El plan de Suecia para crear empleo y combatir la obsolescencia programada

¿De qué manera puedes combatir la obsolescencia programada, luchar contra la contaminación y, al mismo tiempo, favorecer el comercio local y generar puestos de trabajo? El actual Ministerio de Hacienda sueco lo tiene claro: promoviendo exenciones fiscales a la reparación de todo tipo de productos, desde las ropas hasta las lavadoras, pasando por las bicicletas o las neveras. El IVA de dichos servicios será reducido desde el 25% hasta el 12% y se podrá reclamar el IRPF en el caso de los electrodomésticos.

Si todo marcha según lo previsto, es decir, si se aprueba la medida el próximo mes de diciembre, esta entraría en vigor el 1 de enero del próximo año. Aunque el objetivo de la propuesta es, ante todo, reducir el impacto medioambiental de la fabricación de bienes, el adjunto al Ministro de Hacienda sueco, el biólogo Per Bolund, considera que puede tener muchas otras consecuencias deseables, como ha explicado a 'Apolitical'.

Como la producción ha sido automatizada, apoyar las reparaciones provocará la creación de nuevos puestos de empleo

“Muchos de nosotros tenemos una bicicleta rota por algún sitio, no la arreglamos y por lo tanto empezamos a utilizar otros medios de transporte”, explica como ejemplo. La ayuda fiscal tiene el objetivo de que el coste para el consumidor descienda de manera que prefiera reparar a comprar y, de esa manera, estimular la aparición de nuevos talleres de reparación. El coste que supondrá este impuesto, calculado en unos 48 millones de dólares, será complementado con un impuesto sobre los productos químicos dañinos en los electrodomésticos.

El objetivo parece claro: apoyar a los pequeños comerciantes locales en detrimento de las grandes multinacionales fabricantes. Pero también se trata de una manera de solucionar el problema de la mecanización de muchos puestos de trabajo. “Sabemos que las reparaciones son más laboriosas que la producción, que ha sido tremendamente automatizada, así que estimular las reparaciones puede contribuir de verdad a expandir el mercado laboral y a acabar con el desempleo”, ha explicado Bolund.

El objetivo es apoyar a las capas sociales más perjudicadas por el desempleo, es decir, a aquellos que carecen de formación universitaria y que serán los que más notarán la robotización de muchos procesos. “Especialmente porque los servicios de reparación requieren el conocimiento de ciertas habilidades pero no una formación muy alta, así que creemos que hay un amplio sector de la fuerza laboral desempleada se puede beneficiar”.

Por supuesto, reconoce, es también un empujón a la industria local sueca: “Porque por naturaleza, las reparaciones se llevan a cabo cerca de donde vives”, explica. “Así que esto contribuirá a la aparición de trabajos locales por todo el país. Por el contrario, la manufactura a gran escala está muy centralizada y solo puede desarrollarse en unas pocas ciudades y en el extranjero”. Es un plan ambicioso: no se trata tan solo de combatir el cambio climático –hay que recordar que Bolund pertenece a los Verdes suecos, que están en el gobierno junto a los socialdemócratas–, sino también de frenar algunos de los efectos negativos de la globalización, es decir, la deslocalización de los empleos.

Cambiando la cultura a través del bolsillo

Por obsolescencia programada se entiende la programación de algunos aparatos para que duren tan solo un tiempo concreto, como manera de fomentar el consumo de productos cuyo mercado es, en principio, limitado. Se ha hablado a menudo de productos como las lavadoras que se estropean tras 2.500 lavados o los televisores limitados a 20.000 horas de emisión.

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Hay, no obstante, otra implicación cultural en este debate. Este proceso asumido por el cual somos conscientes de que la vida de nuestros aparatos es limitada, y en el cual las reparaciones son más caras que adquirir otra vez el mismo producto (o el último modelo de la misma marca), nos ha llevado a aceptar que es mejor comprar que reparar. El impuesto planteado desde Suecia tiene como objetivo, precisamente, combatir la ideología de la obsolescencia programada: “Se trata de desincentivar que se compre lo más barato para tirarlo rápidamente”.

Gran parte de la estrategia se basa en la intervención estatal, que premia o castiga fiscalmente ciertas decisiones de consumo

“No esperamos que esto vaya a hacer que la gente compre menos cosas en general, pero espero que facilite a la gente comprar productos de alta calidad porque saben que es asequible repararlos si se rompen”, explica Bolund. Esta tesis se encuentra en consonancia con lo que propone la Fundación FENISS (Fundación Energía e Innovación Sostenible Sin Obsolescencia Programada), que aboga por “promover la cultura del consumo social y ambientalmente responsable”. “Creo que lo que cambiará los hábitos de consumo es el desarrollo de la economía colaborativa, que tiene muchos beneficios para el individuo, como el fácil acceso a vehículos sin la responsabilidad de poseerlos o mantenerlos”.

Un ambicioso proyecto

Esta propuesta forma parte de un conjunto de medidas promovidas por el gobierno sueco, en colaboración con el partido ecologista, aprovechando la bonanza económica que vive el país gracias a un superávit de 750 millones de euros (un 3,1 de su PIB) que le permitirá afrontar reformas como la jornada laboral de seis horas, por ahora circunscrita a casos locales, o la eliminación de la contaminación.

Suecia ha sido una de las grandes pioneras en reducir la emisión de gases invernadero, con un 25% desde el año 1990. Gran parte de la estrategia se basa en la intervención estatal en los distintos impuestos, por ejemplo, cobrando a los conductores entre 10 y 20 coronas por circular por Estocolmo. “A veces te sorprende cómo un pequeño cambio en los impuestos puede alterar el comportamiento”, explica Bolund. ¿Conseguirá esta decisión fiscal alterar de verdad los hábitos de los consumidores?