Cómo los móviles están sirviendo para chantajear y silenciar a las mujeres

Los protagonistas del tercer episodio de la nueva temporada de “Black Mirror”, llamado “Cállate y baila”, son dos hombres chantajeados: un adolescente con miedo a que se publique un vídeo en el que aparece masturbándose ante la cámara de su portátil (obviemos el giro final) y un padre de familia que teme que sus infidelidades salgan a la luz. La historia, no obstante, ignora a las víctimas más habituales de esta clase de chantaje sexual, tanto en género como en procedencia: son las mujeres de países socialmente más conservadores.

Hace años que se habla del “porno de venganza” como una de las grandes amenazas para las mujeres occidentales, las primeras usuarias de los 'smartphones'. En los últimos meses, el caso de Tiziana Cantone, una italiana que se suicidó después de que su exnovio publicase varios vídeos en los que mantenían relaciones sexuales, se ha convertido en el ejemplo más claro de lo destructiva que puede ser la publicación de vídeos íntimos en la red. En España, el mes pasado un hombre inscribió a la madre de una compañera de clase de su hijo en una web de servicios sexuales como venganza por denunciar un caso de acoso escolar. Las formas de utilizar la tecnología con fines perversos son muy variadas, y la mayoría, ilegales.

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Muchas de estas venganzas tienen como objetivo ajustar cuentas por un despecho amoroso. Hay, no obstante, otra forma de utilizar estos vídeos de forma mucho menos conocida, y con implicaciones políticas y religiosas. Es un círculo vicioso, como pone de manifiesto una serie de reportajes de investigación que 'BBC' publicará sobre el tema: no se habla de ello porque, precisamente, la chantajeada desea que nadie sepa lo que le está ocurriendo. Sin embargo, miles de mujeres en todo el mundo –especialmente en el norte de África, Oriente Medio y el sur de Asia– están siendo víctimas de estos chantajes sin que nadie las pueda ayudar hasta que es demasiado tarde.

La espiral del silencio

Según los datos proporcionados por el reportaje, los casos se suceden sin parar, aunque es difícil proporcionar un número exacto. La abogada jordana Zhara Sharabati estima que en su país los casos pueden superar los 1.000; la unidad de cibercrimen palestina ha registrado más de 500 denuncias; Kamal Mahmoud, que lleva una página antiextorsión, explica que ha recibido más de 1.000 peticiones de ayuda de todo el mundo árabe. Otra abogada india sospecha que hay miles de sucesos semejantes en su país natal. No obstante, la mayor parte de casos nunca se llegarán a reportar, ya que ese es finalmente el objetivo final del chantaje: garantizar el silencio de la víctima y la impunidad del agresor.

Miles de mujeres en todo el mundo están siendo víctimas de estos chantajes sin que nadie las pueda ayudar

¿Por qué no se ha hablado antes de ello? Porque el potencial intimidatorio de las imágenes comprometidas es mucho peor que en occidente, como explica una psicóloga y activista llamada Inam al-Asha: “En nuestra sociedad, una fotografía desnuda puede conducir a alguien a la muerte”, explica. “Incluso si su vida no es amenazada físicamente, sí supone su fin social y profesional. La gente deja de relacionarse con ellas y terminan cayendo en el ostracismo y el aislamiento”.

La mayor parte de casos de venganza en Occidente tienen que ver con vídeos explícitos o fotografías donde la víctima aparece desnuda, asociados a la humillación pública y sexual de esta. Sin embargo, en los países citados ni siquiera hace falta que estas imágenes tengan carga sexual. Como explican las víctimas y abogadas, aparecer en una instantánea sin hiyab o hablando con un hombre puede ser problemático de por sí.

En muchos casos, hay un alto componente político en estas historias de venganza. Es lo que ocurrió con Ghadeer Ahmed Mohamed, que a los 18 años envió un vídeo a su novio en el que bailaba en casa de un amigo de manera desenfadada. Cuando la relación terminó, este lo publicó en YouTube. Años más tarde, Ahmed se convirtió en un rostro más o menos reconocible de la revolución egipcia, como activista a favor de los derechos de las mujeres. Muchos de sus enemigos utilizaron el vídeo registrado por su antigua pareja (condenado por difamación) para atacarla, tanto en redes sociales como en público. ¿La respuesta? Publicarlo en su perfil de Facebook para demostrar que no había nada por lo que sentirse avergonzada, como ella misma ha explicado.

Violaciones impunes

Estos vídeos y fotografías tienen la capacidad de destruir la reputación de aquellas mujeres que viven en sociedades que juzgan su comportamiento al más mínimo detalle. Los 'smartphones' se han convertido también en una herramienta de protección para los violadores, especialmente en aquellas sociedades que castigan las relaciones fuera del matrimonio, aunque sean una agresión sexual. Es lo ocurrido con una holandesa de 22 años llamada Laura, que fue condenada a un año de prisión tras denunciar que había sido agredida sexualmente.

En España, el artículo 197.7 establece penas de cárcel para aquel que difunda vídeos privados sin consentimiento de la persona afectada

En estos casos, el agresor registra con un teléfono móvil la violación. Lo que en otros países serviría como prueba para condenar al violador, en estos contextos puede ser de gran ayuda a la hora de garantizar el silencio de la agredida. No solo por el miedo a denunciarlo y terminar siendo ella la que termine entre rejas, sino por que la machista sociedad en la que vive la deje de lado. Como recuerda el reportaje, “cuanto más devastadoras son las consecuencias de la exposición pública, más poder tiene en el agresor sobre la víctima”.

Israel fue uno de los primeros países en convertir la pornovenganza en un delito, en enero de 2014. Hasta entonces, solo los estados de California y Nueva Jersey habían legislado contra esta práctica. En Reino Unido y Gales, más de 200 personas (de entre las más de 1.000 denuncias recibidas) han sido ya procesadas. En España, el artículo 197.7 (conocido como “cláusula Olvido Hormigos”) recuerda que “será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales”. El círculo se estrecha, pero el perverso juego del chantajeador puede provocar que la mayor parte de casos terminen quedando fuera del cerco de la ley.