Por qué somos uno de los países con penas más duras (pero no nos lo creemos)

Desde que el pasado 21 de octubre el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos derogara la doctrina Parot se han multiplicado las voces críticas respecto al sistema penal español. Basta hablar de terrorismo, corrupción o violencia sexual para escuchar a la gente decir que en España nadie pasa por la cárcel, que las penas son demasiado laxas y que, en resumidas cuentas, delinquir sale gratis. Pero ¿qué hay de cierto en esta percepción?

En el estudio Valoración ciudadana de las penas en España, elaborado por el Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha, se pone de relieve que las supuestas demandas punitivas de la ciudadanía nunca han sido contrastadas empíricamente: decimos que toda España quiere que los presos pasen más tiempo en la cárcel, pero nadie se ha detenido a comprobar si esto es cierto.

La realidad es que, según se explica en el estudio, “el público no tiene unas actitudes fijas o unidimensionales respecto al castigo, sino que con frecuencia estas son contradictorias, flexibles y frágiles”. Independientemente de que la delincuencia aumente, disminuya o se mantenga estable, la opinión pública siempre le atribuye una dimensión mayor y más grave que la que tiene en realidad. Y es algo de lo que se aprovechan los partidos políticos, que se presentan siempre como una alternativa seria frente a la delincuencia prometiendo un endurecimiento de las penas que parece no tener fin.

La política criminal española responde más a una estrategia política que a una necesidad real de endurecer los delitos

La directora del estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, la doctora de Derecho Penal Esther Fernández Molina, ha explicado a El Confidencial, que “nuestro país tiene una legislación bastante punitiva si miramos y nos comparamos con los países de nuestro entorno y las últimas reformas nos han puesto, además, en los primeros puestos en cuanto a respuestas retributivas”. Esto, asegura, choca con la sensación que tienen muchos ciudadanos de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra.

“Percepción y realidad no siempre coinciden”, asegura Fernández Molina, y esto es un problema cuando estamos tratando un tema tan serio, y con tantas implicaciones éticas y morales. “El acto de legislar debe ser un acto realizado con la cabeza no con el corazón”, explica la doctora, y es algo que, por desgracia, no está ocurriendo en nuestro país.

La legislación criminal como propaganda electoral

Según recoge Fernández Molina en su estudio, muchas de las reformas que ha sufrido la política criminal española responden más a una estrategia política que a una necesidad real de endurecer los delitos: “Son pura legislación simbólica con una efectividad real sobre el fenómeno muy relativa. Hay quien opina que esto es fruto de la globalización y la pérdida de poder del Estado nación. Si en algún aspecto el Estado nación es todavía soberano en algo es en el ejercicio del derecho a castigar. De ahí que centre su política en estas cuestiones”.

La ciudadanía tiende a sobreestimar la gravedad de los hechos cometidos e infravalorar la dureza de las penas

Gran parte de las reformas legislativas que se han producido en los últimos años en materia penal buscan, sencillamente, responder a las demandas, confusas, poco meditadas y difíciles de medir, de una ciudadanía que tienen cada vez más miedo, pese a convivir en el entorno más seguro de la historia. “A día de hoy somos mucho más conscientes de los riesgos que nos acechan y por eso vivimos más inseguros”, explica Fernández Molina. “Tenemos mucha información que muchas veces no sabemos gestionar y que fundamentalmente acaba provocando una ansiedad fuerte. A la larga, los ciudadanos sontemerosos en muchas cuestiones y antes que buscar alternativas a los problemas que existen, piden apaciguar sus miedos”.

Tal como explica Fernández Molina, cuando se hacen valoraciones respecto a cómo de grave le resulta a la ciudadanía tal o cual pena, el resultado es que la cantidad de pena indicada siempre parece insuficiente. Y esto, asegura, ocurre porque los encuestados emiten su opinión sin tener ninguna referencia clara al respecto: se sobreestima la gravedad de los hechos cometidos y se infravalora la dureza de las penas. Muy poca gente sabe en realidad qué supone una condena y qué implica cumplirla.

“Se habla muy a la ligera cuando se dice que 20 años privado de libertad no es nada”, afirma tajante la doctora. “Es mucho. Si lo que se valora es el efecto de la intervención educativa que se haya podido hacer con esa persona, no es necesario tanto tiempo”. Lo cierto es que, aunque la Constitución española en su artículo 25 insiste en que el objetivo único de una pena de privación de libertad es la rehabilitación del preso, las penas en España tienen de facto una función retributiva. “Si están 20 años es que están allí para pagar por lo que han hecho”, asegura Fernández Molina.

¿Dónde queda la reinserción? ¿Le importa a alguien este mandato explícito de la Constitución? “Falta pedagogía social”, asegura Fernández Molina. “La legislación penal en especial se ha explicado muy mal a la ciudadanía. Nuestra Constitución recoge que la finalidad de las penas es la rehabilitacióny, mientras no se modifique el texto, el sistema penitenciario debe tratar de conseguir este objetivo. Por otra parte, existen estudios en los quese ha preguntado a la gente quéfinalidad le atribuyen a las penas y el ciudadano no siempre pide castigo. El apoyo a la rehabilitación es muy alto”.

Esto no quiera decir que el castigo no sea necesario. En opinión de la doctora, lo es, pero más allá del reproche, el castigo tiene que servir como una oportunidad de cambio: “Es absolutamente innecesario un castigo prolongado en el tiempo, que aísle todavía más a la persona e impida su rehabilitación”.

No hay pena suficiente para una madre que ha perdido a su hijo

Para Fernández Molina, si queremos mejorar el sistema penal, tenemos que tener claro que “el proceso legislativo deber estar dotado de un proceso de racionalidad mayor que el actual”. Y esto pasa por desoír las demandas de las víctimas al marcar las pautas de la política criminal. “Es un error legislar atendiendo exclusivamente el interés de las víctimas y más cuando están en la fase de duelo”, asegura la doctora. “No hay pena suficiente para unos padres que han perdido a un hijo. Aunque restableciéramos la pena de muerte, la familia no estaría plenamente satisfecha. Es el problema de los sentimientos vindicativos, están ahí, son absolutamente legítimos, pero no permiten seguir hacia delante”.

Si eres un Estado democrático y de Derecho no puedes hacer artificios para reformular lo que no te gusta

En opinión de la doctora esto no implica que las víctimas sean abandonadas: “El Estado puede hacer mucho por las víctimas, para ayudarles a superar su dolor, a continuar con su vida con apoyo psicológico, material y social. Pero centrarse en la venganza no permite superar nada sino reconcentrarse en la pérdida y, lamentablemente, no podemos volver a la situación de partida”.

Al final, todo es una cuestión de pedagogía, que ha brillado por su ausencia en el discurso político español. Y la doctrina Parot, que en opinión de Fernández Molina se ha explicado “muy mal”, es un ejemplo clarísimo: “Si eres un Estado democrático y de Derecho no puedes hacer artificios para reformular lo que no te gusta. Estrasburgo sólo recordó que España debía cumplir la legislación vigente para estos condenados, que no cabían los artificios”.