Actualidad

 Opinión

Deportes

Motor

Cine y Televisión

Tendencias

Videos

Comunidad

Anúnciate

Lunes, 9 de noviembre de 2009

Uno. El PP denuncia el uso ilegal o abusivo que, según su portavoz nacional, González Pons, estaría haciendo el Gobierno Zapatero de los medios técnicos disponibles en el control de las comunicaciones. Ha precisado más. Señala sin disimulo al ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, como el instigador de un modelo de “sociedad vigilada”. Algún otro dirigente y medios próximos al PP prefieren hablar de “Estado policial”, como consecuencia del mal uso de la tecnología S.I.T.E.L (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones), contratada con una empresa nórdica de telecomunicaciones por el Gobierno Aznar en su segunda Legislatura, pero sin tiempo de aplicarla por la derrota electoral de 2004.

Dos. Rubalcaba responde que nada de Estado policial. Judicial, en todo caso, si se trata de investigar, perseguir, detener y juzgar a los delincuentes. Terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, básicamente. Generales de la ley. El ministro asegura que la intervención de las comunicaciones por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado sólo se practica con autorización judicial. Precisa que el material intervenido no interesado por el objeto de la investigación policial, tal y como viene descrito en la autorización del juez, se destruye.

Y tres. En medios judiciales, casi de forma unívoca, y como no podía ser de otro modo, se emplaza a denunciar ante los tribunales cualquier supuesto de intervención ilegal de las comunicaciones. Incluso ante el Tribunal Constitucional, si se presume la inconstitucionalidad de SITEL. Por si la propia herramienta, al margen del uso policial que se haga de la misma, estuviese reñida con derechos fundamentales. En este caso, la intimidad y el secreto de las comunicaciones, están especialmente protegidos en la Constitución y leyes orgánicas que los desarrollan.

"Nuestro espacio es la política"

Hasta aquí, los términos objetivos de la polémica desencadenada por el PP. El subsiguiente comentario descansa sobre la duda: ¿Hay razones para temer que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, esté interviniendo la navegación por internet o las conversaciones telefónicas de determinados ciudadanos sin la correspondiente autorización de un juez? Cuando se trata del poder, se agranda la tentación y escasea la virtud. Así que, a estas alturas de la película, mejor no arriesgar en la apuesta. Pero sí conviene apuntar algunas consideraciones.

Si el partido de Rajoy tiene sospechas fundadas sobre el uso indebido de esta herramienta policial debería ser más explícito. Incluso sin acudir a los tribunales porque, como ayer nos decía González Pons en la tele, “nuestro espacio es la política”. En ese terreno, pocas batallas merecen tanto la pena como la defensa de los derechos fundamentales. De modo que es oportuna y perfectamente legítima su reclamación de que se garantice el respeto a esos derechos en una ley orgánica específica, amén de las leyes de Enjuiciamiento Criminal  y Control Judicial Previo, que se limitan a regular el mecanismo de la autorización judicial previa.

Si además el PP dispone de pruebas para demostrar que se ha violado el secreto de las comunicaciones o la intimidad de un ciudadano, tiene la obligación de denunciarlo ante los tribunales. Si no, se arriesga a que los ciudadanos tomen la ambigüedad de sus acusaciones como una ligereza impropia de un partido que ha gobernado y que, antes o después, volverá a gobernar, como le recordaron ayer los representantes de las asociaciones judiciales. También ha topado con la acusación de “malsana frivolidad”, que ayer le asignó el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Sánchez Ulled.

220.  agarcía»06/11/2009, 22:59 h.

BF2, se acordará que le recomendé que no usara el móvil, ni siquiera llevándolo en el bolsillo; los que lo llevan y saben, le quitan la batería y solo la conectan para avisar a la Propia que vaya calentando la cena que "estoy llegando". Volveremos a las cabinas si quereremos volver a ser algo libres y hablando en sobreentendidos, además.
Dirá usted que si yo sabía algo de ésto [SITEL] antes...algo sabía; y si algún día puedo garantizarme que no me lo trascriban sin orden judicial alguna con destino a no se sabe quien, pero que puedo imaginar, le contaré una chusca historia de "espía por accidente" que me puso a la inmerecida altura de otros colegas de profesión que han sido desde siempre usados por los "servicios", pero que en mi caso fué otro el encendedor de la trama [una máquina de escribir concretamente]. Ello me hizo curioso de estos tan particulares afanes donde, si se escarba con tino, se encuentra un auténtico yacimiento [sobre todo de mierda].

 Me gusta (0)    |    Marcar como ofensivo    |     Responder   

219.  polilla9947»06/11/2009, 22:56 h.

#218 ¡¡¡ CIEN AÑOS DE HONRADEZ, SÍ SEÑOR !!!

 Me gusta (0)    |    Marcar como ofensivo    |     Responder   

218.  nocorrasespeor»06/11/2009, 22:48 h.

Insisto, cree el ladrón que todos son de su condición. Es de tal magnitud, la INDIGNIDAD, tanto de los GURTELIDOS, hasta cierto punto entendible por tratar de tapar su CORRUPCION, como de sus "defensores", que las personas decentes de éste pais, debieramos correrlos a gorrazos, son INDIGNOS de vivir en España. Repito, cree el ladrón que todos son de su condición, tanto es así que fueron los GURTELIDOS los que implantaron el sistema. GURTELIDOS, son la CORRUPCION, la INDIGNIDAD, la RUINDAD, dan asco.

 Me gusta (0)    |    Marcar como ofensivo    |     Responder   

217.  agarcía»06/11/2009, 22:47 h.

Casado sabe, pero se lo calla con su habitual melifluosidad partidaria, que entre la práctica anterior a Sitel y la posterior, en la intervención de la comunicaciones hay varias y sustanciales diferencias:
1 Antes la llave estaba en manos de un tercero, la Compañía Telefónica, que se tentaba la ropa si no tenía una autorizaciíon PREVIA del Juez. Ahora es el peticionario quien tiene la llave que puede usar, y me juego algo doloroso que lo hace, antes del permiso, con el permiso y después del permiso y en la extensión que le venga bien a sus propósitos; éstos los de Rubalcaba y sus amigos, los del Ministerio del Interior y los del Gobierno.
2 Antes el tercero que habilitaba el "servicio" podía entender que seguramente se jugaba algo si excedía los exactos límites de la petición judicial: su interés era el negocio, no la vida y política de los demás. Ahora el tenedor de la máquina [SITEL] tiene un negocio que es permanecer en el Poder a toda costa y el juez que autoriza nunca sabrá como es de extenso el total del cual sale la parte que pidió; ni que se hizo con el resto, cuya duplicación o ncopiado y su discreta distribución no puede evitar.
Hay muchas más diferencias.

 Me gusta (0)    |    Marcar como ofensivo    |     Responder   

216.  FernandoFF»06/11/2009, 21:44 h.

Democracia sin justicia, ni es democracia ni es nada. Aquél que sintiéndose sometido contra su voluntad o que le violan sus derechos debe acudir a la justicia. Si no lo hace, teniendo ese derecho, es porque - o no cree en el sistema judicial español o no tiene nada que reclamar.

 Me gusta (0)    |    Marcar como ofensivo    |     Responder   

El equipo de redacción revisará las opiniones para evitar la difusión de comentarios no apropiados o insultos. El horario del foro es de 07:00 a 23:00 h. Fuera de ese horario no se incluirán opiniones.