¿Qué papel debe jugar el Estado en la educación española? Posibles propuestas

Una de las cosas que caracterizan a los optimistas es que pensamos que se puede aprender de la experiencia. Por eso, en este momento, estudio la historia de los pactos educativos fallidos para ver si podemos evitar otro fracaso. Una y otra vez, emergen tensiones que parecen haberse hecho inevitables y crónicas. Una de ellas se da entre las competencias educativas del Estado y el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos. Otra, entre la educación como servicio público gestionado directamente por el Estado y la gestión privada de ese servicio público, por ejemplo, mediante conciertos.

El éxito de empresas como Apple está fundado en investigaciones realizadas con fondos federales, que luego fueron puestas a disposición de la industria

En el fondo de ambas tensiones, laten dos concepciones distintas del Estado y de sus funciones. Las numerosas teorías del Estado se alinean entre dos extremos. En uno de los polos, estaría el Estado totalitario; en el otro, los movimientos anarquistas que piden la abolición del Estado, o el marxismo que predice su desaparición. En zonas mas templadas, los socialismos reclaman una acción poderosa del Estado para instaurar la justicia social, mientras que los liberales sostienen que para encontrar esa justicia es mejor reducirlo al mínimo. En el primer caso, el Estado tiende a asumir un protagonismo social y económico fuerte. En el segundo, debe limitarse a proteger la seguridad y la propiedad. En el campo educativo, el enfrentamiento se manifiesta en un caso como la afirmación de que el Estado debe gestionar directamente el sistema educativo básico, universal y gratuito; en el otro, en la tesis de que la educación debe estar dirigida por la libre elección de los padres.

El Estado promotor

Ese enfrentamiento olvida un concepto del Estado -que denominaré Estado promotor- que me parece el más adecuado a la situación actual. Su obligación es diseñar democráticamente los grandes objetivos nacionales, su evaluación, promover las condiciones necesarias para su consecución y movilizar a la sociedad para que colabore. Un Estado promotor, por ejemplo, debe seleccionar el mejor modo de financiar investigaciones que permitan al sistema productivo mejorar su competencia. Es lo que durante decenios han hecho los gobiernos de EEUU. Mariana Mazzucato, en su obra 'El Estado promotor', ha mostrado que el éxito de empresas como Apple está fundado en investigaciones básicas realizadas con fondos federales, que luego fueron puestas a disposición de la industria. Una función parecida está presente en nuestro derecho administrativo, bajo el concepto de 'fomento': aquella modalidad de intervención administrativa consistente en dirigir la acción de los particulares hacia fines de interés general mediante el otorgamiento de incentivos diversos.

Las tensiones entre Estado y particulares en el mundo de la educación podrían resolverse con una idea más acertada del Estado. El Estado promotor debe garantizar una educación excelente, integrada, buena para los intereses individuales y sociales, respetuosa y estimuladora de todos los derechos. Pero no tiene por qué tener el monopolio de su ejecución, a no ser que sea indispensable para la consecución de los objetivos. Los trabajos de Bresser-Pereira y Cunill sobre “lo público no estatal” ayudan a definir el espacio público como aquello que afecta al bien común, pero que no es monopolio del Estado.

En el caso de la educación, sería deseable que el Estado compartiese la gestión con iniciativas educadoras no lucrativas, financiadas con fondos públicos. Necesitamos atraer recursos a la educación, por ejemplo, implicando de forma más organizada a las numerosas fundaciones educativas que hay en España, o incluyendo el apoyo a la escuela entre las posibles aplicaciones de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Basta pensar en cómo podrían ayudar a la organización de una formación profesional dual de calidad, o colaborar con los deberes educativos de los padres, favoreciendo la conciliación familiar. La enseñanza concertada también es una forma de conseguir que la sociedad colabore con la escuela pública. Para ello, basta con cumplir escrupulosamente la ley que impone las normas de los conciertos, entre las que se incluye que no pueden ser actividades lucrativas. La participación del tercer sector en la educación debe considerarse como una valiosa aportación de recursos al sistema educativo público.

La idea de ese superministerio encargado de impulsar la creatividad de la nación no es nueva. Movió la creación en 1832 del Ministerio de Fomento

La semana pasada, sugería que si queríamos modernizar España, necesitábamos que el Ministerio de Educación, Innovación y Desarrollo tuviera una vicepresidencia. La idea de ese superministerio encargado de impulsar la creatividad de la nación no es nueva. Movió la creación en 1832 del Ministerio de Fomento, que incluía la instrucción pública y muchas cosas más. Posteriormente, tuvo dos subsecretarías. Una de instrucción pública y otra de obras públicas. Solo en 1900, la educación se independizó como ministerio. Creo que necesitamos remontarnos a las fuentes y estimular el fomento del aprendizaje, de la creatividad, del emprendimiento, del capital social, del progreso.