Carta blanca para seleccionar a las familias

La nueva normativa sobre la admisión de alumnos de la Comunidad de Madrid supone, básicamente, acceder a las pretensiones de los titulares de la enseñanza privada concertada para que puedan seleccionar a las familias que se escolarizan en sus centros con mayor garantía que en la actualidad. Es una vieja reivindicación del sector, pues, con la normativa actual, algunas familias que han escolarizado a sus hijos e hijas en los cursos previos, y que por tanto han estado pagando las altas cuotas que ello supone, se pueden quedar fuera en favor de otras familias cuyo nivel socioeconómico no es tal alto. Es decir, mientras que actualmente la selección económica previa realizada por los centros privados concertados puede quedar compensada en parte en el proceso de baremación, con la nueva propuesta se garantizará que la selección realizada por los titulares será la que decida que alumnado entra y se queda en sus centros educativos.

Además, y en la misma línea, en un momento en el que por diversas causas los centros privados concertados que cobran las cuotas más altas pierden alumnado en favor de otros centros, la Administración se apresura a darles una nueva forma para captar clientes del nivel adquisitivo que desean. Como la situación les dificulta mantener las cuotas con las actuales peticiones de escolarización que reciben de las familias que residen en el entorno cercano, el Gobierno regional se apresura a dejarles escolarizar a la familia que lo solicite desde cualquier zona de la Comunidad de Madrid.

Lo que se vende como una actuación para aumentar la libertad de elección de las familias, en el fondo no es más que aumentar la selección de las familias por parte de los dueños de los centros privados concertados y, con ello, vulnerar el principio sobre el que se basa la existencia de un concierto educativo: se recibe financiación pública si se cumplen los requisitos establecidos en la legislación educativa. De nuevo, se pretenden eliminar dichos requisitos sin que ello parezca hacerse.

Claro que las familias quieren elegir el centro educativo donde escolarizar a sus hijos e hijas, pero eso no justifica esta norma, pues el Gobierno regional nos ha vendido en los últimos años como un éxito propio el hecho de que más del 80% de las familias escolarizaran a sus hijos e hijas en el centro educativo que habían solicitado en primera opción. Además, nunca se encontrará un sistema que consiga satisfacer todas las peticiones de las familias que sea compatible con el mandato constitucional de realizar una programación general de la enseñanza. Y la desregulación no es la salida, ya estamos pagando bien cara la que se ha realizado en los ámbitos económicos y urbanísticos. Cabe añadir en este punto que si unas familias consiguen plazas que antes no tenían, otras las perderán. Cambiamos el problema de unas por el de otras, pero solucionamos el que tienen los que hacen negocio con la educación.

También llama la atención que para elaborar una norma que, según se dice, quiere beneficiar a las familias, no se haya contado con la opinión de los representantes de las familias. Es cierto que ahora pasará el borrador de la norma por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, no porque éste sea el deseo del Gobierno regional, sino por las reiteradas sentencias que últimamente han anulado diversas normas que han prescindido del dictamen preceptivo, pero eso es pedir la opinión sobre la norma que se ha decidido aprobar y no pedirla sobre cómo elaborar la norma más adecuada. Esta situación es tan curiosa como que sí hayan contado con la opinión de los dueños de los centros educativos para redactar el contenido, lo que demuestra que son ellos los interesados en los cambios y a quienes favorecerán los mismos.

Pero lo más grave de todo, es el profundo desprecio que la Administración educativa actual tiene por el derecho de los menores. ¿Es lógico que un niño o niña pueda verse obligado a tener diariamente grandes desplazamientos para ir al centro educativo donde se educa cuando tiene muchos y muy buenos cerca de su casa por el simple hecho de que sus padres antepongan criterios ideológicos personales a los derechos de sus propios hijos e hijas? ¿Es aceptable que la Administración haga dejación de funciones en este asunto con el cuestionable argumento de que las familias tomarán siempre decisiones sensatas? Claro que la inmensa mayoría es sensata y no atravesará Madrid de punta a punta todos los días varias veces, pero ¿puede la Administración garantizar que en la norma que propone primará siempre el interés del menor, como es su obligación?

Y, por último, tampoco es aceptable que la Administración exprese que quiere que los centros educativos compitan entre sí para quitarse el alumnado que les interesa captar. Las familias no queremos que ese sea un objetivo de los centros educativos, lo que queremos es que empleen todos sus esfuerzos en realizar una actuación educativa de la mejor calidad con nuestros hijos e hijas. Para ello, deben estar centrados en lo importante, no en cómo sobrevivir en un mundo de salvaje competencia empresarial. Desde luego, en ese escenario nunca deberían verse los centros educativos públicos, pero la norma les mete de lleno aún más en semejante despropósito.

José Luis Pazos* es presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos "Giner de los Ríos".