La Comunidad

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LA PAH PRESENTARÁ ESTA SEMANA MÁS DE 700.000 FIRMAS PARA SE LEGISLE LA DACIÓN EN PAGO

Cómo parar un desahucio

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) presentará la próxima semana las más de 700.000 firmas (300.000 de ellas aportadas por CCOO y UGT) que
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Cómo parar un desahucio
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    La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) presentará la próxima semana las más de 700.000 firmas (300.000 de ellas aportadas por CCOO y UGT) que se han recogido en todo el Estado en favor de la dación en pago. Deben servir de base legal a una Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso regule la entrega de la vivienda como pago de la hipoteca pendiente cuando no se le puede hacer frente. Entretanto, miles de familias siguen experimentando en propia carne lo que supone ser desahuciado de la propia vivienda. Sólo unos pocos centenares en toda España han conseguido rechazar el lanzamiento, es decir, su expulsión legal.

    Entre estos últimos está el matrimonio formado por Isabel Baeza Ortega, de 28 años, y Emilio José Alcalde Pérez, de 34. Habitan con sus hijos Bárbara, de 9, y Antonio José, de 5, una modestísima vivienda de apenas 80 metros cuadrados en dos plantas en la calle El Peregrino de Cabezo de Torres, pedanía murciana en plena huerta. Su hipoteca de 96.000 euros se convirtió en una pesadilla hace ya cinco años, a pesar de que pagaban religiosamente sus cuotas mensuales de 400 euros.

    El resto de humildes casas de la manzana donde está la suya había sido comprado por la inmobiliaria Salonac, ahora en quiebra. “De pronto, en noviembre de 2007, vino el director del banco”, la antigua Bancaja, quebrada y ahora integrada en Bankia, “y me dijo que o nos íbamos antes del 23 de febrero siguiente o nos quitaban a los críos”, cuenta Isabel, sin caer en la ironía de la fecha.

    Asustados, ambos decidieron irse de alquiler a pesar de que no entendían cómo, si pagaban los plazos mensuales gracias al sueldo de ferrallista de Emilio, debían al banco otros 18.000 euros suplementarios que estaban en el origen de la amenaza. No saben muy bien ni lo que firmaron para obtener el préstamo ni, por supuesto, en qué condiciones. El caso es que se fueron despavoridos ante el temor de perder a sus hijos.

    Pero un vecino de Cabezo de Torres que sabía de la existencia de la PAH. Murciana los puso en contacto. Así, un año y medio después de abandonar su vivienda, volvieron a ella convencidos por los activistas de la plataforma. “Ahora nos damos cuenta de que lo que querían era el terreno, pero no sé muy bien qué pinta el banco en todo esto”, confiesa Emilio.

    Una notificación escrita fijó fecha para el lanzamiento: el 11 de noviembre de 2011. Ese día que se suponía fatídico para ellos no lo fue tanto: medio centenar de miembros de la PAH esperaban a los agentes judiciales que debían ejecutar el desahucio. “Se fueron sin decir nada”, cuenta Isabel, “en vista del panorama”.

    Nueva fecha para echarlos de su casa en enero de 2012. Esta vez, una decena de policías locales acompañaban al agente judicial. Pero un centenar de miembros de la Plataforma estaba allí también desde el amanecer. Hubo forcejeos, empujones, palabras gruesas y cruce de amenazas. Pero el desahucio quedó sin ejecutar.

    Ha pasado un año. Emilio e Isabel siguen en su casa. Ahora, Bankia parece haberse olvidado de ellos. Francisco Morote, portavoz de la PAH de Murcia, intuye que con la crisis de Bankia el procurador encargado del asunto no lo está moviendo en el juzgado. Pero se mantienen alerta por la experiencia reciente que tiene constatada la plataforma.

    Para evitar la presencia de activistas que impiden los desalojos, desde hace un año el Servicio Común de Notificaciones y Embargos de Murcia no comunica la fecha exacta en que se hará el desahucio, asegura Morote.  “Le comunicamos que en un plazo de 15 días a partir de la fecha de recepción de este escrito podrá ser ejecutado el lanzamiento en relación con el procedimiento número XXX”, rezan los escritos. De esa forma, “sales un día a llevar a los críos al colegio, y no sabes qué te vas a encontrar cuando vuelves”, dice Morote.

    Presionar al banco

    Hay otras maneras, no obstante, de impedir los lanzamientos: poner presión directa sobre los bancos y cajas de ahorro que pretenden ejecutarlos. Es lo que hicieron Judith Rodríguez García, de 42 años, y su pareja, Juan Garrido Rivas, de 47, para que sus tres hijos -Judith, 16; Teresa, 11, y Nazareth, tres y medio- no se quedaran sin casa en otoño pasado. Con ambos progenitores en paro, la familia subsiste con los 426 euros de Renta Activa de Inserción (RAI) que le corresponden a Juan tras cuatro años sin empleo.

    El 17 de septiembre de 2012, para parar la subasta del piso que habitan en la avenida Primero de Mayo de Murcia, fueron a hablar con el director de la oficina de Cajamurcia en el barrio de Vistabella. Compraron la vivienda, en un último piso, hace diez años gracias a una hipoteca de 40.000 euros que, tras las consecuencias de la crisis que le han tocado de lleno a Juan, ha acumulado una deuda de 84.000.

    El responsable de la oficina de Cajamurcia “me amenazó con llamar a la policía y me dijo que hablara con la oficina central” de la entidad, en plena Gran Vía murciana, enfrente del Corte Inglés y en el meollo comercial de la ciudad, cuenta Judith. Pero no fue sola. El 29 de noviembre un centenar de miembros de la PAH ocupó la sede y después de dos horas de tensión la caja se avino por escrito a negociar. La fecha del encuentro quedó fijada para el 4 de diciembre, porque la familia tenía que entregar las llaves el día 15, en vísperas de Navidad.

    Y Judith fue más acompañada todavía. Mientras ella entró en la oficina central de Cajamurcia, un profesor de la Facultad de Sociología, Miguel Ángel Alzamora, impartió una clase callejera en la peatonal contigua ante más de cien personas, estudiantes y miembros de la PAH, más lo curiosos que se apuntaron. Después le siguió en la docencia de protesta la profesora de Derecho Administrativo María Giménez Casalduero. Naturalmente, el escándalo esa mañana fue mayúsculo en la concurrida vía pública.

    Mientras, Judith negociaba con un responsable de la entidad. Víctor Rodríguez, recuerda que se llamaba. “Le dije que no podíamos pagar, que apenas comemos con los 426 euros y que quería que me concedieran un alquiler social y la condonación de la deuda por cinco años. Me contestó que lo tenían que pensar”, cuenta.

    Todavía no hay respuesta directa de Cajamurcia. “Sólo le han dicho a una representante de la PAH que conceden el alquiler, pero la condonación únicamente si entrega las llaves a los cinco años”, dice Morote, solución a la que Judith se niega porque supone que la hipoteca sigue viva y acumulando intereses durante los cinco años de plazo para entregar las llaves.

    Las espadas siguen, pues, en alto, mientras se presentan las 700.000 firmas de la Iniciativa Legislativa Popular por la regulación de la dación en pago. Pero en la PAH se temen que, en caso de que se legisle al respecto, la lentitud burocrática del Congreso y del Senado no eviten que otras decenas de familias se sumen a las miles que ya han sido desalojadas, a pesar de que, como aseguró a mediados de diciembre el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, las ejecuciones hipotecarias tuvieron un incremento del 134,13% en 2011 y constituyen ya “un conflicto social”.
    #4
    2 No será usted delegado de una oficina bancaria ¿Verdad? Porque vamos a ver.¿A cuantos miles de personas han &034;engañado&034; y continúan engañando los directores de oficinas bancarias para lograr el objetivo que les marca su Banco? ¿Y la ignominia, vileza, bajeza moral, inhumanidad,criminalidad que han mostrado los &034;banqueros&034; con el tema de las preferentes? Si algunos- &034;banqueros&034;- han engañado hasta a familiares y amigos ¿Qué tiene usted en la sesera para defender a los bancos.Si para defender a los bancos hay que tener-con perdón- el corazón de un cerdo.A lo mejor usted también lo tiene.
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    #3
    2Artículo 47.

    Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
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    #2
    El problema viene de querer un crédito para comprarse una casa sin dinero, y avalados en algunos caso criminales por sus padres pensionistas. Si cogiéramos uno a uno de los que se han hipotecado y están en esta situación de embargo, la mayoría putos locos que se creían que el dinero lo regalan, y si no, papa estado que les salve. El afán de tener una casa en propiedad es algo innegable en España, donde el 80 % son propietarios. Pero no solo ellos son los culpables, también los bancos por dar créditos al que no tiene nada, más la diferencia ya la saben. Vayan a donde les engañaron y monte el pifostio. 6 millones de parados y ni se les ve. Mientras los políticos ni se han recortado un puesto. Ya ven como es España.
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    #1
    Creo que esta gente debería negociar el alquiler social con el Estado, no con los bancos, que al final son entidades privadas. Lo que está pasando en España me parece una locura. Lo que debía haber hecho el Estado en todos los casos de banca con problemas es haber estudiado la cartera de préstamos dudosos, y habersela comprado al banco [sobre todo en operaciones de clientes como los que aquí aparecen, sin ingresos] de manera que fuera el estado el que hiciera el alquiler social, recuperara poco a poco el dinero, y sacara a toda esta gente del problema que tienen.
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