El dinero oculto de 'Waka Waka': multinacionales bajo sospecha en la SGAE

“Esto es como 'Juego de Tronos'”, afirmó Pilar Jurado a los pocos días de ocupar la presidencia de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) el pasado marzo. Y no iba desencaminada. En el bello Palacio Longoria de Madrid –sede de esta entidad- hay diferentes casas, muchos intereses cruzados y todo tipo de intenciones. La última noticia: una auditoría externa encargada en marzo de 2018 durante la presidencia de José Miguel Fernández Sastrón para analizar la situación contractual de las obras musicales (tanto españolas como de catálogo extranjeros) de Pequeño Derecho (los músicos) y Audiovisuales que hayan tenido explotación desde 1987 y recaudado por derechos de reparto entre 2011 y 2015, ha arrojado un resultado demoledor (para los intereses, esta vez, de las discográficas multinacionales)

Según ha podido saber 'El Confidencial', el 57,4% de las 468 obras analizadas (escogidas de forma aleatoria), es decir, 268, están incompletas: cuando se analiza la hoja de liquidación de la SGAE, no hay una correspondencia entre lo que dice el contrato y lo que la SGAE da a los titulares de los derechos (autor y editor), o ni siquiera llega a haber contrato. Esto último sucede con 127 obras (el 27,13%) y “sin embargo, en el 80% de las hojas de liquidación de la SGAE aparecen las multinacionales (Universal, Sony, Warner/Chappell, BMG, PeerMusic) como editoras o subeditoras y, por tanto, destinatarias de los derechos cobrados”, se señala en la auditoría. Esto ocurre con canciones como 'Baila Morena', 'Camisa Negra', 'Será que no me amas', 'Clavado en un bar' o 'Valió la pena', entre otras muchas.

El 57,4% de las 468 obras analizadas están incompletas: no hay correspondencia entre lo que dice el contrato y lo que la SGAE da a los titulares

Con las 141 obras restantes lo que sucede es que no se puede verificar que las liquidaciones realizadas se correspondan con los contratos suscritos por falta de contratos de coedición, o subedición, incluso habiéndose identificado discordancias entre los porcentajes que se están liquidando. También aparecen modificaciones manuscritas. Incluso se han identificado liquidaciones que contienen reparto por reproducción de medios online sin estar acreditada documentalmente. Entre estas canciones se encuentran 'Caminando por la vida', 'Depende', 'Waka Waka' 'Aserejé, editadas también por las grandes discográficas. En definitiva, lo que parece es que las liquidaciones no parecen del todo bien hechas.

La cuantificación total de lo que generan estas obras para estas multinacionales – hay quien estima que serían “cobros millonarios”- es imposible de calcular puesto que habría que analizar todas las canciones de los repertorios que maneja la SGAE, lo cual es una tarea elefantiásica. Lo que sí determina la auditoría es que estas grandes discográficas resultan beneficiadas con respecto a los editores musicales de la televisión, que creen que, por este motivo, la SGAE ha hecho una dejación de funciones en cuanto a la protección y reparto de la recaudación.

El trío calavera

En esta última frase aparecen, precisamente, dos de los grandes protagonistas de una de las batallas más cruentas que existen ahora en la SGAE: es el trío formado por las multinacionales, los editores independientes y las televisiones. Y hay que tenerlos muy en cuenta para entender cómo se recauda en la SGAE y por qué están enfrentados. Y, por supuesto, aquí hablamos de peculio.

La mitad de todo el dinero que recauda la SGAE procede de las televisiones –la emisión de música, obras audiovisuales-. En la tele hay una serie de tarifas según el minuto, y por eso hay diferencias entre el prime time u otros horarios con mayor o menos audiencia. Por otro lado, la tele –como el bar del pueblo- paga una determinada cantidad al año a la SGAE para poder emitir estas obras que tienen su copyright.

La obra en cuestión genera unos determinados derechos de autor, que se reparten entre el creador y el editor, en la mayoría de los casos, al 50%. En este negocio entraron también las multinacionales, que querían su parte del pastel sobre todo una vez que la venta de discos empezó a caer. Pero no iban a estar solas.

Lo que hizo la tele –los grupos Atresmedia y Mediaset- para quedarse con parte del dinero que iba a la SGAE fue crear editoras musicales para mover la obra de un determinado autor en la tele y entonces cuando se emitiera, de esos derechos generados, una mitad iría a este autor y la otra mitad a la editora musical televisiva. Lo que conseguiría la televisión es que una parte del dinero se quedara allí y no fuera a la SGAE. Esto es legal y no hay fraude (a no ser que se hayan registrado arreglos que son mínimas variaciones de canciones y como vuelven a generar derechos de autor ese es un dinero que va al autor que ha hecho esa mínima modificación: el caso de la Rueda).

Esta auditoría es el último zarpazo que sucede en el entorno de la SGAE. No tardará mucho en aparecer el siguiente. Y todo bajo el yugo de la posible intervención por parte del Ministerio de Cultura –a expensas ya de la autorización del juez-, sobre la que se han posicionado a favor las multinacionales y que la SGAE está tratando de evitar a toda costa.

Cronología de la batalla

Sigue el dinero, dice uno de los personajes de la película 'Todos los hombres del presidente'. Y para averiguar lo que ocurre en la SGAE hay que pensar, sobre todo, en los intereses económicos de los implicados en las diferentes batallas que existen desde hace años. Una de ellas es la que mantienen las multinacionales discográficas (Warner/Chappell, Sony ATV, Universal Publishing, BMG y Peermusic) contra la junta directiva de la SGAE desde los tiempos de José Miguel Fernández-Sastrón (y que José Ángel Hevia reavivó), y donde aparecen también como interesadas las editoras discográficas de la televisión, al ser las que obtienen reingresos económicos, como autoras, de la música que se emite en la tele. Y esto no es nada baladí puesto que es una de las grandes bolsas de recaudación de la SGAE.

Esta es la cronología de cómo empezó esta guerra que casi deja en mantillas a la batalla de Stalingrado. Quiénes son los contendientes y, sobre todo, por qué luchan (véase: dinero).

Enero de 2015: El guionista José Luis Acosta es elegido presidente de la SGAE. Procede del Colegio Audiovisual y gana frente a su gran rival, José Miguel Fernández-Sastrón, que defiende los intereses de los músicos y también la emisión de la música en horario nocturno (donde presuntamente se está produciendo un fraude económico, como ya había asegurado Antón Reixa en 2013 aunque no se llegó a investigar). Varios editores musicales independientes como José Ángel Hevia a través de su discográfica Busindre se movilizan para demandar a las multinacionales que se encuentran en la junta directiva (y en algunos casos han estado veinte años). Aducen que estas son juez y parte en el reparto de derechos de autor y que ello es contrario a la Ley de Propiedad Intelectual. También hay otra intención que es controlar el poder que tienen las multinacionales.

Abril de 2016: Fernández-Sastrón es elegido presidente de la SGAE tras la dimisión de Acosta en marzo, que afirmó que su vida personal y su salud se había visto gravemente afectada durante su mandato. Los músicos (independientes) recuperan el poder.

Junio de 2017: La policía entra en la sede de la SGAE y detiene a 18 personas. Es la judicialización del caso Rueda –el fraude por la emisión de música en televisión en horario nocturno-. Este asunto es tangencial a la batalla, pero muy determinante. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno señala que hay un fraude de 100 millones de euros con la música emitida de madrugada (y todo en connivencia con las televisones, ya que también se llevaban una parte de ese dinero), ya se utilizaban supuestas modificaciones de obras originales que también generaban derechos de autor. Afecta principalmente a editores independientes (no está Hevia entre ellos).

Octubre de 2017: Una sentencia da la razón a las editoriales independientes y las multinacionales tienen que abandonar la junta directiva de la SGAE. En diciembre de ese año son expulsadas.

Marzo de 2018. La junta directiva de Fernández-Sastrón pide una auditoría externa para analizar los contratos y la trazabilidad de los derechos de autor de las obras musicales (tanto españolas como de catálogo extranjeros) de Pequeño Derecho y Audiovisuales que hayan tenido explotación desde 1987 y recaudado por derechos de reparto entre 2011 y 2015. Quieren averiguar cuánto dinero y cómo lo están recaudando principalmente las multinacionales.

Junio de 2018: La Asamblea General de la SGAE rechaza la gestión de Fernández-Sastrón. Deben convocarse unas nuevas elecciones.

Julio de 2018: Las multinacionales amenazan con retirar su repertorio. Su aportación, según ellas, son 30 millones de euros, un tercio de la recaudación de la SGAE.

Septiembre de 2018: El Ministerio de Cultura entra en el terreno pantanoso y apercibe a la SGAE. Le pide que cambie sus estatutos, que modifique los sistemas de reparto –por todo el embrollo con multinacionales, las televisiones, los independientes- y que disponga del voto electrónico. En realidad, el asunto es la gestión de la recaudación y qué va a quién. Por las mismas fechas, Sastrón es imputado por el caso Rueda. La maquinaria se está empezando a mover en otra dirección.

Octubre de 2018: Se convocan las elecciones. Muchos músicos de las multinacionales se movilizan a favor del boicot. Se pide también la intervención del ministerio. Sin embargo, ganan las elecciones los músicos que defienden a las editores independientes (y contra las multinacionales). Están de parte de los editores discográficos de la televisión. Por eso no extraña que Hevia, impulsor de la demanda contra las multinacionales, sea elegido presidente

Noviembre de 2018: El juez anula la sentencia contra las multinacionales por un defecto de forma en el juicio. Las multis pueden reingresar en la junta, pero hay una nueva situación y ahora las multinacionales no quieren estar en esa junta de Hevia.

Diciembre de 2018: Atresmedia y Mediaset (las televisiones) denuncian a la SGAE por haber cambiado el modelo de reparto en noviembre. Las televisiones creen que ahora la SGAE favorece a las multinacionales y que está llevando a cabo una dejación de sus funciones (recaudar y gestionar). La Junta de Hevia no logra aprobar por mayoría la modificación de los Estatutos. El Ministerio les pide los documentos para preparar la posible intervención.

Enero de 2019: La SGAE denuncia a músicos de Warner Music como Sabina, Alejandro Sanz o Pau Donés. Es una denuncia por presunto fraude fiscal. Algunos lo entienden como una venganza de Hevia contra las multinacionales.

Febrero de 2019: Todo se precipita. El 18 el Ministerio solicita la autorización al juez para intervenir la SGAE. Desde la entidad de derechos comienza una carrera frenética por pararla. El 28 hay una moción de censura contra Hevia (a varios sectores de la entidad no ha gustado cómo ha llevado su mandato), que pierde, pero es elegida presidenta Pilar Jurado, también del colegio de los músicos. Se mantienen en la junta los mismos miembros que con Hevia. También se aprueba la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual –una de las últimas acciones de la era de Pedro Sánchez- que determina en su artículo 159 que “aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no ocupen puestos en los órganos de gobierno y no participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de interés”. Ningún editor con intereses en el reparto podrá estar en la junta directiva que decide los sistemas de reparto, lo cual parece muy obvio pero hasta ahora no se ha aprobado.

Marzo de 2019: Jurado cambia los órganos de dirección como el del director general y coloca a personas cercanas a su entorno (algunas como Miguel Ángel Recio han trabajado en el Ministerio de Cultura en la época de Rajoy) Cambios en los órganos de dirección (como la dirección general). Todos los esfuerzos van en pos de parar la intervención del ministerio.

Abril de 2019: La Auditoría encargada en tiempos de Sastrón revela que un porcentaje alto de obras musicales carecen de contrato y es imposible saber la trazabilidad del dinero. Son obras que carecen de un documento contractual, pero que, sin embargo, continúan percibiendo derechos de autor. Y estos derechos de autor, en varios de estos casos, va a parar a las multinacionales.