La nueva picaresca: así se van a financiar las universidades, y puede ser mala idea

La crisis económica ha provocado un gran número de cambios en la manera que el Estado gasta sus fondos, todos ellos determinados por el principio de rentabilidad. A diferencia de lo que ocurría hace no tanto tiempo, cuando el despilfarro estaba casi bien visto, cada euro gastado debe resultar útil. Algo en lo que el contribuyente está indudablemente de acuerdo, ya que, al fin y al cabo, se trata del dinero que sale de su propio bolsillo. La gran pregunta para los políticos del siglo XXI, es de qué manera se debe financiar el sector público para garantizar que el dinero se emplee apropiadamente sin que nadie salga perjudicado.

La educación superior es uno de los ámbitos en los que esta pregunta resulta más acuciante. El pasado mes de febrero, la por aquel entonces secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, señalaba que el sistema de universidades no era "sostenible" y proponía un nuevo modelo de financiación en el que, en lugar de estar ligada al número de alumnos, se uniese a los resultados.

Durante las últimas décadas se ha sustituido el sistema de financiación por número de matriculados por el de financiación por resultados

Una propuesta que, desde entonces, ha sido recogida por los programas electorales de algunos partidos políticos. El ejemplo más evidente es el de Ciudadanos, que proponía un modelo en el que entre el 20% y el 25% de la financiación estuviese vinculada a resultados como la tasa de empleo de los graduados. La tesis, no obstante, es compartida por casi todos los partidos: los fondos destinados a educación no pueden desperdiciarse. La duda es ¿de qué manera conseguimos obtener el máximo beneficio de estos para el contribuyente?

Educación buena, bonita y ¿para todos?

Por ello resulta interesante fijarse en lo que ha ocurrido en otros países como Estados Unidos, donde, desde 1979, en 32 Estados se ha sustituido el sistema de financiación por número de estudiantes matriculados (como ocurre en España) por el cumplimiento de una serie de resultados, entre los que se encuentran el número de graduados, sus calificaciones o los niveles de transferencia a la empresa. El objetivo es mejorar el funcionamiento de las instituciones que, de esa manera, se esfuerzan para alcanzar las metas planteadas.

El problema es que, como ha señalado una investigación publicada en 'Educational Policy', esa clase de financiación no siempre produce los resultados esperados y, de hecho, puede causar el efecto completamente opuesto. Como señala la investigación, llamada 'Un análisis de las consecuencias (im)previstas de la financiación por rendimiento en la educación superior', centrada en lo ocurrido en el Estado de Indiana, este mecanismo no provocó que aumentase el número de graduados, sino que disminuyese. Y, por si fuera poco, dio lugar al gran miedo que todos los detractores de este sistema sienten: las universidades empezaron a ser aún más selectivas a la hora de permitir el acceso a los candidatos, algo que perjudicaba a los que provenían de entornos más desfavorecidos.

“Como ocurre con muchos servicios del gobierno (pensemos en la salud o el transporte), la gente quiere que la educación superior sea accesible, barata y de gran calidad”, explica a El Confidencial Frank Fernandez, uno de los autores del estudio, de la Universidad del Estado de Pensilvania . “Sabemos cómo hacer dos de esas cosas al mismo tiempo, pero es difícil conseguir las tres”. Ahí se encuentra, precisamente, la clave, tanto en EEUU como en España. Una de las grandes conquistas de las sociedades modernas es haber conseguido la universalización de un tipo de formación que hace tan sólo un siglo apenas llegaba a un 2% de la población. Pero ¿cómo se compatibiliza con la apuesta por la calidad?

En lugar de incrementar la rendición de resultados o el número de graduados, la financiación por rendimiento reduce el acceso a las universidades públicas

Por ahora, la mejor respuesta parece ser la financiación por resultados, ya que es la manera, como señala Fernandez, de que las universidades sean “asequibles, accesibles y de buena calidad”. No obstante, la investigación señala que “en lugar de incrementar la rendición de resultados o el número de graduados, nuestro análisis sugiere que la financiación por rendimiento reduce el acceso a las universidades públicas”. Algo que se enmarca en una tendencia más general y que trasciende el sistema educativo: se trata del 'accountability movement' (“movimiento de rendición de cuentas”) por el cual el rendimiento de los trabajadores es evaluado, en algunas ocasiones, de forma que se ignoran aspectos importantes de su labor, como ocurre también con los médicos, a quienes se exige una mayor velocidad a la hora de despachar a los pacientes.

'Creaming', la discriminación encubierta

El síntoma más visible de esta manera de proceder es lo conocido como “creaming” (algo así como “untar”), por el cual se orienta el acceso de nuevos estudiantes para favorecer a los mejores, puesto que son los que, a final del semestre, tendrán más posibilidades de graduarse y obtener buenas notas, facilitando así la consecución de los resultados previstos y garantizando la financiación del centro… Pero también provocando que los estudiantes procedentes de entornos más desfavorecidos queden fuera del sistema de educación pública, sobre todo teniendo en cuenta que el número general de alumnos se ha reducido. Asequible y de buena calidad, quizá, pero no accesibles.

Como explica Fernandez, muchos de los centros seleccionan a los estudiantes a partir de exámenes realizados por cada centro, algo que ya habían mostrado Dougherty y Reddy en una investigación previa. “Cuando Indiana adoptó la financiación basada en el rendimiento, las tasas de matriculación se redujeron, pero las notas de los estudiantes aumentaron”, recuerda Fernandez. Además, las universidades públicas se hicieron más selectivas, algo que a los dos años empezó a afectar a “las matriculaciones de los estudiantes de las minorías”.

Otra contrapartida es que, como otros investigadores sospechan, los centros pueden animar a inflar las notas para alcanzar los objetivos planteados o que los profesores se centren en “otros incentivos” si el mandato de la organización para la que trabajan cambia, algo que puede hacer que se olviden de su principal tarea, “cambiar las vidas de los estudiantes”.

El problema es que esta clase de políticas están “pidiendo a las instituciones que mejoren resultados que en un alto grado están previstas por los orígenes y experiencias previas de los estudiantes”. De ahí que se lleve a adoptar medidas injustas –como el 'creaming'– para solucionar aquello que no se puede cambiar. Es algo que está sucediendo a nivel global. Por ejemplo, en Inglaterra, donde multitud de facultades de letras han cerrado sus puertas debido a que resultan poco rentables, ya que no sólo han visto descender el número de estudiantes, sino que los que quedan empeoran la posición en el 'ranking' de dichas universidades, de la que depende gran parte de su financiación.

No es sólo la educación

Como es evidente, esta nueva tendencia a la rendición de resultados no atañe únicamente al sistema universitario, sino también al resto de instituciones públicas y a muchas empresas privadas, que de esa manera garantizan que el dinero invertido sea bien empleado. Se trata, señala Fernandez, de una visión coherente con el enfoque de la gestión neoliberal, el 'new public management' o 'performance management', aunque encaje con cualquier propuesta política, demócrata o republicana: “Ambos partidos políticos intentan conseguir votos de la gente que quiere pagar menos impuestos pero que también quiere disfrutar de los servicios públicos, así que los gobernantes siempre encontrarán maneras de hacer el Estado más eficiente”.

Hay muchas cosas que deseamos que el gobierno lleve a cabo, pero cuando elegimos una, ignoramos otras proridades que son importantes para la sociedad

La pregunta, no obstante, si la financiación por rendimiento es la mejor manera para conseguirlo o si, por el contrario, abre la puerta a una nueva picaresca en la que los gestores de estos centros pierdan de vista el objeto social de la universidad (educación de calidad para todos) para centrarse únicamente en aquello que les permitirá cuadrar las cuentas. “Desde mi punto de vista (no hablo por los coautores), el reto del movimiento de rendición de cuentas es que los gobiernos desarrollen las políticas de café para todos y que estas sean difíciles de implementar o que conduzcan a consecuencias inesperadas”, explica Fernandez. “Los colegios, las universidades y la burocracia de gobierno ya son suficientemente complejas, y los problemas pueden variar entre estados o regiones”.

En última instancia se trata de una cuestión de prioridades entre esas tres cualidades –accesibilidad, calidad y buen precio– que todos desearíamos que tuviesen los servicios públicos, pero que tan difíciles resultan de compatibilizar. “Hay muchas cosas que deseamos que el gobierno lleve a cabo, pero cuando elegimos una de ellas, tendemos a ignorar otras prioridades que son importantes para la sociedad”, concluye Fernandez. Esa es la pregunta que se están haciendo muchos gobiernos ahora mismo, especialmente en educación. ¿Universalidad o calidad? La partida la parece estar ganando este último aspecto, si es que no se trata de un espejismo generado por las trampas de la financiación por resultados.