¿PUEDE UNA SENTENCIA CAMBIAR LAS REGLAS?

La realidad del profesor universitario: precario, desmotivado y desperdiciado

Durante los últimos años, los profesores asociados de la educación superior española han pedido el reconocimiento de sus derechos laborales. ¿Cambiará una sentencia las cosas?

Foto: Un estudiante pasea por la Universidad Complutense durante una huelga. (Reuters/Susana Vera)
Un estudiante pasea por la Universidad Complutense durante una huelga. (Reuters/Susana Vera)

El pasado 5 de mayo, Jesús Sabariego, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, logró la primera sentencia favorable a un docente asociado en Andalucía. Tan solo existía un antecedente en toda España -en Cataluña- a esta decisión judicial, que reconoce los derechos laborales de esta figura contractual que ha proliferado en la educación superior durante los últimos años como personal indefinido, como desveló un artículo publicado en 'El Diario'. Una decisión que puede marcar un antes y un después en la relación que las universidades mantienen con su personal, especialmente a la hora de poner fin a encadenar contratos sin posibilidad de estabilización o promoción.

De empezar a revisarse las condiciones laborales de muchos profesores, se verían satisfechas las demandas de gran parte de los docentes no permanentes, que durante la última década y media (y particularmente desde que el estallido de la crisis obligó a abrocharse el cinturón) han visto cómo sus condiciones laborales empeoraban, al mismo tiempo que su reconocimiento académico se reducía y sus perspectivas de futuro se ennegrecían. Es el caso de Germán Garrido, profesor de Filología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Plataforma de Profesorado no Permanente, que asegura que “alrededor de más del 40% del personal docente de las universidades públicas tiene contratos precarios”.

"Ninguna empresa privada tiene a un trabajador enlazando contratos precarios durante cinco años para poder promocionar a un puesto"

También ocurre en otras regiones de España, como en la Universidad de Barcelona, donde, como recuerda David Carpio, presidente del comité de empresa de dicha institución, se está incumpliendo la ley que dice que el 51% de la función pública debe estar desempeñado por funcionarios. “Con el pretexto de la crisis, se ha reducido el personal docente investigador con carácter estable a tiempo completo”, explica a El Confidencial. “Pero como siguen existiendo necesidades docentes que de no ser cubiertas crearían un clima de conflictividad social, se han utilizado determinadas figuras como parche”.

La mayoría de ellos, como ocurría con el caso de Sabariego, son profesores asociados. Una categoría creada, en teoría, para aquellos profesionales del sector privado “de reconocido prestigio” que puntualmente pueden impartir un seminario, una conferencia o un curso; en la práctica, como explica Garrido, se le ha terminado dando “un uso indebido, porque no se les contrata por lo que teóricamente figura en su contrato”. Como explica el profesor, “muchos no tienen otro trabajo y por lo tanto tienen que pagarse ellos la Seguridad Social”. Ello provoca que si estos “falsos asociados” tan solo cobran unos 300 euros, terminen trabajando gratis.

Aula de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. (EFE/Víctor Lerena)
Aula de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. (EFE/Víctor Lerena)

Es lo que ocurre con Montserrat Jiménez, profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, que valora la resolución como “una muy buena noticia, porque es un poco vergonzoso que las universidades públicas encadenen contratos sin posibilidad de promoción”. Como explica, para muchos compañeros la figura del profesor asociado ha sido la única manera de penetrar en los cuerpos docentes de las universidades, puesto que no hay otro tipo de plaza que se haya ofertado. “Ninguna empresa privada tiene a un trabajador enlazando contratos precarios durante cinco años para poder promocionar a un puesto para el que ya está acreditado”.

Doctorada en 2009, Jiménez obtuvo un contrato posdoctoral con el ministerio que le permitió estar dos años en el extranjero. Cuando volvió, en 2012, “no había nada”, hasta que encontró una plaza de asociada en el Departamento de Filología Española de la Facultad de Periodismo, y aquí es donde empieza el baile de números: la plaza era de 3+3 (tres lectivas, tres de atención), nueve créditos. Un profesor titular suele dar entre 18 y 24 con una remuneración que puede triplicar el precio por crédito, por lo que Jiménez cobraba unos 270 euros netos al mes. Aunque parezcan pocas horas, a ellas hay que añadir el tiempo dedicado a “reuniones, seguimiento de alumnos, preparación de clases, evaluación, proyectos de innovación en el departamento, trabajos de fin de máster, trabajos de fin de grado...”.

"Si eres un profesor que acaba un contrato a tiempo completo y no pueden ofrecerte otro, aceptas porque la alternativa es el paro"

A la fuerza, debía compaginarlo con otros trabajos -como el de profesora interina en la Escuela Oficial de Idiomas o, como ha ocurrido en el presente curso, en la Universidad Rey Juan Carlos- para poder sobrevivir. “El problema es que el contrato de asociado es solo de docencia, pero la mayoría siguen investigando y reportan sus resultados a la universidad”, explica Jiménez. Algo que ni se reconoce ni se paga como parte del horario, lo que da lugar a un círculo del que resulta difícil salir. La profesora prefiere el término “asociados con carrera académica” que el de “falsos asociados”, puesto que ha sido el único camino posible para entrar en los departamentos.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

La del profesor asociado no es la única figura creada para rellenar los huecos que deja el personal permanente de las universidades. Algunas de ellas funcionan a nivel nacional, como son las que figuran dentro de los itinerarios marcados por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), que se encarga de acreditar al profesorado universitario, o aquellas que, en palabras de Garrido, “son formas de explotación que se han institucionalizado”. Muchos de ellos son personal interino, que se perpetúa en dicha situación al no salir nuevas plazas.

Aunque las contrataciones se hayan reducido, la exigencia docente es igual o mayor. (Peter M. Fisher/Corbis)
Aunque las contrataciones se hayan reducido, la exigencia docente es igual o mayor. (Peter M. Fisher/Corbis)

Más peculiar es el caso de los puestos propugnados por la agencia de acreditación, que deben ocupar sucesivamente los profesores universitarios en su carrera hacia la ansiada plaza como personal permanente: son los de profesor contratado doctor, profesor ayudante doctor o profesor de universidad privada que, como explica Garrido, “debido a la tasa de reposición cero no se han podido regularizar, lo que ha provocado que se creen parches como los contratados doctores interinos, para que sigan siéndolo por los siglos de los siglos”. Es su caso; se trata de fórmulas habituales para hacer descender significativamente el coste de los cuerpos docentes de las cada vez más austeras universidades públicas.

En realidad, como recuerda Garrido, aquello que se creó con buena voluntad, como eran los filtros externos en la Ley Orgánica de Universidades de 2001 para acabar con la supuesta endogamia y 'dedismo' de la universidad, terminó teniendo efectos indeseados una vez atacó la crisis. El problema es que la primera generación que vio superar los diversos filtros impuestos por la agencia se encontró al final del camino con un importante escollo: el frenazo a la contratación que significó la crisis económica, acentuada, además, porque “en ningún caso, ni desde el Gobierno ni los ministerios ni desde las comunidades, existe la voluntad de que el capital humano se aproveche y se retenga”.

Un informe inglés señalaba que "el trabajo precario es un problema mayor de lo que las universidades quieren admitir"

Tristemente, esta fórmula suele ser la mejor, tanto para las universidades como para los propios profesores. “A nivel personal, si tú eres un profesor que acaba un contrato a tiempo completo y no pueden ofrecerte otro igual, aunque te correspondería, lo aceptas”, explica David Carpio. “La otra alternativa es el paro”. A la universidad, además, no le interesa “tener un profesor a tiempo completo que investigue y dé docencia, sino uno que esté a tiempo parcial que imparta docencia mal pagada”.

La situación de Cataluña es en muchos aspectos semejante a la de otras regiones, aunque tiene sus particularidades debido a sus propias competencias. Hasta el año 2003, cuando se implantó la LUC (Ley de Universidades de Cataluña), los pasos que había que seguir en la carrera profesional eran claros: beca predoctoral, tesis, investigaciones en el extranjero, FPU, FPI… Hasta el contrato de ayudante, más tarde titular y catedrático. A partir de esa fecha, se sustituye por una carrera profesional no funcionarial, y se crean nuevas figuras como el lector (equivalente al ayudante doctor), y el agregado (equivalente al contratado doctor), que ya tiene carácter permanente. Como explica Carpio, el contrato de asociado se ha empleado tanto para vincular a los doctorandos con los departamentos ante los recortes en becas como para sustituir a los contratos a tiempo completo.

El futuro que se acerca

Aunque España tiene sus propias particularidades, esta precarización no está ocurriendo solo en nuestro país. Hace apenas un mes, se publicó en Reino Unido un informe llamado 'Precarious Work in Higher Education: a Snapshot of Insecure Contracts and Institutional Attitudes', que asegura que el 54% del personal académico y un 49% del docente de las universidades inglesas tenían un contrato “precario”, cifras aún más altas que las de los centros españoles. Como afirma el informe, “el trabajo precario es un problema mayor de lo que las universidades quieren admitir”, y enuncia otro problema que también se reproduce en España: la imposibilidad de saber exactamente cuántos profesores pueden estar afectados por dicha situación o en qué se traduce esta precariedad.

"No es verdad que todos hayan pasado por lo mismo, hace tiempo sabías lo que tenías que hacer para conseguir el puesto"

Una situación incierta que, como todas, afecta tanto a los profesores como a la sociedad de la que forman parte. Por una parte porque, como recuerda Garrido, “es un elemento desmotivador que ha provocado que muchos se hayan marchado a Europa, Estados Unidos o Sudamérica, es un capital que se ha perdido para siempre”. Más allá del abandono, la realidad es dura también para los que se quedan, y provoca “una pérdida de motivación que redunda en la calidad de la universidad”. Como recuerda Garrido, “no tienen incentivos, y además ven cómo los docentes de generaciones anteriores, esa casta académica, siguen recibiendo toda clase de privilegios”.

Montserrat Jiménez explica que está harta de ir a reuniones con vicerrectores que le aseguran que debe tener paciencia “porque todos han pasado por eso”. “No es verdad”, matiza, “porque hace tiempo sabías que en dos o tres años hacías el doctorado y pasabas a formar parte del equipo docente”. Ahora, debido a que las exigencias investigadoras son mucho mayores, “ya no son los 27 años, sino los 30 y tantos”. En muchos casos, hay gente esperando la oportunidad una década o más. Otros abandonan, lo que provoca que tan solo lleguen a los puestos permanentes aquellos que insisten… o que disponen de un apoyo económico. “No hay mucha gente que esté dispuesta a trabajar en dos o tres sitios a la vez”, recuerda la profesora de Filología.

Una de las aulas de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. (EFE)
Una de las aulas de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. (EFE)

Los docentes muestran cautela ante la nueva sentencia. Germán Garrido asegura que le resulta difícil “anticipar las consecuencias” y pensar en qué términos pueden llevarse a cabo (“si van a empezar a pagar toda la Seguridad Social como deberían”) o si va a servir para “que empiecen a recibir el reconocimiento laboral que merecen como sostén de la plantilla docente de la universidad”. En cualquier caso, admite que es imposible que se regularicen todas las situaciones precarias a la vez, como pudo ocurrir con los PNN (profesores no numerarios) a lo largo de los años ochenta, pero sí que “se haga un plan y se empiecen a conceder condiciones laborales dignas para que se estabilicen en la medida de lo posible”.

Jiménez advierte de que es posible que la resolución tenga efectos negativos para los docentes en el corto plazo: “No sabemos cómo se lo van a tomar en las universidades, si aplicarán esa no renovación de asociados para evitar denuncias y sentencias que los obliguen a contratarlos como indefinidos”. Es otra de las contrapartidas de estos contratos, que permiten simplemente no firmar renovaciones sin tener que despedir a alguien. Carpio añade que, desde el punto de vista del empleador, hay dos posibilidades si se da la razón al que ha denunciado la situación en los juzgados de lo laboral, “que te contraten así (que es lo que no va a ocurrir) o que paguen la indemnización y busquen a otro. Es la lógica que espanta para denunciar este tipo de contrato, algo que suele hacerse cuando te echan después de 15 años”.

"Yo ya he dado todos los pasos que tenía que dar, pero no veo recompensa. La gente me dice: ¿por qué sigues? Y yo digo: ¿qué hago a los 40?"

En cualquier caso, el futuro sigue siendo incierto, como señala la profesora de la Complutense: “Yo no puedo hacer planes de vida, pensaba que este año iba a ir a mejor y ha sido peor que nunca”, nos cuenta. “Cuando era becaria, tenía perspectiva, ahora no depende de mí. Yo ya he dado todos los pasos que tenía que dar, pero no veo recompensa. La gente me dice: ¿por qué sigues? Y yo digo: ¿qué hago a los 40 años? Yo soy investigadora y docente”.

Alma, Corazón, Vida

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
10 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios