Esto es lo que pasa cuando un país (como España) tiene demasiados universitarios

Uno de los lugares comunes más oídos durante la crisis es que España tiene demasiados universitarios y que no hay sitio para todos ellos. Que sea un cliché de las conversaciones de barra de bar no quiere decir que no sea verdad. Entre los años setenta y el 2000 la población universitaria se cuadriplicó (de 360.000 estudiantes del curso 1970/71 a los 1.580.000 del curso 1999/2000), una lógica reacción a la baja cualificación de un país que había pasado años bajo una dictadura y en la que muy pocos podían permitirse disfrutar de educación superior. La universidad, gracias al esfuerzo público, pasó de ser un organismo elitista a llegar a las masas. Culturalmente, disponer de una carrera se convirtió en la fórmula que muchas familias consideraron idóneas para que sus hijos accediesen al mercado laboral.

Como señala un estudio del Injuve realizado durante la pasada década, “las altas tasas de desempleo alcanzadas en nuestro país desde finales de los setenta pudieron incentivar el incremento en la escolarización en educación universitaria ya que, por una parte, el coste de oportunidad de realizar este tipo de estudios disminuye al aumentar la tasa de paro, y por otra, porque las tasas de paro que soportan los individuos con estudios universitarios son sistemáticamente inferiores a la media del período considerado”; una mentalidad que ha estado vigente durante décadas.

El autor señala que la multiplicación del número de universidades privadas y públicas debe tomarse con precaución

El discurso sobre la universidad comenzó a cambiar durante la última década, y poco a poco empezó a escucharse un runrún: España producía demasiados nuevos graduados cada año, lo que provocaba que muchos de ellos terminasen desocupados y otros tantos desempeñen trabajos muy por debajo de su cualificación. El dato más revelador de todo ello es la tasa de paro entre universitarios en España, que triplica la media de la OCDE, junto a la gran cantidad de licenciados que ha tenido que abandonar el país durante los último años. La moraleja es muy clara: el mercado laboral no es capaz de absorber tal masa de universitarios, que han aumentado exponencialmente durante las últimas décadas. Aunque los licenciados siguen teniendo una menor tasa de desempleo, cursar una carrera universitaria en España no reduce tanto la posibilidad de escapar del paro como antes.

El lado negativo de la educación superior

Leer la investigación realizada por Gustavo Yamada de la Universidad del Pacífico (Perú) y publicada por IZA World of Labor probablemente despierte una sensación de déjà vu en cualquier lector español que se acerque a ella. Aunque el autor se centre sobre todo en los países en vías de desarrollo, el panorama que define su análisis es muy semejante al que se ha experimentado en España durante las décadas que siguieron al exilio del campo a la ciudad, en el que la población universitaria y el número de centros universitarios se dispararon en muy poco tiempo.

“A medida que el número de graduados superiores se eleva, muchos países en vías de desarrollo aumentan la cantidad de universidades públicas y privadas”, explica en la introducción. Algo que también ha ocurrido en nuestro país, donde actualmente existen 82 universidades (50 públicas y 32 privadas), mientras que en 1968 tan sólo había 17, cuatro de ellas privadas. Una situación que el autor aconseja tomar con precaución, ya que puede dar lugar a un escenario problemático tanto para el país, que no ve recuperada la inversión que gasta en cada uno de estos estudiantes, como a nivel individual, provocando desempleo, exilio y la sobrecualificación de los trabajadores.

Por ello, anima a estos países a “regular la cantidad y calidad de los programas universitarios”, así como a llevar a cabo iniciativas de información para el estudiante y sus padres con el objetivo de que cursar un grado no sea la salida por defecto cuando se concluye el instituto. “Un crecimiento rápido en los graduados universitarios en países en desarrollo puede exacerbar la sobrecualificación y el subempleo de los profesionales”, señala Yamada, que sin embargo, desanima a que se lleven a cabo medidas drásticas como poner límite al número de universitarios. Estos son los tres puntos clave a los que ha de enfrentarse un país con demasiados universitarios:

• Sobrecualificación y subempleo profesional. Dos de las grandes plagas a las que ha tenido que enfrentarse España en los últimos años. Según los datos de la Clasificación Nacional de Ocupación de 2011, en ninguna comunidad el número de sobrecualificados baja del 50%. Una situación que provoca la frustración de las expectativas del trabajador, que percibe un sueldo menor al que le correspondería por su preparación. Además, el subempleo provoca la infrautilización de la fuerza productiva, que trabaja menos horas de lo que querría, y cuyas habilidades no son aprovechadas por completo. Según los mismos datos, España se encontraría en un 23% de subocupación. No obstante, el estudio matiza que, en algunos casos, la sobrecualificación es una situación transitoria asociada a muchos trabajos que requieren formación adicional en el puesto de trabajo.
• Recursos desperdiciados. Como señala la investigación, el crecimiento de las universidades privadas y públicas puede provocar un bajo retorno de la inversión realizada tanto por parte de estudiantes como del Estado. En muchos casos, estos recursos serán empleados en la formación de alguien que jamás necesitará las habilidades que ha aprendido. En otros, como en España, los frutos de la inversión serán recogidos en el extranjero: según los datos de la OCDE de 2011, nueve de cada diez emigrantes españoles tienen un diploma universitario.
• ¿Sabemos dónde (y para qué) estudiamos? Este quizá sea uno de los puntos más sensibles y menos conocidos de la situación educativa superior española: la proliferación de universidades, especialmente privadas, puede provocar que muchas de ellas proporcionen programas universitarios de baja calidad que no cumplan las expectativas del estudiante ni lo ayuden a obtener empleo. Como señala Yamada, gozar de información sobre los niveles de inserción en el mercado laboral tras concluir la licenciatura así como exigir el cumplimiento de determinados mínimos de calidad son buenas opciones para evitarlo. Sin embargo, como señaló un informe de la Fundación Compromiso y Transparencia publicado el pasado año, sólo un 30% de las universidades públicas y un 35% de las privadas ofrecen resultados de la inserción profesional de sus egresados.

No obstante, el autor también recuerda que la abundancia de universitarios no siempre es negativa, y no sólo porque las formas de ponerle límites es injusta: ello podría reducir el potencial de crecimiento económico del país, ralentizaría la mejora en el capital humano de los ciudadanos, resultaría muy complicado de regular en países con una capacidad institucional débil y, en último lugar pero probablemente más importante, intervenir en el mercado de la educación superior probablemente perjudicaría la movilidad social y económica de los más jóvenes.

No debemos olvidar que, durante décadas, el acceso a la universidad permitió a un gran número de españoles prosperar, como señala la investigación anteriormente citada: “El aumento del nivel educativo de la educación española resulta enormemente favorable, porque mejora la capacidad de los individuos para adaptarse a un mundo que se transforma rápidamente, confiriéndoles mayores oportunidades de inserción laboral y, desde un enfoque colectivo, el incremento del capital humano acumulado se convierte en uno de los factores claves para afrontar el desarrollo económico en una sociedad globalizada y altamente competitiva”.