La crisis mitiga la corrupción, pero seguimos creyendo que todos los políticos son iguales

Ausencia de meritocracia en la política local, monopolio en la política de urbanismo, debilidad en los controles y mucha perspectiva de ganancia: son los elementos que hicieron que en España la corrupción estuviera “prácticamente asegurada”. Así lo asegura un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), La corrupción en España (2004-2010): datos, percepción y efectos, que ha estudiado todos los casos de corrupción ocurridos en nuestro país durante un periodo de seis años. Fernando Jiménez, coautor del estudio junto a Manuel Villoria, afirma que “ha habido un fallo en cadena, y un botín enorme”.

El estudio constata, además, que la ciudadanía tiene una percepción errónea respecto a la corrupción. Los casos han disminuido enormemente desde el estallido de la crisis. En parte, tal como indica Jiménez, “porque una recalificación no tiene el valor que tenía antes”, y en parte porque “se han tomado medidas importantes en cuanto a la investigación policial” –en este sentido ha sido crucial la creación de la red de fiscales de urbanismo y una unidad específica en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil–. Pero, aunque hay muchos menos casos de corrupción, ésta es más visible en los medios y la ciudadanía es más sensible a la misma. En el Barómetro del CIS de enero de 2007, antes de que la crisis estallara con toda su virulencia, el 34,3% de los encuestados consideraba que bastantes o casi todos los funcionarios públicos estaban implicados en casos de corrupción en España. La cifra aumentó hasta el 48,4% en el barómetro de junio de 2011.

Corrupción local, no nacional

En 39 de los 110 municipios españoles con más habitantes ha habido casos de corrupciónTambién es errónea la percepción de la ciudadanía a la hora de identificar los focos de corrupción. Los ciudadanos, tal como muestran todos los Barómetros, no dudan en culpar de la corrupción a los funcionarios de la Administración y al Gobierno central, cuando la realidad es que, según los datos objetivos, apenas existe en estos ámbitos. Tal como cuenta el estudio, la tasa de criminalidad del funcionariado español es casi inexistente y, aunque los ciudadanos creen que hay más corrupción en el Gobierno que en las administraciones locales, se equivocan de lleno: en los últimos seis años no ha habido prácticamente ningún caso de corrupción en el gobierno nacional que afectara a altos cargos relevantes. Sin embargo, y tal como cita el estudio, en 39 de los 110 municipios españoles con más habitantes, ha habido casos de corrupción. Más de un tercio de los grandes ayuntamientos españoles han sido investigados, a los que hay que sumar 150 municipios pequeños y medianos dónde también ha habido causas abiertas.   

Jiménez identifica el problema con la política española respecto al suelo: “Un modelo que ha fomentado la corrupción”. En ese sentido cree que la Ley del Suelo de 2007, fue “el primer cambio” respecto a un modelo nacido en el siglo XIX, que se consolidó con la ley del suelo franquista y que ha dado “mucho poder a los propietarios”. A esto hay que añadir unos gobiernos locales muy poco controlados por el resto de las administraciones, “donde las tentaciones han sido grandes”.

Tal como explica el estudio, la corrupción generalizada en las administraciones locales durante los años del boom de la construcción creó un clima de “equilibrio social con intercambios de baja calidad”, en el que todos los actores alcanzaban acuerdos “donde los incumplimientos mutuos eran implícitamente asumidos”. En definitiva, tal como explica Jiménez, la diferencia entre un pueblo de Suecia y Dos Hermanas (Sevilla) no son los valores, sino las expectativas de cómo se van a comportar los demás: “En Dos Hermanas si no te aprovechas eres imbécil porque todo el mundo lo haría”.

¿Por qué votamos a los políticos corruptos?

Al generalizarse el 'todos son iguales', los políticos no compiten por la honestidad, se valoran otras cosas“Los múltiples escándalos de corrupción que hemos conocido en España generan un cierto fatalismo que  lleva a descontar tal fenómeno en el momento de depositar el voto”. Así de contundente se muestra el estudio del CIS al constatar una realidad que todos conocemos: los casos de corrupción no tienen necesariamente un castigo ciudadano en las urnas. “No es que nos gusten los políticos corruptos”, explica Jiménez, “pero si pueden parecernos mejores gestores, independientemente de su cata moral”. En definitiva, al generalizarse la frase “todos son iguales”, los políticos no compiten por la honestidad, se valoran otras cosas y los escándalos no influyen.

Pero claro, tal como explica el estudio, esto tiene sus consecuencias: “Se crea una estructura social mucho más favorable a las prácticas corruptas y a la condescendencia con las mismas”. Y no sólo esto, también se debilita la legitimidad política, un fenómeno de desafección democrática que, en mayor o menor medida, se ha extendido por muchos países.

Los medios deberían cuidar la imparcialidad y defender a los políticos honestosLos medios de comunicación han sido cómplices de la situación. Aunque a priori la corrupción y la ausencia de ética es un objeto de interés prioritario para éstos, Jiménez cree que “la política editorial se mezcla con intereses empresariales”, y más en los medios audiovisuales, donde las licencias dependen de decisiones políticas. Aunque cada vez la corrupción se denuncia con más virulencia en todas las plataformas, lo que explica en parte el aumento de su visibilidad, Jiménez cree que los medios deberían luchar contra el “todos son iguales”, cuidando la imparcialidad y defendiendo a los políticos honestos, “compensando la información negativa con historias de buenas prácticas, que no se conocen”.

Jiménez es muy claro al respecto: “La clase política se hunde. Por eso es tan importante tomarse en serio la transparencia, hacerlo de verdad. Si no es seria [la nueva Ley de Transparencia] acabaremos en una fase de mayor cinismo. El anteproyecto tiene muchísimos agujeros, y esperemos que se puedan tapar”. También es necesario “mejorar la imparcialidad en las instituciones de gobierno, que sus políticas públicas no funcionen como una justificación clientelar, que los criterios de adjudicación de contratos sean imparciales y que la relación entre las administraciones funcione bien”. En resumen, es necesario rescatar la democracia.