La razón por la que el precio de las matrículas universitarias no va a dejar de crecer

La subida del precio de los créditos universitarios ha sido imparable durante los últimos años. En algunas regiones, como en la Comunidad de Madrid, han llegado a aumentar hasta un 65%, a pesar de la reciente promesa de Cristina Cifuentes de rebajarlas un 10% para el próximo curso académico. El ejemplo de Madrid resulta canónico, en cuanto que este crecimiento de las tasas ha permitido conseguir uno de sus objetivos manifiestos: equilibrar los balances de las universidades españolas a pesar de la caída de ingresos producida durante los años de la crisis y del consiguiente recorte en la inversión pública.

A pesar de que en muchos casos la subida de la matrícula universitaria suele interpretarse como un hecho aislado, una herramienta del Partido Popular para ahogar la universidad pública y favorecer la privada (así como desahogar de universitarios un país donde el 41,1% de sus habitantes dispone de dicha formación), no se trata de un fenómeno único, sino que tiene su eco en otros países de Europa que buscan hacer sostenibles sus sistemas universitarios. En algunos de ellos, como Alemania, algunos estados federados como Baviera o Baja Sajonia han comenzado a cobrar por la matrícula de sus estudios. Países como Finlandia o Noruega, que han presumido de ofertar educación superior gratuita (a cambio de mayores impuestos), sopesaron la posibilidad de cobrar matrícula a los estudiantes extranjeros, hasta que las protestas de los alumnos, temerosos de que este fuese el primer paso hacia el cobro de la matrícula para los estudiantes nacionales, tiraron por tierra dicha posibilidad. Pero el ejemplo más claro de esta tendencia es Reino Unido, donde el precio de la matrícula se ha multiplicado durante los últimos años… Y ese es sólo el principio.

Un cambio de paradigma en la educación superior

Un informe publicado en Reino Unido y recogido por medios como The Independent lo dice claramente y sin medias tintas: es probable que para finales de esta década los estudiantes ingleses paguen hasta 10.000 libras (unos 14.300 euros) por su matrícula anual. Una subida que profundiza aún más en lo ocurrido desde 2012, cuando la reforma educativa de liberales y conservadores decidió elevar el tope del coste anual de la matrícula hasta las 9.000 libras, siguiendo las recomendaciones de un informe de expertos. La respuesta ha sido obvia: de esta manera, y por mucho que se prometa mejorar el sistema de becas, las probabilidades de que alguien que proviene de un entorno más desfavorecido acceda a la educación superior se reducen sensiblemente.

Hay una injusticia básica cuando se pide a los contribuyentes que financien las becas de aquellos que ganarán más que ellos

Pero si esto da una buena pista de lo que puede ocurrir en países como el nuestro es por la forma en que el conservador George Osborne, canciller de Hacienda, ha defendido el recién anunciado aumento de las matrículas en consonancia con la inflación del país, así como la sustitución de las ayudas a la manutención por préstamos. Este encarecimiento se producirá en los centros que “ofrezcan enseñanza de alta calidad”, dentro del marco de búsqueda de la excelencia educativa que el gobierno británico ha prometido. En otras palabras, los centros públicos que demuestren su buen funcionamiento podrán exigir más dinero a sus estudiantes, de forma que gocen de un presupuesto más holgado. De otra manera, ha explicado Osborne, “nuestras universidades estarían mal financiadas y nuestros estudiantes no dispondrían de plazas, y no estoy dispuesto a que eso ocurra”.

Las declaraciones de Osborne apuntan, no obstante, a una concepción de la universidad pública diferente a la que ha existido durante décadas, y que defendía que la formación de los estudiantes revertía en un beneficio para la sociedad en su conjunto, que veía cómo la inversión que se efectuaba en cada alumno se transformaba en trabajadores cualificados que contribuían a la economía del país. Hoy en día, por el contrario, es cada vez más frecuente que se entienda la universidad como algo que tan sólo revierte en beneficio para el estudiante, que puede abandonar el país y utilizar el conocimiento adquirido gracias al dinero público fuera de sus fronteras (paradójicamente, al ver que su formación no encuentra demanda en su hogar natal).

“Hay una injusticia básica cuando se pide a los contribuyentes que financien las becas de aquellos que ganarán más que ellos”, ha señalado Osborne. En otras palabras, el que quiera educación superior –y, con ella, sueldos más altos–, que se la pague. O que pida uno de esos carísimos créditos que provocan que los estudiantes se endeuden de por vida.

El en apariencia paradójico caso español

Desde hace unos años, existe cierto consenso entre la opinión popular de que España ha producido más universitarios de los que necesitaba, algo en lo que coinciden Gobierno y oposición. Los datos así parecen refrendarlo: en el año 2000, apenas el 26% de los españoles contaba con educación superior mientras que el pasado año este porcentaje se encontraba en el 41,1%. No se trata tanto de que la cifra absoluta sea alta (la media de la OCDE es de un 40%), como de que este crecimiento no ha podido ser absorbido por el mercado laboral. Esta sensación popular ha sido utilizada, junto a la mala situación económica de muchas universidades, para defender el aumento de tasas en la matriculación.

El pasado mes de mayo, la por aquel entonces secretaria de Estado de Educación, FP y Universidades, Montserrat Gomendio, señalaba que el sistema universitario español no es “sostenible”, debido a los altos niveles de acceso a la universidad y las bajas tasas de matriculación, que provoca que alrededor de un 80% del coste de la carrera sea cubierto por dinero público. En España, recordaba durante un desayuno informativo, la financiación depende del número de alumnos, mientras en otros países esta depende de la calidad docente y de la investigación de sus departamentos. Precisamente la misma apuesta que se piensa realizar en Reino Unido.

Cada centro dependerá más de los ingresos obtenidos por las crecientes tasas de matriculación, y menos por el dinero público obtenido desde los presupuestos

Pero si el sistema español resulta aparentemente paradójico, lo es por las razones expuestas en el informe de Comisiones Obreras «Evolución de los presupuestos de las universidades públicas 2010/2014», y que denuncia que a pesar del aumento de tasas, el dinero destinado a la enseñanza superior ha sido recortado en un 23,8% en los últimos años. La ecuación realizada por el sindicato es la consabida: “a menos financiación pública, mayor financiación privada”. Pero esta situación tiene otro correlato, y es que cada centro dependerá más de los ingresos obtenidos por las crecientes tasas de matriculación, y menos por el dinero aportado de forma directa desde el presupuesto de Gobierno. El resultado de la cuenta es muy claro: en lugar de muchos universitarios que paguen poco, habrá menos que paguen mucho. Y, en caso de que se siga el ejemplo inglés, las universidades de mayor calidad cobrarán un precio aún mayor por la matrícula de sus alumnos, lo que provocará una vez más que sólo los procedentes de entornos más favorecidos puedan estudiar en ellas.