Basta abrir un periódico, ver la televisión u observar los carteles del metro para ver decenas de anuncios de universidades, públicas y privadas, con un mensaje similar: “Si estudias en nuestro centro, encontrarás trabajo”. Pero ¿sabe alguien cuál es la empleabilidad real de los egresados de cada universidad? Teniendo en cuenta que, nos guste o no, la principal razón por la que se cursa una titulación universitaria es para tener una profesión cualificada en el futuro, es incomprensible que no exista este dato. Apenas hay universidades en España que ofrezcan esta cifra. Ni ésta, ni muchas otras.

En su segunda edición, el Informe de transparencia en la web de las universidades españolas, elaborado por la Fundación Compromiso y Transparencia, pone de manifiesto las profundas lagunas que en materia de transparencia tienen nuestras universidades. Y en esta ocasión el análisis se ha extendido a los centros privados. Sólo dos universidades públicas pueden ser consideradas transparentes –cumplen, al menos, 20 de los 25 indicadores de transparencia, entre ellos, obligatoriamente, estados financieros, cuentas anuales e informe de auditoría–, la Universidad de Cantabria y la Universidad Carlos III de Madrid. Todas las universidades privadas son opacas, pues cumplen menos de quince indicadores de transparencia, una calificación que obtienen también algunos de los centros españoles más presitigiosos como la Universidad de Barcelona o la Universidad Complutense de Madrid.

Para la elaboración del informe de transparencia sólo se ha aceptado información que sea visible, accesible, comprensible y actual“Las universidades españolas, hoy por hoy, son instituciones muy autorreferenciales y muy poco abiertas”, ha explicado a El Confidencial Javier Martín Cavanna, director ejecutivo de la Fundación Compromiso y Transparencia y coautor del informe. Aunque, desde que se publicó la primera edición del estudio el año pasado, hay centros que han hecho los deberes, la transparencia sigue brillando por su ausencia en gran parte de las instituciones. Y no hay más que visitar las páginas web de los centros para comprobarlo.

“Hoy en día no se puede concebir la rendición de cuentas y la transparencia si no es a través del principal canal de comunicación, que son las webs”, explica Cavanna. “Es un canal con muy poco coste, aunque tiene una serie de complejidades, como identificar cuál es la información relevante. Nosotros definimos esos contenidos, cuál es la información sensible, aquella información básica desde el punto de vista institucional que las universidades deben revelar a sus distintos grupos de interés”.

Transparencia no es colgar documentos irrelevantes

Uno de los grandes problemas que han arrastrado los portales de las universidades españolas desde su lanzamiento es la dificultad que reviste encontrar determinada información. Por ello, para la elaboración del informe de transparencia, sólo se ha aceptado información que sea visible, accesible, comprensible y actual. “Que sea visible quiere decir que sea de fácil acceso al internauta, porque está colocada es unos niveles de navegación razonables (segundo o tercer nivel, como mucho) y porque acceder a ella es sencillo”, explica el autor del informe. “Muchas veces no damos por buena alguna información que, es verdad que está colgada pero el esfuerzo que se le exige al internauta para localizarla, sintetizarla y saber lo que pasa es enorme”.

Sería muy bueno que las universidades se autorregularan y definieran la información mínima básica que hay que presentarPor supuesto, el problema de la transparencia en las universidades no se limita a la usabilidad de sus webs, pero estas son la cara visible del problema, la punta del iceberg. La rendición de cuentas de las universidades españolas deja muchísimo que desear y no está estandarizada. ¿Qué indicadores deberían ofrecer estos centros? En opinión de Cavanna, todas las universidades deberían ofrecer indicadores sobre investigación, situación en los rankings, profesorado, precios, contabilidad, empleabilidad… Un total de 25 aspectos que se recogen en el informe.

“Sería muy bueno que las universidades se autorregularan y definieran la información mínima básica que hay que presentar, o al menos que la Conferencia de Rectores (CRUE) haga algo en ese sentido, y como no lo hace hemos tenido que poner en marcha este informe”, asegura Cavanna. “Lo que estamos viendo es que nuestros informes consiguen consensuar esos criterios. Al final las universidades nos lo agradecen, porque es el único criterio que hay”.

'Ranking' de transparencia por universidades. (Fundación Compromiso y Transparencia)'Ranking' de transparencia por universidades. (Fundación Compromiso y Transparencia)

Las universidades privadas también deben rendir cuentas

Una de las principales novedades de esta nueva edición del informe es la inclusión de las universidades privadas, que suspenden estrepitosamente. Tal como señala el documento, “la mayoría de universidades privadas son instituciones no lucrativas que disfrutan de un sistema de exención fiscal por su actividad y de la capacidad legal de obtener donaciones de terceros”. Un estatus que justifica la exigencia de transparencia.

Basta darse un paseo por la web de estas instituciones para observar una patente falta de información: sólo tres centros han publicado su plan estratégico, sólo la mitad publican la composición de sus órganos de gobierno, tan sólo un tercio sus estatutos, sólo cuatro universidades informan de los resultados de la actividad docente y la información económica es prácticamente inexistente.

Si las universidades no dan el dato de empleabilidad es porque no es buenoY esta opacidad, asegura Cavanna, va a acabar jugando en su contra, ya que son los propios alumnos los que acabarán pidiendo mayor información: “En EEUU es obligatorio publicar el porcentaje de alumnos que se han empleado tras graduarse. Las universidades privadas las pagan los alumnos, cuestan mucho y se endeudan. Uno de los criterios más importantes para matricularse en una universidad es las posibilidades que tienes para encontrar empleo. Algunas universidades han falseado estos datos y se han encontrado con 25 demandas colectivas. Es un tema muy grave. Los alumnos van a demandar ese tipo de información y, aunque hay universidades españolas que ya lo están dando, sus iniciativas son muy débiles”.

En opinión del autor del informe las universidades privadas juegan con un doble discurso: centran su marketing en su supuesta empleabilidad, pero no ofrecen datos sobre la misma. Por eso, en el próximo informe, se exigirán los porcentajes de empleabilidad de los egresados de cada universidad, un dato que hoy no da casi ningún centro. Cavanna reconoce que “si las universidades no dan este dato es porque no es bueno”, pero cree que es mucho peor que no lo den: “El porcentaje importa mucho, pero más si aceptas publicarlo o no. Esto va a ir a más. La universidad tiene que estar pendiente de su principal grupo de interés, que son los alumnos, y esta es una información que, tal como están las cosas en este país, es muy pertinente”.  

Un problema de mal gobierno

Está claro que las universidades españolas tienen un problema de comunicación: no sólo falta transparencia, falta integración con el resto de la sociedad. “Las universidades no están acostumbradas, como si lo está el mundo empresarial, a mantener un diálogo permanente con sus diferentes grupos de interés: no los han identificado y no tienen una estrategia clara”, asegura Cavanna. “Falta esto porque hay un déficit de gobierno muy fuerte y el tema de comunicación es uno de los que más se resienten. Cuando ves que falla la rendición de cuentas, que básicamente es la comunicación de resultados, lo que falla es el vértice de la pirámide. Los órganos de gobierno de las universidades, incluso más los de las privadas que los de las públicas, son órganos decorativos, no de gobierno. No hay una exigencia, no hay indicadores, no hay un cuadro de mando claro…”

Es incomprensible que no sepamos qué nos cuestan estas institucionesY este problema, explica Cavanna, no lo va a solucionar la Ley de Transparencia. “El borrador establece una serie de cosas que tienen que cumplir los organismos públicos, pero no luego no establece ningún mecanismo de sanción para exigir ese cumplimiento”, asegura el autor del informe. Las universidades deben enviar sus presupuestos al Tribunal de Cuentas, pero esto, explica Cavanna, no aporta nada a la ciudadanía: “Por eso decimos que con independencia de a quién mande usted los presupuestos, debe colgar sus estados financieros en la web, porque eso lo pagamos todos los españoles. Por eso se lo estamos diciendo a las universidades, pero también a los museos o los partidos políticos. Es incomprensible que no sepamos qué nos cuestan estas instituciones”.