Enfermos mentales: invisibles tras las rejas

Cuando Manuel se acerca a la silla de la pequeña habitación donde recibe al periodista, la mueve como si no pesara. Los brazos largos le ondulan al lado del cuerpo, alto y delgado. Se sienta, se ajusta el abrigo blanco y entrecruza las manos hasta esconderlas entre las piernas. Tiene casi 50 años. Le caracterizan una voz profunda, el aire distendido y la tranquilidad con la que cuenta el brote psicótico que le sobrevino cuando, en 2006, ingresó en la cárcel por segunda vez.

Habla en una despacho de una ONG madrileña, lejos de los muros de la prisión en la que pasó seis años a pesar de su enfermedad mental.

La comunidad científica considera unánimante que el ambiente penitenciario no es apto para personas con patologías de este tipo como destaca el estudio que un equipo de médicos elaboró en 2007 para la Unión Europea. La Ley española define "inimputables" a quienes por una alteración psíquica no pueden comprender que un hecho sea ilícito o no y, por tanto, no se les puede condenar a prisión. En el caso de Manuel, ni siquiera se tuvo en cuenta su enfermedad durante el juicio. Esa misma enfermedad por la que, años después, le sacarán de la cárcel.

Al menos el 25% de los internos en las cárceles españolas padece una enfermedad mental, según el mismo Ministerio de Sanidad detalla en la "Estrategia Global de actuación en Salud Mental". Como ponen de manifiesto los datos analizados para realizar este reportaje, cada año se registran más de 40 consultas especializadas de psiquiatría cada 100 presos. El análisis de los datos oficiales de la Administración indica que, de media, el 46% de los ingresos en las enfermerías de los centros penitenciarios están motivados por una patología psiquiátrica, alrededor de 25.000 casos en los últimos tres años. Un médico que acuda a una cárcel española tiene que atender, en un año, a más de 420 casos de este tipo como promedio.

Instituciones Penitenciarias no conoce exactamente cuántos enfermos mentales hay en las cárceles, dónde se ubican o cuántos de ellos fueron declarados inimputables. Manuel Arroyo Cobo, subdirector general de Coordinación de Sanidad en Instituciones Penitenciarias, ha reconocido este hecho: "Los datos que tenemos son estimaciones a partir de los estudios epidemológicos disponibles". Una carencia que es sólo un eslabón más de la cadena de errores y lagunas que, impulsada por la escasa voluntad política, condena al olvido y a la desatención a los presos con problemas de salud mental.

"Algo está fallando"

Manuel, que prefiere que no se publique su nombre real, padece esquizofrenia, una patología que implica un desorden mental cuyas causas siguen sin esclarecerse y que provoca un vasta gama de alteraciones psíquicas y sociales. A Manuel se la diagnosticaron en 1993. En su segundo ingreso en prisión, la enfermedad se mezcló con un delirio por abstinencia de cocaína y heroína. Llevaba tres días de detención, tres días sin meterse. "Había hecho dieciocho atracos en un mes. Tenía mucho dinero, ¿sabes?", explica con voz plácida. En el banquillo de los acusados, nadie pidió que se realizara un informe pericial que averiguara su estado de salud mental. Le condenaron a diez años de cárcel.

Era el año 2006. La directora de Instituciones Penitenciarias era Mercedes Gallizo. A pesar de que dejara el cargo en 2011, hoy sigue recordándose una afirmación suya habitual en conferencias y congresos: "Algo está fallando, cuando para muchas personas el camino a la enfermedad mental tiene su última etapa en la cárcel".

La primera razón por la que "algo falla", se encuentra justamente en los juzgados: allí es donde la enfermedad puede no ser detectada en personas como Manuel. "Salvo que la discapacidad sea muy evidente, su detección se encuentra en manos del propio imputado o de su letrado", explica Carlos García Castaño, abogado penalista que atesora una larga experiencia en la asistencia legal a personas con problemas de salud mental.

Los magistrados no suelen saber que están juzgando a una persona que padece problemas psíquicos. "La gran parte de las personas con trastornos mentales en el ámbito penal tienen abogados de oficio, que desconocen la historia personal, familiar y social de la persona", indica García Castaño. Resulta dificil admitir que un familiar está enfermo, y aún menos que un familiar está enfermo y tiene problemas con la Justicia. "A menudo, el acusado y su familia prefieren no poner de manifiesto su trastorno mental, pensando que les pueda perjudicar", concluye el abogado.

Manuel, sin embargo, sí tenía una diagnosis de su enfermedad, detectada trece años antes, cuando ingresó en prisión por primera vez. Al no ser indentificable a primera vista, el juez del caso prefirió decretar una condena al uso. Aún cuando el informe no se hubiera extraviado, como fue el caso de Manuel, ¿se habría podido evitar la inclusión de un enfermo mental en el medio penitenciario?

El doctor Francisco Orengo es especialista en Psiquiatría Legal. Cuando un juez lo cree necesario, este médico acude a evaluar al acusado para definir su capacidad de juicio. "Se hace un informe, donde se contesta a la pregunta madre: si una persona tiene trastorno mental y si ese trastorno ha podido influenciar la capacidad de discernimiento entre el bien y el mal, o la capacidad de juicio", explica Orengo.

"El problema es que hay mucha gente que no es examinada siendo inimputable", sentencia el doctor Orengo, "ya que si el juez no detecta indicios, el informe pericial no se lleva a cabo". Entonces, el primer filtro para evitar el ingreso de enfermos mentales en la cárcel se viene abajo. "La pieza clave de que el sistema penitenciario esté lleno de enfermos psiquiátricos es que ese informe pericial no es obligatorio”, apunta. Sería una cuestión saludable que hubiera exámenes psiquiátricos de rutina, que permitieran hacer, grosso modo, una discriminación", asevera Orengo. De la misma forma que se hace con los controles por el SIDA o la tuberculosis, añade este psiquiatra, se mejoraría la convivencia entre todos los presos, sanos o no.

Si así fuera, Manuel habría sido reconocido como inimputable y habría sido condenado sólo a preservar alguna medida de seguridad y no a ingresar en prisión. El artículo 96.2 del Código Penal prevé ese tipo de medidas para personas que padecen una enfermedad mental y tienen problemas con la justicia. Si las medidas de Seguridad son privativas de libertad, el acusado es ingresado en un Hospital Psiquiátrico Penitenciario. En toda España existen dos: uno en Sevilla, que cuenta con 371 plazas, y otro en Alicante, donde hay 158 camas.

Como destaca la propia Administración, sirven "para el cumplimiento de medidas de seguridad impuestas por razón de inimputabilidad completa o incompleta". Sin embargo, muchas de las medidas de seguridad acaban cumpliéndose en una prisión común. Además de los expertos citados, los datos confirman esta hipótesis: sólo en 2011 ingresaron en prisión alrededor de 600 personas que delinquieron debido a problemas psíquicos reconocidos y fueron condenadas a medidas de seguridad, cifra que aumenta con el crecimiento de la población reclusa. "A menudo el juez no tiene ningún otro recurso, aparte de la cárcel, al que enviar al imputado”, admite Cobo, subdirector de Sanidad de Instituciones Penitenciarias.

Quienes ingresan en un Centro Psiquiátrico Penitenciario tampoco se encuentran en el sitio apropiado. Así lo indica la misma administración penitenciaria, en un informe que es parte de la Estrategia Nacional de Salud 2009-2013 del Ministerio de Sanidad: se los considera un recurso basado en un modelo "hoy ya superado".

Trankimazin para dormir

El doctor daba por hecho que Manuel se había drogado. "No había consumido ni medio porro. Discutimos y me enzarcé con él", explica. Ese mismo día, ingresó en el módulo de aislamiento por agredir al médico. En 2008, fue trasladado a otra prisión del norte de España. Al principio fue atendido en la enfermería, donde pudo apuntarse a la lista que le facilitaba ser atendido por un psiquiatra. "El doctor venía una vez cada dos meses, nunca me vio más que cuatro o cinco minutos. Me decía que no le diera la chapa, que él tenía a mucha gente", recuerda Manuel. "Te preguntaba: '¿no duermes bien? Toma, dos trankimazines", y le prescribía ese potente ansiolítico.

En este caso, las consultas psiquiátricas se llevaban cabo en el mismo centro penitenciario, pero no es insólita su derivación a centros hospitalarios externos. Sumando ambos tipos de actuaciones, resulta que cada año se realizan, de media 423 consultas psiquiátrica por cada uno de los 68 centros penitenciarios españoles, como se ha podido comprobar tras un análisis de datos oficiales. Las fuente consultadas confirman el escaso tiempo del que un psiquiatra dispone para atender a los presos: “es difícil que vaya a una cárcel más de una vez al mes”, explica un especialista del sector que prefiere permanecer anónimo.

La consecuencia es que las consultas están abarrotadas, las visitas son rápidas y los presos están prácticamente desatendidos. La medicación que recibió Manuel empeoró su situación, llevándole a un estado de depresión profunda. En el mismo prospecto del Trankimazin, el medicamento que se le suministraba y que comercializa el gigante farmacéutico Pfizer, puede leerse que su uso se desaconseja con un trastorno de ese tipo.

Fue entonces cuando Manuel se autolesionó por primera vez. Se cortó las venas en su celda. Fue ingresado a tiempo en el hospital más cercano. "Me quedé hospitalizado durante tres meses y volví con un informe que aconsejaba mi ingreso en el módulo de enfermería", señala. Entonces entró en el Programa de Prevención de Suicidios, plan con el que la Administración penitenciaria ha conseguido reducir el número de suicidios en las cárceles españolas, según indican los datos del Informe de Mortalidad en Instituciones Penitenciarias para el año 2010.

Manuel recuerda "el lujo" del ala psiquiátrica con respecto a las celdas comunes, si bien señala que allí " los funcionarios te gritan todo el día, te acusan de fingir estar mal solo para ir allí". Tras una riña con un funcionario de prisiones que trabajaba en la enfermería, conocido entre los internos como "Pelopincho", llegó su segundo intento de suicidio. "Fui delante de él y me corté las venas", relata el entrevistado.

Después de varios traslados a un hospital público, la situación de Manuel mejoró lentamente: el psiquiatra dio con el medicamento más adecuado para él. Y al centro penitenciario dictaminó un nuevo diagnóstico: Esquizofrenia.

Voluntad Política

Este tipo de asistencia especializada, en colaboración con la Sanidad Pública autonómica, se desarrolla de forma desigual en las diferentes comunidades autónomas. Sin embargo, no tendría que ser así: la ley 27/2003, de 28 de mayo, en su disposición adicional sexta establece que la Consejería de Sanidad de cada Comunidad asumiría el control de la Sanidad Penitenciaria Especializada, evitando que se trate al enfermo dentro de la cárcel. La transferencia de esta competencia, según la ley, habría tenido que producirse en un plazo de 18 meses.

Se trata de una disposición que "trata de maximizar las consecuencias curativas sin renunciar a otros objetivos del sistema jurídico para evitar la impunidad o el paternalismo”, explica Ángel Luis Ortiz, juez de vigilancia penitenciaria en el Juzgado número 1 de Madrid. Indica que “uno de sus objetivos es facilitar la adhesión al tratamiento, a través de mensajes claros y convenientemente explicados". Pero, con la excepción de País Vasco y Cataluña, la Ley no se aplica en el resto de España. Y elimina un tercer filtro para evitar el desamparo de los enfermos mentales en el medio penitenciario.

Manuel Arroyo Cobo, subdirector general de Coordinación de Sanidad en Instituciones Penitenciarias, asegura al periodista que "la transferencia no puede ocurrir si no hay voluntad política para llevarla a cabo". Cobo explica lo que aportaría la aplicación de la Ley: "Ninguna de las administraciones por si sola tiene los recursos para seguir a los enfermos psiquiátricos: es necesaria la coordinación para que se pongan todos los recursos posibles a disposición de un juez que condena a un enfermo".

La última vez que el Congreso de los Diputados abordó el tema fue en mayo de 2009, cuando Izquierda Unida preguntó por escrito al Gobierno de Rodríguez Zapatero detalles sobre la aplicación de la disposición sexta. En la respuesta, destaca que "la mayoría de Comunidades" no se habían "manifestado formalmente sobre el estado de la transferencia".

Mientras se escribe este reportaje, IU-CV permanece pendiente de una respuesta sobre el mismo asunto, planteado ahora al Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuatro años después de que se tratara por última vez en el ámbito estatal.

La Fundación Manantial se puso en contacto con Manuel cuando asistía al PAIEM. "Doña Carmen", como el ex preso recuerda con cariño a la directora del centro penitenciario, le concedió el tercer grado por enfermedad mental tras la asistencia de la Fundación. Ahora, fuera de la cárcel, busca trabajo en un centro de reinserción laboral.

A la espera de la aprobación de la Reforma del Código Penal, todavía en fase de anteproyecto, los expertos consultados esperan que los datos y las evaluaciones del PAIEM, implantado ya hace cuatro años, puedan esclarecer esta realidad olvidada. "Si ya es un problema estar preso" -explica Manuel-, "imagínate estar preso con una enfermedad mental; sin que nadie te la reconozca".

*Este artículo se elaborado con la colaboración de Marcos García Rey.