Vamos a peor. En todos los sentidos

La crisis ha sido el tema de los últimos tiempos, bien porque no hayamos vivido más que las primeras consecuencias de lo que en realidad se avecina, como asegura la oposición, bien porque esto no sea, como se dice desde el gobierno, más que un pequeño y pasajero ajuste. Pero, en todo caso, lo que sí se puede afirmar, si tomamos en consideración la última década, es que la salud económica de los españoles se ha deteriorado. Así lo afirma el Barómetro Social de España (1994- 2006) (CipEcosocial/ - Traficantes de sueños), obra que, además de estar a la venta en librerías puede descargarse gratuitamente en www.traficantes.net.

Las cifras recogidas por sus autores, el Colectivo Ioé (formado por Carlos Pereda, Walter Actis y Miguel Ángel de Prada), nos muestran una realidad contradictoria. Así, como asegura Pereda, “nuestras variables de tipo macroeconómico, como el PIB, han sido positivas en esta época. Incluso el crecimiento del empleo ha sido extraordinario. Y eso se ha dejado notar en la renta neta disponible, que se ha incrementado entre 1994 y 2006 un 53,8 %. ”En términos absolutos, la renta disponible neta por persona habría pasado de 8.357 € anuales en 1994 (696 mensuales) a 11.564 € en 2006 (964 mensuales). Pero el problema es que ese aumento “no refleja la distribución real. Hay grandes diferencias entre personas y territorios, resultando muy desigual la repercusión de ese crecimiento. Debe significarse que el capital financiero e inmobiliario que tienen los españoles ha crecido a un ritmo del 8% anual, el doble que el PIB, mientras que las rentas salariales, la base de la mayoría de las familias, no crecieron nada. Además, el poder adquisitivo de los salarios descendió un 2,4%. De modo que esas cifras macroeconómicas tienen los pies de barro, en la medida en que es verdad que esa mejora sólo ha repercutido en una pequeña parte de la población”.

Además, ese desigual reparto se ha acompañado del empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de las familias: las deudas de los hogares han crecido en el periodo estudiado seis veces más deprisa (225%) que su renta disponible (39%). Las hipotecas inmobiliarias son la causa principal de un endeudamiento preocupante: en 2004, el volumen de deuda pendiente de las familias superó por primera vez su renta disponible anual.

Estos cambios indican un doble riesgo. De una parte, porque señalan de forma inequívoca el aumento de la polarización. Según Carlos Pereda, “vivimos en una sociedad que tiene en su punta social superior en torno a 2 millones de personas con ingresos muy elevados. Mientras, la cuarta parte de la población, unos 11 o 12 millones de personas, viven en situaciones de penuria económica, con dificultades para llegar a fin de mes y sin posibilidades reales de ahorrar. Así, cuando se endeudan, las repercusiones para su vida cotidiana son grandes”. Según cifras recogidas en el estudio, mientras que la renta por hogar español se ha incrementado entre 1994 y 2006 a un ritmo anual medio del 2,8 % la deuda pendiente lo ha hecho a un 9,4 %.

A esa disminución de la renta real ha de añadírsele, según Pereda, un componente más. “Cada ciudadano recibe un salario indirecto gracias a las políticas sociales, en salud, educación, pensiones, etc. Este salario indirecto tuvo un crecimiento muy grande desde la muerte de Franco hasta mediados los noventa, acercándose a la media europea. Sin embargo, en la actualidad, se ha reducido 3,5 puntos, lo que se ha dejado sentir también en la salud económica de los españoles”.

Nueve millones de pobres

Así, la disminución de los recursos disponibles ha llevado a que las personas en situación o riesgo de pobreza, en números absolutos, hayan pasado de 7,6 millones en 1994 a 8,9 millones en 2006. En ese lapso, asegura el estudio, se ha mantenido constante la tasa de pobreza severa (8% de la población), mientras ha aumentado en un punto el riesgo de pobreza (del 11 al 12%).

Sin embargo, la inseguridad económica no sólo amenaza a quienes están en las capas más bajas de la población. También la clase media, que se caracterizaba por la estabilidad, está sufriendo las consecuencias de este deterioro. Y aun cuando el estudio haya reparado especialmente en las polarizaciones, también constata que “hay elementos que indican una tendencia a la precarización de las clases medias. A mediados de los noventa, la contratación temporal estaba centrada en la juventud. Una década después se ha doblado la temporalidad entre los trabajadores que van de los 30 a los 50 años. En el año 2006, el 30% de los asalariados está en situación de empleo temporal, y en algunas CCAA el porcentaje se aproxima al 40%”.

La especificidad del Barómetro social es que, al contrario que la mayoría de los estudios de este clase, no sólo maneja indicadores referidos a rentas, empleo, educación, salud o vivienda sino que incluye cifras sobre justicia y seguridad, relaciones internacionales o sobre igualdad. Y también indicadores especialmente novedosos, como los referidos al medio ambiente o a la participación política. Según Carlos Pereda, “el modelo de desarrollo que seguimos ha tenido efectos medioambientales también en España, cuyo incremento de emisiones de CO2 es mayor que el de China, y sólo superado por la India. Estamos a años luz de la media europea”. Además, “la eficiencia energética española es mucho menor que la de la media comunitaria. Y eso, en un país como el nuestro, muy dependiente de la energía externa (70% en 1994 y 80% en 2006), hace que la situación a medio plazo se presente bastante complicada”.

En cuanto a la participación política, la paradoja que subraya Pereda es que “se ha incrementado la participación indirecta, como es la electoral, mientras que la directa, esa que llevan a cabo los ciudadanos en barrios, ciudades e instituciones, sólo alcanza a un 20% de la población. Eso produce una democracia de baja intensidad, que cada vez está más en manos de una clase política estrechamente asociada a los poderes económicos y los grandes medios de comunicación. O, al menos, eso es lo que dicen los españoles en las encuestas, quienes creen que pesan mucho más los grandes centros de poder en las decisiones de los políticos que la opinión pública”. Lo que nos lleva a una contradicción: “el descrédito y la mala imagen generalizada que se tiene de los políticos, que son la institución que los españoles creen más corrupta, no repercute en la participación electoral: no hay confianza en los políticos pero se les sigue votando mayoritariamente”.