La participación social de los jóvenes estará caracterizada por una mayor implicación en el ámbito colectivo y una renovación constante de temas y causas de movilización. De hecho, su identidad social pasará de la acepción de “pasota” a un perfil activista comprometido con la realidad en la que vive y un más alto civismo que contagiará al resto de nuestra sociedad durante los próximos cinco años.

Éstas son algunas de las principales conclusiones extraídas del estudio La sombra de la crisis. La sociedad española en el horizonte 2018, elaborado por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, un centro privado e independiente promovido por la FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) gracias al apoyo de Banco Santander y Telefónica.

El estudio reúne las opiniones de un panel de expertos sobre las dinámicas de las relaciones intergeneracionales en España, es decir, entre jóvenes, adultos y personas mayores, en los próximos cinco años y hace hincapié en varios escenarios: el socio-económico (situación laboral, modelos de consumo, disponibilidad de recursos), el cultural (preferencias, valores y expectativas colectivas) y el político (participación ciudadana, representatividad institucional, tutela de intereses, sostenibilidad del Estado de Bienestar).

La investigación utiliza una metodología Delphi que consiste en trabajar a partir de la coincidencia de las opiniones de un panel de expertos de primer nivel en Ciencias Sociales, con diferentes perfiles y que no conocían quiénes eran los demás, sobre los temas objeto de análisis.

Las familias seguirán representando los centros neurálgicos para hacer frente a la crisisLa sombra de la crisis se extenderá en nuestro país por lo menos durante otros cinco años. Así lo atestiguan los pronósticos de los expertos consultados que confirman que el escenario económico, social y político de España estará todavía condicionado por la inestabilidad estructural actualmente en curso, por una marcada precariedad laboral y por una disminución de las rentas familiares que supondrán un riesgo de exclusión social para muchas familias. De hecho, las familias seguirán representando los centros neurálgicos para hacer frente a la crisis, aunque sea con una capacidad de ahorro y un poder adquisitivo que, en términos generales, serán cada vez menores y las dificultades sociales que afectan a algunos hogares debilitados por la crisis se transformarán en riesgos de exclusión y pobreza concretos en cinco años.

Centrando la mirada en el colectivo de jóvenes, el empleo seguirá siendo una cuestión pendiente. La tasa de ocupación juvenil se mantendrá en niveles bajos de aquí a 2018. Los menores de 30 años tendrán mucha dificultad para insertarse de forma estable en el mercado de trabajo, construir trayectorias profesionales coherentes y duraderas y realizar así su transición a la vida adulta. Estas dificultades de inserción laboral de los jóvenes se traducirán en una alta precariedad, caracterizada por salarios bajos e intermitentes, condiciones laborales de poca calidad y escasas perspectivas profesionales.

Los jóvenes, ante esta situación, se decantarán por continuar con su formación y especialización a la espera de encontrar mejores oportunidades de empleo o por emigrar al extranjero. De hecho, la emigración juvenil será fuerte durante los próximos cinco años. Además, el mercado de trabajo español no conseguirá rentabilizar la formación laboral juvenil: la mayoría de los más cualificados será absorbida en empleos por debajo de sus titulaciones formales y los que tengan la ESO desplazarán a sus coetáneos sin estudios en los empleos más precarios.

El mercado de trabajo español no conseguirá rentabilizar la formación laboral juvenilEn cuanto a la escala de valores, durante los próximos cinco años, las diferencias dependerán de la pertenencia a una clase social determinada, más que a diferencias generacionales. Los jóvenes otorgarán legitimidad plena al divorcio, a la maternidad en solitario y a la cohabitación, que ellos mismos en 2018 practicarán en proporciones mayores que ahora. Asumirán como hecho normalizado la existencia de nuevas formas familiares (familias monoparentales, familias homosexuales y su derecho a la adopción, parejas de hecho, etc.) y evidenciarán una mayor tolerancia en temas de sexualidad, sobre todo con respecto a las relaciones íntimas desvinculadas de la pareja, la infidelidad y la prostitución, aunque según las previsiones de los expertos, en ningún caso estas posiciones fomentarán tensiones particularmente agudas en el seno de sus respectivos hogares.

En el ámbito doméstico, se mostrarán más partidarios de un modelo de familia en el que ambos cónyuges trabajen y compartan equitativamente los compromisos comunes.

Nuevas formas de movilización

En 2018 la participación social de los españoles variará claramente en función de la generación de pertenencia. La participación social de los jóvenes estará caracterizada por una mayor implicación en el ámbito colectivo y una renovación constante de temas y causas de movilización. En cinco años, la débil presencia de los jóvenes españoles en los canales políticos institucionales será debida a su alta desafección hacia los partidos y los sindicatos en particular.

En los próximos cinco años la agitación social provocada por los movimientos juveniles empujará a sindicatos y partidos políticos a atender sus demandasSu compromiso será un indicador de una mayor exigencia de regeneración política, de un cambio en la percepción de la propia identidad social –que pasará de la acepción de “pasota” a un perfil activista comprometido con la realidad en la que vive– y un más alto civismo que contagiará al resto de nuestra sociedad durante los próximos cinco años. Esta parte de la sociedad civil que tomará las riendas de las nuevas formas de movilización destacará por su compromiso comunitario y por una actuación pacifica y apasionada.

Por tanto, su compromiso público se manifestará a través de nuevas formas de participación y protesta para cuestiones sociales concretas que afectan al conjunto del país, siguiendo por ejemplo el modelo del movimiento “Stop desahucios” y desembocando en opciones políticas novedosas, capaces de recoger sus votos, como está ocurriendo en Grecia e Italia. Se apoyarán en un marco de movilización permanente, manteniendo la influencia moral y la ilusión de los que organizaron el 15M.Los adolescentes de 2018 se sumarán a estas iniciativas, desempeñando un rol como actores de cambio en 2022.

En los próximos cinco años la agitación social provocada por los movimientos juveniles empujará a sindicatos y partidos políticos a atender las demandas de las nuevas generaciones que lograrán un respaldo popular cada vez más amplio. A pesar de ello, la respuesta de los representantes institucionales a sus problemas seguirá siendo parcial e insatisfactoria.