La presión laboral incita a los docentes a falsear exámenes para dar buenos resultados

“90% de aprobados en bachillerato”. Es una frase habitual en las publicidades de algunos colegios privados de España. El éxito académico se mide en función de los resultados de los alumnos en los exámenes. Por lo tanto, se considera que un profesor, o un centro, es mejor que otro si logra que sus alumnos tengan buenas calificaciones. Pero, ¿quién vigila que esto sea real? ¿Pueden profesores y centros forzar, o trampear, los resultados de sus alumnos para obtener una buena imagen?

En España los controles no son tan fuertes, y los profesores de la escuela pública no tienen presiones de este tipo, pero en EE.UU. y Reino Unido el debate ha llegado a niveles inauditos. En un entorno cada vez más competitivo los profesores se ven tentados a falsear los resultados de sus alumnos para asegurar su supervivencia pues, en muchas ocasiones, pueden llegar a ser despedidos si las calificaciones no se ajustan a lo esperado.

Según una encuesta realizada por la Asociación de Profesores de Reino Unido, un 35% de los docentes británicos reconocen que la presión ejercida para que sus alumnos saquen buenas notas ha llegado a tal extremo que se han planteado hacer trampa: reescribiendo los exámenes de sus alumnos o falseando sus resultados. 

Hecha la ley, hecha la trampa

Mantener el estatus de la escuela en las tablas de clasificación es más importante que desarrollar las habilidades de los alumnosDurante la realización de la encuesta, algunos profesores admitieron abiertamente que ya habían hecho trampa. Un profesor de secundaria de francés, que prefirió no dar su nombre, explicó a los encuestadores que había reescrito los exámenes de sus alumnos para alcanzar los criterios de puntuación. ¿No habría sido mejor haberles enseñado suficiente francés como para alcanzar los niveles exigidos? “Hago esto simplemente porque no hay tiempo para lograr las dos cosas”, explica.

Un profesor de primaria explicó a los encuestadores que había sido forzado a manipular los resultados de sus alumnos para que los niveles de progreso se mantuvieran altos: “Nuestro jefe temía que una inspección de la Ofsted [la institución del Gobierno británico que realiza inspecciones en los colegios y vigila que se mantenga los estándares educativos] revelara una variación de los resultados académicos”.

Un profesor de secundaria fue más claro: “Mantener el estatus de la escuela en las tablas de clasificación es más importante que desarrollar las habilidades de los alumnos”.

La encuestadores preguntaron a los profesores quién ejercía presión para que las notas de sus alumnos fueran altas. Podían elegir varias opciones simultáneas. El 88% dijo que eran los Jefes de Estudio, el 51% apuntó a los inspectores, el 50% a los padres. En torno a un tercio dijo que era culpa del Gobierno.

Uno de cada cuatro profesores también admitió que va a las reuniones de los tribunales de exámenes oficiales para tratar de encontrar pistas sobre las preguntas que se harán en las pruebas. Uno de los entrevistados dijo: "Recuerdo una reunión en la que se habló abiertamente de los temas que iban a entrar en el examen. Me alegré de mi escuela estuviera allí, pero me dieron pena aquellas que no estaban”.

El debate en EE.UU

En Estados Unidos la evaluación de los docentes se encuentra en primera línea de la discusión política desde 2010, cuando se puso en marcha la iniciativa federal Race to the top (Carrera hacia la cima, en inglés). Se trata de un programa del Gobierno que ofrece dinero extra para educación –en concreto se reparten unos 3.000 millones de dólares– entre aquellos estados que demuestren un mayor rédito educativo, que se mide, en parte, a través de exámenes externos a los alumnos. Estos exámenes se asocian directamente con la labor de los docentes y, en muchos estados, pueden costar un despido.

Los resultados académicos de los alumnos no deberían ser el único criterio para juzgar la labor del profesoradoEn el Race to the top del año pasado resultaron ganadores once estados. Los dos que recibieron el premio más alto, Nueva York y Florida, recibieron en torno a 530 millones de euros. Esto ha llevado a las autoridades a intensificar los controles sobre el profesorado para asegurar el mantenimiento de la subvención, mediante exámenes que sirvan para evaluar al profesorado. La medida provocó la protesta de un millar de directores de centros de Nueva York (en torno al 25% del total), que escribieron una carta abierta en la que denunciaban que los resultados académicos de los alumnos no deberían ser el único criterio para juzgar la labor del profesorado: “Poner un énfasis excesivo en las notas no se traducirá en un mejor aprendizaje”, afirmaban. Sus compañeros británicos han dejado claro que las presiones en ese sentido pueden conducir a forzar unos resultados que no se corresponden con la realidad.