniciativa esta última que ya está redactada y lista para su tramitación en el Congreso.

PSOE y PSC se detienen en elementos simbólicos como lengua y memoria histórica, en la urgencia de más infraestructuras o en proyectar Barcelona

Mayor peso para Barcelona

Barcelona debe ejercer su liderazgo como "gran capital catalana, española y europea" y debe "albergar también otros organismos de ámbito estatal". En los programas electorales de Sánchez se proponía, por ejemplo, que acogiese el Senado. En este documento no se concreta más. Los socialistas se comprometen a seguir impulsando la ciudad como sede de la Agencia Europea del Medicamento y del Tribunal Marítimo Internacional, y a promover que Barcelona y su área metropolitana sean un nodo de la economía de la innovación y el conocimiento.

Un texto a varias manos

Las direcciones de PSOE y PSC estuvieron trabajando en la Declaración de Barcelona en los últimos días y bajo un enorme hermetismo. Pero tampoco había elementos en la chistera o que no fueran suficientemente conocidos. Ni siquiera la programación de iniciativas se dio a conocer, más allá del anuncio de que la petición de creación de un foro parlamentario para discutir la reforma constitucional se hará a la vuelta del verano. 

El texto tiene varios padres. Por parte del PSOE: el secretario de Organización, José Luis Ábalos; la portavoz parlamentaria, Margarita Robles; o los secretarios de Política Federal e Igualdad, el exlendakari Patxi López y la exministra y constitucionalista Carmen Calvo. Por parte del PSC: el responsable del aparato, Salvador Illa, o la encargada de Impulso Federal, la diputada en el Congreso Meritxell Batet. Y todo ello bajo la supervisión de los dos líderes: Pedro Sánchez y Miquel Iceta.